Tres meses sin filtraciones

¿Cómo ha podido la severa réplica del ex interventor general permanecer oculta durante casi tres meses a pesar de su relevancia y de que se remitió a más de 50 personas? Tres razones han pesado para que no se filtrara: la fundamental es que la réplica de Gómez no interesa a ninguno de los tres partidos políticos que tutelan los consejeros de la Cámara (3 PSOE, 3 PP y 1 IU) porque les ataca indirectamente. El diputado popular Rafael Carmona, miembro de la comisión de investigación sobre los ERE fue auditor de la Cámara, y Amelia Martínez, actual consejera del PP, fue asimismo auditora del órgano.

La discreción de los interventores, altos funcionarios con nulo contacto con la prensa y a los que Gómez envió su escrito como exsubordinados, unida a las exigencias del ex interventor general, que entregó a los consejeros de la Cámara copias numeradas, para tener un control sobre ellas y evitar la anterior filtración que erosionó su prestigio, también han pesado.

En su escrito, Gómez detallaba las razones por las que el famoso Informe de Actuación no habría detenido el sistema de ayudas dado que su “pretendida eficacia vinculante es una invención”: “La Intervención General no formuló un informe de actuación, al no ser procedente, ya que la entidad sujeta a control financiero (IFA / IDEA) no era la responsable de las deficiencias advertidas, ni de su subsanación [en este caso Empleo]. Fue, por tanto, una decisión técnica y profesional”. Gómez matizó incluso que su departamento alertó de manera apropiada y el informe especial que emitió “podría ser considerado a meros efectos dialécticos, como un auténtico informe de actuación, ya que el contenido de uno y otro habrían sido sustancialmente coincidentes”.

La Junta no ha querido avanzar sus alegaciones al informe de la Cámara, pero sí ha quitado hierro a las críticas de Gómez: “Era una iniciativa personal fundada en opiniones, ya que el informe mencionaba incumplimientos graves de la Intervención cuando la dirigía él”, señalaron fuentes del Ejecutivo.

A pesar de las contundentes explicaciones de Gómez y su metáfora ante la comisión de investigación de la vivienda en llamas, el futuro del ex interventor es incierto. La juez Alaya esbozó su teoría de cómo la Intervención se confabuló con la cúpula del Gobierno y los servicios jurídicos para mantener el polémico fondo, y la Guardia Civil dictaminó que Gómez debía haber emitido un informe de actuación.