Mutismo institucional sobre la última investigación abierta a Adelson

Nadie quiere decir una mala palabra. Ni Madrid ni Barcelona han valorado la última investigación abierta a la corporación Las Vegas Sands, que dirige el magnate Sheldon Adelson, por posible soborno de oficiales en China, donde gestiona tres casinos. A pocas semanas de conocer su veredicto, las únicas declaraciones institucionales son laudatorias o no son. Adelson baraja Madrid o Barcelona para abrir su próximo macrocomplejo popularmente conocido como Eurovegas. La previsión es que se pronuncie después de verano, según el anuncio de la compañía.

“No vamos a entrar a valorar la investigación”, ha señalado este martes un portavoz oficial de la Comunidad de Madrid a la pregunta de si se plantean algún tipo de cautela tras las nuevas informaciones. El consejero de Sanidad, Javier Fernández- Lasquetty, de guardia durante esta semana en el Gobierno regional, ha respondido ante esa misma cuestión que no conocía la investigación cuyos detalles han reproducido varios medios, entre ellos EL PAÍS. “He visto un titular”, ha dicho.

La Comunidad "está deseosa" de que "cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, de manera legal como es el caso", según Fernández- Lasquetty, "esté dispuesta a hacer una inversión de semejante magnitud capaz de generar tantos puestos de trabajo".

El Ayuntamiento de Madrid sigue la misma línea de no incomodar. La alcaldesa Ana Botella ha asegurado que no conocía la investigación "ni los hechos por los que se lleva a cabo". "Esta cuestión no nos afecta porque realmente no sabemos nada sobre esas investigaciones", ha llegado a afirmar en rueda de prensa, informa Elena G. Sevillano.

La nueva investigación, revelada por la agencia Reuters, corresponde a la Junta de Supervisión del Juego del Estado de Nevada y se suma a otras dos previas a nivel federal del Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil estadounidense. En 2010 un alto ejecutivo de Sands China, filial de la compañía de Adelson en el país asiático, acusó a su antiguo empleador de soborno y otras prácticas ilegales en China, incluido el control de una red de prostitución en sus casinos. El ex alto cargo de la empresa, Steve Jacobs, relacionó el despido con su negativa a practicar de actividades ilegales. Adelson ha señalado que las acusaciones son falsas.

El Gobierno catalán mantiene el mutismo en torno al proyecto de Eurovegas. La Generalitat no se pronuncia públicamente en las últimas semanas ni siquiera para vender las bondades de la ciudad como hacen sus colegas madrileños. Solo hablará cuando la compañía concrete la ubicación definitiva.

Plataformas en contra

Desde la plataforma Aturem Eurovegas (Paremos Eurovegas), su portavoz Jaume Grau señaló que “cada vez hay más indicios” de los delitos de “compra de favores, blanqueo de capitales y tráfico de influencias” que envuelven a los negocios impulsados por la empresa controlada por Adelson.

La creación de empleo se ha convertido en la gran baza que han blandido tanto el ejecutivo de Artur Mas como el de Esperanza Aguirre para defender un proyecto controvertido del que se ha intentado restar importancia al peso del negocio originado por los casinos. “Solo ocuparán entre un 2% y un 4% de la ocupación de los edificios que se quieren hacer”, llegó a decir el presidente de la Generalitat. Casualmente, no obstante, el pasado mes de julio, el Gobierno catalán aprobó un reglamento que permite dar más rentabilidad a las máquinas tragaperras, acelerando los tiempos de las apuestas y permitiendo dar más premios.

El director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha negado la capacidad de atracción que pueda tener un complejo como Eurovegas para la prostitución, las drogas y la delincuencia. En cambio sí ha defendido la creación de puestos de trabajo “para siempre” y “la gran recaudación de impuestos que se deriven del juego”.

En Madrid, la plataforma ‘Eurovegas no’ ha pedido este martes información sobre el proyecto a tres Administraciones. En un escrito registrado en las sedes de la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Turismo reclaman los datos resultantes “de los estudios y evaluaciones de impactos” realizada, información sobre la petición de Las Vegas Sands de que parte de la inversión se cubra con créditos privados o qué repercusiones “puede tener este tipo de acciones en la ciudadanía española”. Los miembros de la plataforma, integrada por diversas organizaciones, piden también acceder a la cartografía de los suelos previstos y apelan “al marco de transparencia informativa y buen gobierno del que presumen las administraciones públicas”.