“Si Euskadi lo aplica, todos a urgencias. No hay dinero”

Norddine El Jakouk acaba de salir de una revisión en el Centro de Salud de La Merced, en Bilbao. Le acompaña su amigo Ali Akhaoui. Ambos proceden del Sáhara Occidental, el “Sáhara ocupado”, como recalcan. Cuando llegaron a España eran menores y fueron acogidos por la Diputación vizcaína. Ahora tienen 21 y 18 años, y residen legalmente en España. La nueva regulación sanitaria que propone el Gobierno central para los inmigrantes irregulares no les afecta directamente, pero sí a muchos de sus conocidos, y a bastantes de los inmigrantes que cada día acuden a este centro de salud.

Los dos aseguran que sus amigos en situación irregular “están tranquilos”, ya que creen que “en el País Vasco no se va a aplicar. Ya han dicho que se oponen”. El Jakouk cree que la situación será diferente que en otros lugares “como Cataluña o Valencia”, donde “ya obligan a pagar”. ¿Y si al final el País Vasco se ve obligado a hacerlo? “Entonces todos a urgencias, porque no hay dinero”, afirman, convencidos.

El centro de salud de La Merced es, junto con el de Begoña, uno de los que más inmigrantes atiende en la capital vizcaína. Los auxiliares administrativos que trabajaban ayer allí rechazan las intenciones del Gobierno central, que ofrece a los inmigrantes irregulares acceder al sistema sanitario público pagando cuotas de entre 710 y 1.800 euros anuales. “A este paso vamos a tener que atrincherarnos detrás del mostrador”, decía Xabier, uno de los empleados, medio en broma medio en serio, “y poner verjas, porque ya hemos tenido más de uno que ha venido muy alterado. Y nos toca a nosotros decirles que no les podemos atender”.

El vigilante de seguridad del centro de salud le daba la razón. “No sé que van a sacar con esto, más allá de colapsar el servicio de urgencias y volvernos locos a todo el personal”.

La coordinadora de ONG de apoyo a inmigrantes en Euskadi, Harresiak Apurtuz, tiene su sede a pocos metros del centro de salud de La Merced. Sus responsables mostraban ayer su “indignación” ante una norma que “no es contra la crisis”, sino que se limita a “restringir un derecho universal”, a generar “más fractura social” y a crear “ciudadanías de primera y de segunda”. En mayo, SOS Racismo ya pidió a Euskadi y a Navarra que facilitasen el acceso de los inmigrantes irregulares a la asistencia sanitaria.

Osalde, la asociación por el derecho a la salud integrada por profesionales médicos, pareció escuchar las esperanzas de jóvenes como El Jakouk y Akhaoui. Ayer se pronunció en contra de la medida y aseguró que “los médicos de familia, los pediatras, los especialistas, las auxiliares administrativas, todos ellos van a seguir dando cita a todos los colectivos”. Su presidente, Juan Luis Uría, recordó en Radio Euskadi el lema de Osalde: “La salud es un derecho, no una mercancía”.