PP y PSOE caldean el primer encuentro entre Griñán y Rajoy

No entraba en los planes de Mariano Rajoy tener que recibir en la Moncloa a José Antonio Griñán. Sus cálculos, hasta la noche del 25 de marzo, pasaban por acudir en Sevilla a la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía en la convicción de que el solemne acto de juramento del cargo lo iba a protagonizar su amigo Javier Arenas. Siete meses después de asumir la presidencia del Gobierno, Arenas ha pasado a la reserva activa del PP y Rajoy recibe hoy al socialista Griñán, una entrevista que se produce a petición del andaluz en un momento crítico para todo el país. La Junta de Andalucía es el principal referente del PSOE federal y desde San Telmo se está articulando una oposición institucional a casi todas las medidas que salen del Consejo de Ministros.

Pese a las declaraciones de buenas intenciones de unos y de otros, lo cierto es que la entrevista viene precedida por afirmaciones de dirigentes del PSOE y del PP que ponen en duda la voluntad de fraguar un consenso básico para afrontar la crisis. La estrategia de Griñán pasa por tender la mano desde el Gobierno andaluz pero sin dejar pasar ni una en todas aquellas cuestiones que afectan al ejercicio de la autonomía. De ahí que la Junta haya aprobado ya la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad a los decretos de medidas urgentes del Gobierno sobre educación y sanidad. También estudia otra demanda al Tribunal Constitucional por el decreto de ajuste de 65.000 millones de euros a costa de drásticos recortes para funcionarios, parados, dependientes y de la subida de impuestos. Y ha pedido un pacto por Andalucía en el que quiere implicar no solo a los partidos, sino a agentes sociales, organizaciones e instituciones.

Griñán lo dejó muy claro en el último pleno del Parlamento: “No voy a pasar por comerme con patatas 22 decretos leyes que no se han pactado con nadie y son lesivos e injustos”. Dice que acude a la Moncloa con “espíritu cooperativo”, con el fin de que el Estado y las comunidades autónomas fijen las prioridades del gasto, teniendo en cuenta que son estas últimas las que afrontan en sus presupuestos el coste de los gastos sociales. Pero si desde el Gobierno de coalición se pone el acento en la necesidad de diálogo, desde el PSOE de Andalucía se intenta agitar el descontento social por los severos recortes con campañas internas como la del pasado viernes en la que los socialistas se echaron a la calle en lo que se denominó Día andaluz contra los recortes de Rajoy. A este le acusan de “expropiar” el Estado autonómico como dijo ayer el número dos socialista, Mario Jiménez.

También el PP, el único partido de oposición en el Parlamento andaluz, practica una estrategia dual. Su nuevo líder, Juan Ignacio Zoido, actúa de bombero y de pirómano. “No vamos a renunciar a la cooperación y lealtad institucional, porque Andalucía no tiene otra salida que no sea la unión absolutamente leal entre Ayuntamientos, Junta y Gobierno para salir cuanto antes de la crisis”, dijo ayer con su perfil de apagafuegos. Pero en la otra mano tiene la cerilla cuando pone en cuestión que la situación financiera de la comunidad sea la que dice Griñán y afirma: “No quiero alarmar, pero el estado financiero de la Junta es grave. Lo cierto es que las cuentas de la Junta son conocidas por los mercados y por eso se cierran las puertas”, dijo en una entrevista a EL PAÍS.

La Junta asegura que declaraciones de este calibre —antes de Zoido, altos cargos del Gobierno central como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Antonio Beteta también cargaron contra las finanzas andaluzas— son las que han impedido a la comunidad emitir deuda que ya tiene autorizada.

Fuentes del Gobierno andaluz dieron por hecho que Griñán se quejará a Rajoy de lo que consideran un “ataque a la solvencia” de la comunidad. En la mochila, el presidente andaluz lleva otras peticiones ya sabidas: quiere un nuevo modelo de financiación más acorde con las necesidades de la comunidad, aunque el actual estará vigente hasta 2014. Según sus estimaciones, el Estado debe a Andalucía por diferentes conceptos 5.000 millones de euros. También planteará un nuevo reparto del objetivo del déficit toda vez que el Estado se ha reservado solo para él el punto de desviación autorizado por Bruselas. Y reclamará la convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos.