reacciones al tijeretazo del Gobierno

Álava y Bizkaia rechazan la unidad contra los recortes en dependencia

Gipuzkoa es la única institución que apoya la propuesta del Gobierno vasco

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, preside la reunión del órgano interinstitucional de Servicios Sociales.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, preside la reunión del órgano interinstitucional de Servicios Sociales.IREKIA

Sin tener competencias, ni en materia tributaria ni en la atención a la dependencia, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha querido en los últimos días liderar un frente institucional desde Euskadi en contra de los recortes del Gobierno central en este ámbito y abrir una reflexión en torno al modelo de financiación. Pero el intento no ha complacido a las Diputaciones de Álava y Bizkaia, gobernadas por el PP y el PNV, respectivamente.

Zabaleta exige a las diputaciones que aclaren qué recortes aplicarán

El que podría considerarse el primer ensayo de unión institucional reclamado este mismo martes por el lehendakari, Patxi López, obtuvo ayer el rechazo esperado. Álava y Bizkaia, junto a la asociación de municipios vascos Eudel, también controlado por el PNV, frenaron el empeño de Zabaleta de formar un bloque conjunto contra los recortes de Mariano Rajoy en dependencia. La consejera lo incluyó el jueves, a última hora, en el orden del día del órgano interinstitucional de los servicios sociales, acompañándolo de un comunicado a los medios con peticiones a las diputaciones, que son las que tienen la competencia en atención social. El resultado fue que ni siquiera se trató el tema de los recortes con el argumento de que el Gobierno no es competente y que el órgano interinstitucional no era el escenario adecuado.

La dependencia en el País Vasco

Euskadi cuenta con en torno a 77.352 dependientes, según un informe del Ararteko presentado en 2011, lo que supone un 42% más de lo que las previsiones realizadas en 2007 apuntaban. El 80% son personas mayores de 65 años y el 64% son mujeres.

Las diputaciones son competentes en la gestión de las ayudas a la dependencia. El Gobierno vasco, sin embargo, es competente en otras áreas que están vinculadas a este colectivo, como el servicio de teleasistencia. El Ejecutivo acude a las reuniones del consejo territorial del sistema nacional de dependencia con el Gobierno central y otras comunidades autónomas con voz y voto, mientras que los entes forales, los que en realidad gestionan la dependencia, solo tienen voz.

El País Vasco ya se plantó ante la primera oleada de medidas de ajuste en la dependencia. En diciembre, el Gobierno central decidió paralizar la ampliación de las ayudas a los nuevos grados de dependientes —moderados, que por entonces las diputaciones ya estaban atendiendo—. Los tres entes forales decidieron hacer caso omiso y financiar las ayudas a los nuevos dependientes moderados, pago que antes compartían con Madrid.

Se desconoce cómo afrontarán los nuevos recortes.

Independientemente de lo que en las próximas semanas cada ente foral decida sobre cómo afrontar los recortes —todos han mostrado su afán por paliarlos—, Álava evitó la incómoda foto de su diputada de Servicios Sociales y teniente de diputado general, Marta Alaña, posicionándose en contra de las medidas adoptadas por su propio partido en Madrid. En cambio, su homóloga de Bizkaia, Pilar Ardanza, insistió en su política de no sumarse a las iniciativas del Gobierno. Ambas, lideradas por partidos foralistas, recibieron como respuesta el tirón de orejas del diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, de Bildu, quien lamentó la falta de unidad ante el intento del Ejecutivo de Rajoy de “dejar morir la Ley de Dependencia”.

En un comunicado, Zabaleta reiteró su reclamación a las diputaciones de no aplicar los recortes. Pero, por ahora, ha fracasado su intento de trasladar al ámbito de la dependencia el no contundente dado por todas las instituciones a los recortes aprobadas en educación y sanidad —la competencia en estos campos es autonómica—. Por ello, Zabaleta quiso ayer que las diputaciones se retrataran, pidiendo que “clarifiquen a sus ciudadanos el mantenimiento de sus derechos”.

¿Qué pasará ahora? Gipuzkoa no aplicará los recortes, como insistió Rodríguez ayer, asumiendo desde sus arcas los costes —que no cifró—. Pero pidió al Gobierno vasco que “haga su parte”: pagar la cotización a la Seguridad Social de las personas que cuidan a su familiar dependiente porque la diputación “no tiene capacidad”. Bizkaia mantiene la discreción, mientras que Álava insistía en que tiene margen de maniobra porque sus servicios están más desarrollados. Pero, ¿cubrirán el recorte del 15% de los cuidadores? No hay respuesta.

Preguntada sobre la posibilidad de que se cree un foro alternativo, al margen del Gobierno, en el que participen los tres entes forales vascos, Álava lo descartó. Alaña dijo ante los medios que “cada institución competente debe tomar las decisiones que procedan”, pese a que su diputado general, Javier de Andrés, abogó por trabajar de manera conjunta con el resto de entes forales: “vamos a estudiarlo internamente y con las otras diputaciones, que son las competentes, y tomaremos una decisión en la medida de lo posible siempre, insisto, no asumiendo compromisos que no podamos pagar”.

Gipuzkoa pide al Gobierno que pague las cuotas de los cuidadores

Los recortes en materia de dependencia han confluido con un momento crucial en materia social en Euskadi, el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2008, para establecer qué servicios se ofrecerán, quién los aportará y, lo más importante, cómo se financiarán. Zabaleta considera que, trabajando en esta ley, se podrían paliar los recortes, ya que estos quedarían sin efecto con el desarrollo de esta legislación, Pero, desde su aprobación, han pasado tres años y medio de complejos trabajos que aún no han finalizado. El elemento más difícil es el económico, ya que el Gobierno vasco ha introducido en él la necesidad de hacer del impuesto de sucesiones un tributo finalista para pagar la dependencia.

En esto tampoco hay acuerdo. Álava ya se ha mostrado contraria a esta alternativa, Bizkaia recela y Gipuzkoa parece dispuesta al diálogo. También se repiten los mismos argumentos de ayer: la falta de competencias del Gobierno vasco, como ya criticó De Andrés tras el Consejo de Diputados el pasado martes, que demonizó al lehendakari y a Zabaleta por realizar planteamientos de fiscalidad cuando no ostentan la competencia.

Autogobierno como defensa

Zabaleta defendió ayer, durante la reunión del órgano interinstitucional de los servicios sociales la necesidad de que “las diputaciones defiendan el marco competencial vasco y el autogobierno de Euskadi”. Es el mismo afán por el que apostó el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el martes, que confió en el diálogo para una defensa conjunta del autogobierno.

La consejera apeló a las diputaciones a que sigan el camino trazado por la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2008, pero aún sin desarrollar en lo que a financiación y cartera se refiere. La ley contempla aspectos que las modificaciones de la Ley de Dependencia eliminan, por lo que, al acogerse a la literalidad de la legislación vasca, las diputaciones podrían hacer caso omiso a los recortes, vino a decir.

Los recortes no son otros que permitir a las administraciones que paguen las ayudas con más de dos años de retraso sin que eso les suponga abonar las cantidades con efectos retroactivos, recortar un 15% los pagos a los cuidadores y eliminar su cuota de la Seguridad Social, cambios en el cálculo del copago —Madrid obliga ahora a tener en cuenta la primera vivienda— y en el calendario.

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