Los funcionarios municipales trabajarán más horas y cobrarán menos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha trasladado esta mañana a los empleados municipales las medidas acordadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que se traducirán principalmente en una bajada media del 6,8% en sus salarios, merced a la pérdida de la paga de diciembre, y un incremento del horario de trabajo, a grandes rasgos de 30 minutos al día. Además, el Gobierno local (PP) aprovechará un cambio normativo para subir los precios de determinados servicios públicos, como las escuelas de música o danza, y los albergues municipales.

>> Sin extra de Navidad. La supresión de la paga de diciembre para los 29.500 empleados públicos municipales supondrá un ahorro de 89,7 millones de euros para la Administración local madrileña: 52,3 millones en el Ayuntamiento (26.000 trabajadores) y 37,4 millones en las empresas públicas y organismos municipales (3.500 trabajadores). Todos los empleados perderán esa paga, puesto que no ha lugar a las excepciones señaladas por el Gobierno porque ninguno cobra menos de 1.000 euros al mes.

En este ahorro de 89,7 millones está incluida la rebaja equivalente aprobada para el sueldo de concejales y altos cargos; como estos cuentan con 12 pagas, el recorte se ha realizado por la cuenta de la vieja: perderán una catorceava parte del salario que les quedaba por cobrar hasta final de año. La alcaldesa, Ana Botella (PP), con un sueldo de 102.000 euros, perderá 1.214 euros brutos al mes hasta final de año. El ahorro de esta decisión, incluido dentro de esos 89,7 millones, asciende a un millón.

>> Más horas de trabajo. El horario laboral de los empleados municipales pasará de 1.442 horas anuales divididas en 213 jornadas a 1.650 horas anuales divididas en 220 jornadas. Es decir, pasan de 37 a 37,5 horas de trabajo a la semana, y de 10 a tres moscosos (días de permiso de libre disposición). “Intentaremos que no repercuta en las medidas de flexibilidad y conciliación familiar”, ha explicado Botella. El cambio entrará en vigor en septiembre, de forma que los empleados públicos podrán aprovechar hasta entonces para apurar esos días de permiso excepcionales. Supone además la supresión de la jornada reducida de verano y del día de San Isidro (15 de mayo, fiesta del patrón de la capital). No se modificará el sistema de trabajo mediante jornada continua, adoptado para favorecer la conciliación familiar y el ahorro energético.

>> Enfermar saldrá más caro. Durante los tres primeros días de baja médica, los empleados municipales recibirán un complemento retributivo del 50%; es decir, cobrarán la mitad de su salario, según Botella para combatir el absentismo. Del cuarto día al vigésimo (ambos incluidos), se complementará la prestación hasta sumar el 75% del salario. Entre el 21º y el 90º, la retribución será del 100%. Botella se ha mostrado dispuesta a negociar con los sindicatos para que el empleado cobre todo su sueldo desde el primer día de baja en casos excepcionales, como aquellos que requieran de hospitalización e intervención quirúrgica.

>> ¿Habrá despidos? “Los menos posibles”. Este aumento de las horas de trabajo no debería traducirse en una merma de empleo municipal (mediante una rebaja en el número de interinos, por ejemplo, que suponen el 9% de la plantilla total del Ayuntamiento), según la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa. Al contrario, servirá para amortiguar el efecto de la amortización de 1.851 puestos desde 2008, al no cubrirse las jubilaciones o traslados, que serán más aún en los próximos años, toda vez que el plan de ajuste prohíbe sustituir esas bajas mediante nuevas contrataciones.

Botella, tras loar su trabajo y agradecer a los empleados municipales su “probada entrega” y los “grandes sacrificios” que suponen para ellos estas medidas “duras pero necesarias”, ha asegurado: “Intentaremos mantener el máximo número de empleos que sea posible”. Hasta ahora, y durante meses, tanto oralmente como por escrito, el Gobierno municipal había reiterado que mantendría el empleo. ¿Qué ha cambiado?

En primer lugar, el plan de ajuste aprobado en primavera, de 128,9 millones, para poder ponerse al día con las facturas impagadas del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (1.003 millones de euros). Eso ha supuesto, por ejemplo, 77 salidas en la empresa pública que gestiona los teatros y actividades culturales del Ayuntamiento, Macsa, de las que 22 terminarán finalmente en despidos. Sobre una plantilla de 352 personas, eso supone un recorte de empleo superior al 6%.

>> ¿Habrá más recortes? Varios. Para empezar, queda por aplicar la segunda parte de este plan de ajuste, que asciende a 31,7 millones, una cifra que podría variar. “Por ahora vamos según lo previsto”, ha explicado Dancausa, dando a entender que no prevé por el momento que haya que aumentar la cuantía del tijeretazo pendiente. Es cierto que la supresión de las pagas extra supone un alivio de 89,7 millones, pero viene compensado por el impacto del incremento del IVA (40 millones adicionales de gasto para el Ayuntamiento por sus contratos de servicios como la basura, el alumbrado, etcétera) o la reciente anulación por la Unión Europea de la tasa que se cobraba a las empresas de telefonía móvil por colocar antenas en la ciudad, que supondrá una merma de ingresos en 2012 de 24,5 millones de euros. En 2013, el Ayuntamiento prevé hacer otro recorte adicional de 394,2 millones, es decir, más del doble del llevado a cabo este año.

>> Las tijeras podadoras del Gobierno. Pero antes, a finales de septiembre, presentará un plan de racionalización de la Administración municipal, en línea una vez más con las exigencias del Gobierno central. El Consejo de Ministros validó el pasado viernes el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, que aún podría sufrir cambios de calado antes de su traslado a las Cortes. El texto prohíbe la creación de nuevas empresas u organismos públicos, y exige el saneamiento de los ya existentes, obligando en caso contrario a su disolución o privatización. Es decir, a 31 de diciembre de 2013 deberían cerrar sin números rojos, y para ello no podrían ser auxiliadas por el Ayuntamiento. En caso de no lograrlo ni remediarlo, serían disueltas antes de 2015.

El texto define las competencias municipales: urbanismo, medio ambiente, agua, vías, asistencia social primaria, seguridad, tráfico, turismo, ferias, salubridad pública, consumo, deportes, cementerios, museos, bibliotecas y transporte colectivo. Permite ejercer otras actividades económicas “siempre y cuando no se pongan en riesgo la sostenibilidad financiera” de esas competencias definidas como fundamentales. Así, contempla que, en el plazo de un año tras la aprobación de la norma, se examinen todos los servicios municipales, y se supriman o privaticen aquellos que no se puedan mantener y no realicen “funciones públicas”.

De ser aprobado de tal manera, este proyecto pondría al borde del abismo, por ejemplo, a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) o a la Agencia para el Empleo, que no figuran como competencia fundamental de la Administración local. La Comunidad y el Ayuntamiento han dejado para el año que viene la decisión sobre quién asumirá estos servicios (que por ahora prestan ambas).

El texto incluye además una disposición sobre el número máximo de personal eventual con el que podría contar el Ayuntamiento, pero fuentes oficiales dan por seguro que se modificará en la fase de estudio antes de su aprobación definitiva. En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 228 puestos de designación libre, de los que 90 corresponden a los grupos políticos (38 al PP, 32 al PSOE, 16 a IU y cuatro a UPyD). Lo que sí desaparecerán serán los liberados institucionales, que el plan de ajuste municipal redujo a la mitad (45) y el Gobierno obliga ahora a eliminar por completo. Los liberados sindicales pasaron de 398 a 130 dentro del mencionado plan de ajuste.