“El profesorado ha vivido el decreto Wert como un castigo inesperado”

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, admite que este ha sido curso “difícil” y “preocupante” por los cambios introducidos en el funcionamiento de la Universidad pública española por la vía del decreto ley. Esto es, sin posiblidad de debate. La subida de la matrícula a los estudiantes en el actual momento de crisis económica; el endurecimiento de los requisitos para obtener beca, que provocará “la pérdida de la beca o el no acceso” de muchos alumnos a las ayudas; y el requerimiento del Ministerio de Hacienda que —de forma inusual y sin mediar diálogo— ha paralizado las plazas de funcionarios en la Universidad dibujan un escenario incierto. Morcillo recuerda al Gobierno que la “empleabilidad está unida al mayor nivel formativo”. El rector pide al ministro Ignacio Wert, que abra un debate sobre los cambios que pretende introducir para garantizar que la Universidad pública española siga siendo un “valor de cohesión social”.

Pregunta. A los recortes sobrevenidos, se añade la supresión de la paga extra de Navidad. ¿Tendrán los profesores ganas de trabajar así? ¿Se están desmantelando los servicios públicos a la velocidad del rayo?

Respuesta. No se transmite a la ciudadanía la ilusión y motivación que requiere este escenario tan crítico. Y la esperanza es algo que todo médico sabe que tiene que tener un enfermo, si quiere curarse, con independencia del tratamiento. Y el tratamiento que se ha aplicado en el caso de la Universidad pública española se reduce casi exclusivamente a la sangría. Además de que todas las medidas, como la de la paga extra, llueven sobre terreno mojado. El real decreto de medidas de recorte en el ámbito educativo, más conocido como decreto Wert, ha causado un impacto psicólogico importante en el profesorado, que lo ha vivido como un castigo inesperado.

P. Los asociados estuvieron a punto de parar la universidad. ¿Cómo les afecta el decreto?

R. La plantilla de asociados creció mucho en los últimos años debido a que la extinción de licenciaturas y diplomaturas se solapó con la implantación de los nuevos grados de Bolonia. Esa circunstancia de tener que extinguir licenciaturas y diplomaturas, a la que vez que implantar grados, dio lugar a una gran cantidad de asociados. En este momento, el proceso ha concluido con lo cual esa “necesidad docente” ha desparecido. Y a eso se ha sumado el decreto Wert, que al aumentar la capacidad docente de un grupo amplio de docentes, hace que sean menos necesarios asociados.

La coincidencia de Bolonia con el decreto Wert es desafortunada. Aún así, no se ha hecho un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de esta universidad. Nada más lejano.

P. ¿Habrá recortes?

R. Es complejo. Desde la convocatoria de huelga, se ha trabajado mucho con los asociados y con el comité sindical. Y se ha conseguido desconvocar la huelga. El Informe de Gestión de 2011, que presenté en el último claustro, muestra que en la Universitat el número de profesores no ha descendido. Por tanto, no ha habido despidos. Hay una apuesta prioritaria por las políticas de personal. Se ha hecho un esfuerzo por flexibilizar el decreto Wert y aminorar su impacto.

P. ¿Qué es lo que más ha molestado a los rectores?

R. La falta de negociación. Los rectores nos enteramos del Real Decreto por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y creemos que la vía del Real Decreto no es la más adecuada. Podría haber sido tramitada como un proyecto de ley con posibilidad de debate parlamentario y, por tanto, de mejora. Hubiera tenido una implantación más consensuada con la comunidad educativa.

P. ¿Han cuantificado el ahorro del decreto Wert?

R. El decreto no tiene memoria económica. Incluso es obvio que al reducir carga docente en función de la actividad investigadora incurre en la creación de mayor necesidad docente y, por tanto, en un incremento presupuestario. Es decir, no es un decreto de ahorro puro, porque hay áreas de conocimiento donde genera necesidad de mayor contratación.

P. Sin embargo, acabamos de vivir algo insólito. Que el Ministerio de Hacienda, sin mediar palabra del de Educación, paralice la Oferta de Empleo Público en la Universidad española, con amenaza de la apertura de diligencias judiciales.

R. El requerimiento se basa en una distinta interpretación del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, que era sobre las Ofertas Públicas de Empleo (OEP). Y supone paralizar las plazas de funcionarios. En la nuestra afecta a 29 plazas de catedráticos y más de 40 de profesores titulares. Obviamennos tiene muy preocupados. No solo a mí, sino al de la Jaume I de Castellón, las dos valencianas afectadas, y a la mayoría de las andaluzas, algunas de Madrid, las gallegas o catalanas. Este bloqueo afecta a un colectivo muy amplio de universidades que lo único que hemos hecho es sacar estas convocatorias por acuerdos de nuestros Consejos de Gobierno. Hacienda debía haber hecho patente esta disconformidad a principios de año. Y se ha esperado al 10 de julio, mediante un requerimiento enviado por fax. Hay unas 34 universidades que han hecho publicaciones de plazas en el BOE y alrededor de 12 ó 17, no me equivocaré mucho, en esta situación de bloqueo. Yo y el rector de Córdoba hemos pedido una reunión de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Aquí, el diálogo también hubiera sido deseable.

P. ¿Cómo se hace la aplicación autonómica del decreto?

R. Aquí ha habido una comunicación muy fluida, que los rectores de las universidades públicas agradecemos. La Consejería de Educación ha mantenido un diálogo permanente. Tiene por costumbre informar de los proyectos que lleva. Lo vemos ahora con el decreto de plurilingüismo que afecta a las enseñanzas no universitarias. La consejera [María José Catalá] ha querido presentarlo a los rectores, antes de que sea definitivo, para pedir “valoración”. Es una muestra constructiva cómo deben de hacerse las cosas.

De hecho, las plazas de profesores contratados, que dependen de la Generalitat porque se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, las hemos negociado con la consejería para que haya una protección, especialmente del colectivo más débil, más precario, que es el de los profesores ayudantes y ayudantes doctores, cuyo contrato se extingue a los cinco años. La Dirección General de Universidades de la consejería nos ha ofrecido garantías de que estas plazas no están en cuestión.

P. Sin embargo, no se entiende que la consejería aplique la subida máxima de tasas.

R. No se debería nunca hablar de tasas sin hablar de becas. Son dos palabras que debieran ir juntas. Si hablamos de tasas, el decreto Wert introduce un elemento nuevo que no se había utilizado nunca hasta su publicación. Y es que por vez primera se utiliza la expresión de “porcentaje del coste de los estudios”. En el Preámbulo hay una frase que no debiera de pasar desapercibida, que expresa la filosofía o espíritu de la ley, que dice que hay que “ir aproximando el importe de las tasas al valor real de los estudios”. Evidentemente, este no ha sido nunca el espíritu de la Universidad pública. Resulta chocante. Además, que en el Consejo de Universidades no ha habido nunca un debate sobre este modelo.

P. Además, está el endurecimiento de los requisitos para obtener una beca.

R. Efectivamente, tanto en la nota media como en el número de créditos que tienen que aprobar. El Consejo de Universidades expresó su preocupación porque dará lugar a la pérdida de la beca o al no acceso. Las dos cosas son indeseables y difíciles de prever. Si las propias universidades y comunidades autónomas no lo corregimos, corremos el peligro de perder estudiantes en el sistema universitario público español. Y eso sería lamentable, ya que ha sido un logro de toda la sociedad española tener un 34% de población con estudios universitarios, equiparable a los países más desarrollados. No es un logro de las universidades. Además de que es sabido que la empleabilidad está unidad al mayor nivel formativo. La Universidad pública española es un valor social de cohesión reconocido desde la Transición y debería de cuidarlo de igual forma que deberíamos cuidar otros logros tan importantes como la Sanidad.