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El Gobierno irá al TC tras fracasar la reunión bilateral sobre Itzarri

El desacuerdo en los recortes sanitarios y educativos apunta un desenlace similar

Ya es definitivo. El Gobierno formalizará su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el primer decreto de recortes dictado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el 30 de diciembre de 2011, el que estableció, entre otras medidas, la prohibición de realizar aportaciones públicas a planes de pensiones.

 El Ejecutivo no agotará los nueve meses de plazo, que cumplen a finales de septiembre, para alcanzar un acuerdo en la comisión bilateral constituida por representantes de ambas administraciones, tras revelarse ayer imposible llegar a un punto de confluencia, según indicaron fuentes del Gobierno.

La comisión, reunida ayer en el Ministerio de Hacienda, debatió durante dos horas sobre la competencia o no del Gobierno vasco para decidir por sí mismo sí realiza o no aportaciones, y en qué cuantía, a Itzarri, la sociedad de previsión de los funcionarios de la administración general de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo López alegará invasión competencial del Estatuto de Gernika

Los asistentes por parte vasca fueron la viceconsejera de Régimen Jurídico, Amaia Ortiz, y el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, que defendieron la competencia autonómica y entendieron que el decreto del Ejecutivo central invade un terreno de acción del autogobierno vasco.

Las fuentes consultadas en el Gobierno vasco mostraron sus reservas, tras el resultado de esa primera comisión, respecto de los que puedan arrojan las que se celebren para tratar los dos reales decretos que contienen las medidas en materia sanitaria y de copago farmacéutico, por un lado, y de recortes en la educación, por otro.

Tanto en el caso tratado ayer como en los otros dos los motivos que aduce el Gobierno de Patxi López son los mismos: la invasión competencial en terrenos que considera de su exclusiva incumbencia, según el Estatuto de Gernika.

Este primer decreto que recurrirá al TC el Gobierno es el que recogió la congelación salarial y de la antigüedad para los funcionarios así como la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. El informe jurídico encargado en enero a los servicios del Gobierno para aclarar qué extremos eran de obligado cumplimiento y cuáles no determinó que sí lo eran las medidas salariales, pero no la ampliación de la ampliación de la jornada ni tampoco la cuestión de las aportaciones a planes de pensiones.

Las aportaciones, que en 2011 eran de 53 millones, no se han realizado

El Ejecutivo, que ya redujo esas aportaciones dentro de las medidas de ahorro que pactó con los sindicatos en 2010, defiende su competencia exclusiva, aunque no ha realizado la aportación. Si esta se mantiene en su montante habitual, supondría un gasto de 53 millones, según cifras de 2011.

Pese a que las otras comisiones bilaterales, las relativas a los recortes en sanidad y educación, se constituirán y se reunirán también, todo indica que el acuerdo en ellas será también previsiblemente imposible. El objeto de esas comisiones es tratar de “evitar judicializar los asuntos”, en palabras de la consejera de Justicia y portavoz, Idoia Mendia, pero las posibilidades son muy escasas.

La contestación a los decretos de recortes sociales dictados por el Ejecutivo central se han convertido en un elemento crucial de choque entre ambos Gobiernos, en coherencia con las distintas posiciones de dos partidos antagónicos como el PP y el PSE-EE.

Las posturas aparecen cada vez como más irreconciliables, toda vez que el vasco considera invadido su ámbito competencial estatutario y discrepa además políticamente de la efectividad de las medidas que dicta el Gobierno del PP. El Ejecutivo de Patxi López cree que no conseguirán la contención del déficit que persigue con ellas, mientras promueve otras recetas que ha ya aplicado en la comunidad autónoma, en lo que ha bautizado como modelo Euskadi y que, según las cifras que facilita, están permitiendo realizar importantes ahorros sin afectar gravemente a los servicios. Es el caso de la sanidad, donde el consejero, Rafael Bengoa, defiende la transformación que ha iniciado en el sistema vasco de salud como mucho más eficaz para el ahorro y el uso eficiente de los recursos públicos. En Educación, el departamento de Isabel Celáa tiene en preparación también su recurso, aunque la comisión bilateral no tiene fecha todavía, igual que en el caso de Sanidad.

En cambio, sí hubo acuerdo en los requerimientos del Gobierno central sobre las leyes de la autoridad vasca de la Competencia y de las personas consumidoras y usuarias, y, por tanto, Madrid no recurrirá ante el Tribunal Constitucional.