Discapacitados plantan cara al despilfarro

“Estamos muy enfadados, porque no pagan”, afirma muy seria Diana Albiol, que propone que “los ladrones vayan todos a la cárcel”. Diana asiste cada día al centro ocupacional Fundación Síndrome de Down de Castellón, que lleva sin cobrar ninguna ayuda de la Generalitat de 2012, al igual que el 94% de los centros, asociaciones y residencias del sector que atiende a 400.000 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. Sus compañeros Julio y Héctor sujetan la pancarta en la que se advierte que el centro está: “A punto de cerrar”.

“Queríamos venir desde Castellón en avión. Pero no hemos podido, porque no tiene aviones”, añade otro compañero de Diana. La discapacidad planta cara al despilfarro de los últimos años de la Generalitat Valenciana, que invirtió las prioridades. “Para unas cosas sí que tienen dinero, como la Fórmula 1; para nosotros, no”. Este no es solo el convencimiento de Francisca Culebras, la madre de Julio, que con 38 años cada día acude a este centro a formarse y trabajar.

Miles de ciudadanos, más de 5.000, llegados de todos las tres provincias de Valencia, Alicante y Castellón se sumaron a la marcha convocada por todas las federaciones y asociaciones que engloban al sector de la atención a discapacitados y enfermos mentales.

La crisis y los impagos de la Generalitat provocan situaciones imposibles. Trabajadores que llevan siete meses sin cobrar, madres sin ayudas, discapacitados o enfermos mentales huérfanos porque sus familiares ya han fallecido. Su opción es la labor asistencial, formativa y de rehabilitación que realizan los centros fundados, en su mayoría, por familiares y sostenidos con ayudas de la Consejería de Bienestar Social.

“Queremos nuestra subvención. No vuestra caridad”, dice la improvisada pancarta de cartón realizada por los trabajadores del centro ocupacional Francisco Navarro de Manises. A través del tag de Twitter #discapacitadoslucha, nadie nos escucha, los monitores como Marco, denuncian: “Estamos sin cobrar nada de la Generalitat durante todo 2012. Hemos podido mantener nuestros salarios hasta ahora gracias a la subvención del Ayuntamiento. Pero la paga extra y el verano, no sabremos si podremos mantenerla”.

Rosa Gual, directora de la residencia de Castellón Maset de Frater de Castellón sabe bien los apuros que pasa para mantener abierto el centro que atiende a más de 60 discapacitados físicos.

Estos centros han tenido que recurrir este año a contrata pólizas leoninas con Bankia. Lo explica Ana, la vicepresidenta de la empresa Alba. “Como la Generalitat no nos paga las ayudas de 2012, ahora, además, tenemos paralizada la póliza”, describe Ana.

“Las empresas como la mía con 10 trabajadores soportamos deudas y préstamos de más de 200.000 euros. Estamos al borde del colapso económico, ya no puedo disponer de más dinero. Ni pagar al banco, ni recibir más dinero de la póliza. Y las ayudas de Bienestar Social no llegan.

“Estamos tan quemados como el monte valenciano”. Sus portadoras, Ángela y Josefa, defienden el trabajo bien hecho de las asociaciones y federaciones que atienden a sus hijos discapacitados. “Es una maravilla lo que hacen por nuestros hijos”, subraya Ángela, acompañada de Javier, su hijo que se forma en el centro de día Adisa de Alfafar. “Mi hija”, añade Josefa, “que no ha podido estar porque está más malita, entró con 4 años y tiene 32 ahora, allí lo ha aprendido todo”.

Además de "quemados" ha situaciones familiares insostenibles, que han acabado con una denuncia contra la Generalitat. Es el caso de María Pilar Quintana, con dos hijos con discapacidad psíquica, separada y sin cobrar pensión de su exmarido, que en noviembre de 2010 decidió denunciar a la Administración valenciana para que cumpla su propia ley.

"En mayo de 2008 la Generalitat aprobó una ley en que se haría cargo de la pensión de los hijos, discapacitados o no, que no recibieran pensión. Y no lo ha cumplido. Tengo toda la documentación en regla. Los requisitos y el ok de la Generalitat, pero no me han pagado nada", explica Pilar.

Pilar, junto a sus dos hijos Saúl de 27 años y Aleida de 34, es una de las más de 5.000 personas que exigen sus "derechos". "Este mes ya no les dan comida. Me lo mandan a casa sin comer porque no tienen ya dinero para mantener el taller abierto". Es su realidad. Es la realidad.