Un trozo de Reus en el Baix Empordà
Carles Manté compró una masía en Corçà cuando cobraba 160.000 euros al año de Innova El Ayuntamiento del Baix Camp considera delictivos los pagos al exdirector del CatSalut La finca estaba valorada en unos 300.000 euros
Los tentáculos de los últimos escándalos que azotan la sanidad catalana llegan hasta las plácidas llanuras de la comarca del Baix Empordà. Casavells, pequeño pueblo del municipio de Corçà, fue el lugar elegido por Carles Manté, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) entre 2004 y 2006, y su esposa para adquirir en 2010 una masía formada por un edificio central de dos plantas de 214 metros cuadrados y un anexo —unas antiguas cuadras— de 185 metros cuadrados. Todo ello sobre un terreno de algo más de 2.200 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad de La Bisbal d’Empordà.
La finca, según fuentes inmobiliarias de la zona, estaba valorada en unos 300.000 euros cuando se cerró la operación. Los Manté debieron de comprarla al contado, ya que en el registro solo consta una hipoteca de 100.000 euros a 10 años firmada en noviembre de 2010 que el matrimonio, según los documentos de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Corçà, probablemente dedicó a las obras, aún en marcha, de una profunda reforma de la masía y a la construcción de una piscina.
El informe del secretario y el interventor de Reus sobre los pagos de Innova a Manté
Innova realizó los pagos sin concurso público previo y "sin acreditar la capacidad y solvencia técnica y profesional de CCM Estratègies i Salut", creada pocos días antes.
Las facturas para pagar a CCM fueron "autorizadas por Josep Prat Domènech, director general de Innova".
"No consta ningún documento, informe, memoria, trabajo o resumen de actividades hechas, ni programación de ningún tipo" que demuestre que CCM realizara en realidad algún trabajo para Innova.
Josep Prat y Carles Manté "podrían haber incurrido" en "algunos de los tipos previstos en el Código Penal" por "delitos societarios", de "falsedad" documental y "delitos contra la Administración pública".
Los delitos atribuidos a Prat por el informe pueden acumular una pena máxima de 10 años de cárcel; los imputados a Manté podrían alcanzar los cuatro años.
La adquisición del matrimonio Manté no tendría mayor interés sino fuera porque el exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) cobró entre 2007 y 2011 un total de 720.120 euros (IVA excluido) de la empresa municipal de Reus Innova a través de la empresa CCM Estratègies i Salut. Esta sociedad fue creada solo unos días antes de que Innova empezara a abonar a Manté unos 13.300 euros mensuales por unos supuestos trabajos de “consultoría estratégica”.
Un informe hecho por el secretario y el interventor de Reus establece que estos pagos, ordenados por el exdirector general de Innova y actual presidente del Instituto Catalán de la Salud, Josep Prat, pueden dar lugar a responsabilidades de tipo contable y penal para Prat y Manté. El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), aseguró el pasado miércoles al presentar el informe: “Estamos ante un presunto caso de malversación de dinero público, un escándalo que puede tener consecuencias muy graves”.
Las conexiones entre Manté y Prat van más allá de los pagos de Innova a CCM Estratègies i Salut. Entre 2004 y 2006, siendo el director del CatSalut, Manté impulsó una concesión administrativa a 30 años para que el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) construyera y gestionara el centro sociosanitario de Cotxeres de Borbó, en Barcelona. El CSC es un organismo público de origen municipalista que cuenta con un holding de empresas a través de las que gestiona decenas de centros sanitarios. El contrato impulsado por Manté desde el CatSalut concedía hasta 2041 un total de 348,6 millones de euros al CSC, entidad de la que Prat también era alto directivo. Innova, a su vez, es a través del hospital municipal Sant Joan de Reus uno de los accionistas de CSC SA, la cabecera del holding del consorcio.
Los pagos de Innova a Manté ya han llegado a la justicia por tres vías. La CUP de Reus, que hace un año llevó a la fiscalía las primeras irregularidades de Prat al frente de Innova, sumó a la causa las remuneraciones a raíz de que EL PAÍS destapara el caso el pasado martes. El Ayuntamiento de Reus también llevó a la fiscalía un día más tarde el informe hecho por su interventor y su secretario. Y el grupo independiente Ara Reus, en la oposición, llevó el caso al juzgado de guardia.
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