Referéndum contra los recortes

Los funcionarios de justicia andan calientes. Este mes, su nómina llega con 450 euros menos, a los que se sumarán otros 300 euros en julio y 110 más el resto de meses hasta fin de año. Son las consecuencias de los recortes aprobados, a finales del pasado mayo, por la Generalitat, que suprime parte de un complemento salarial por la función que cada trabajador cumple en el juzgado. Desde entonces buena parte de los 7.000 trabajadores de los juzgados se han manifestado, cada miércoles, contra un “abuso” que convierte a muchos de ellos en menos que mileuristas.

Los protestas son cada vez más contundentes. Hace tres semanas, la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, no pudo asistir a un acto de los procuradores en la Ciudad de la Justicia por el hostigamiento de los funcionarios. La consejera tuvo que cruzar la Gran Via y tomar un taxi para eludir la presión sindical. El pasado viernes, los empleados del Palacio de Justicia deslucieron, con silbidos, el acto en el que los nuevos fiscales destinados a Cataluña juraron sus cargos.

Imaginación tampoco les está faltando. Hastiados del tijeretazo, algunos sindicatos celebran estos días un referéndum de independencia. De independencia de la Generalitat. Los sindicatos han habilitado urnas y papeletas en las que preguntan a los funcionarios si desean que las competencias en materia de administración de justicia le sean devueltas al Gobierno central. O sea, volver a la situación previa a 1996, cuando se transfirieron a Cataluña. Pese a que cuentan con el censo de trabajadores y emplean urnas para garantizar el secreto del voto, el referéndum carece de efectos prácticos. Pero es una forma simbólica de atacar al Gobierno de CiU por el lado del nacionalismo y el traspaso de competencias.

“La Generalitat no está gestionando bien esta materia y por eso preguntamos a los funcionarios si quieren volver a depender del Estado”, explica Manuel Gómez, coordinador del sindicato CSIF, junto a cuatro urnas de cartón instaladas el viernes en la Ciudad de la Justicia. “No tienen derecho a acometer este recorte y, además, vemos incorrecto que nos lo apliquen con retroactividad”, lamenta. No todos los sindicatos se han sumado al referéndum. UGT apela a la sobernía popular y considera que una decisión de ese calado es “patrimonio de la ciudadanía”. En las asambleas de trabajadores han surgido propuestas que se han rechazado. Por ejemplo, remata Gómez, “bloquear cada día las puertas de los juzgados”.