La UE califica de “discriminatoria” la ley del cine de Cataluña

La Comisión Europea considera discriminatoria e ilegal la ley catalana del cine por obstaculizar la distribución de películas no españolas en Cataluña, al imponerles un doblaje o subtitulación que suponen sobrecostes de entre 2.000 y 77.000 euros. Bruselas ha dado al Gobierno de España dos meses de plazo para que notifique “que han puesto fin a esas normas discriminatorias”.

“Se puede promover el catalán, pero sin perjudicar a otras lenguas”, comentó el portavoz de Mercado Interior, Stefaan de Rynck, al anunciar ayer la decisión de la Comisión. Esta se hacía eco del reconocimiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la legitimidad de ciertas políticas de promoción lingüística, siempre que no vayan en detrimento de los nacionales de otros socios de la Unión. “Queremos que las películas europeas sean distribuidas como las españolas en el mercado catalán”, insistió Stefaan De Rynck.

La Comisión subraya cómo la ley catalana del cine obliga a alcanzar un 50% de distribución de películas en catalán en Cataluña, incluidas versiones originales, dobladas y subtituladas. La única excepción a ese marco legal queda clara. El texto de la ley del cine catalana dice: “Excepción hecha de las películas españolas, exoneradas de esta obligación, lo que hace más costosa y, por lo tanto, más difícil la circulación de obras europeas no españolas”.

La vigente imposición de entregar una versión en catalán de todas las películas distribuidas en Cataluña supone un sobrecoste de entre 25.000 y 77.000 euros por doblaje o de entre 2.000 y 5.730 euros por subtitulación... menos para las películas españolas en versión original en castellano. Esa obligación “es incompatible con el Derecho comunitario”, señala la Comisión en un comunicado, en el que cita el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la libre circulación de servicios.

Bruselas admite que la ley catalana extiende también la excepción que afecta al cine en español a filmes con una distribución inferior a 16 copias, pero lo considera poco menos que una hoja de parra para tapar vergüenzas. La autoridad europea es clara en sus reticencias con la ley del cine de Cataluña: “No queremos los sobrecostes que impone esta ley”, insiste el portavoz, quien duda cuando se le plantea la cuestión de si el problema se resolvería en caso de que impusiese la misma obligación a las películas españolas habladas en castellano. “No estoy seguro”, contesta, “habría que ver qué dicen la Constitución y la legislación españolas”.

El Gobierno español tiene dos meses para comunicar a Bruselas que ha puesto “fin a esa normas discriminatorias”, señala la Comisión, que advierte que en caso de no recibir respuesta ajustada al derecho comunitario podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión.

En Cataluña, las reacciones no se hicieron esperar. La Generalitat no tiene intención de cambiar la filosofía de la ley, que persigue aumentar la cuota del catalán en las pantallas. El presidente Artur Mas abogó por una “solución técnica” al problema, sin concretar si su intención es ampliar la obligación de subtitular o doblar también a las películas en español. El Gobierno catalán consideró un espaldarazo la decisión de la Comisión, al subrayar una de las frases del comunicado de Bruselas: “El objetivo de interés general es totalmente legítimo”. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, remarcó: “La ley fue discutida en un origen porque teóricamente favorecía el catalán, y acaba con una resolución que pone en duda que el castellano se vea favorecido respecto de las otras lenguas europeas”.

El Gobierno de Convergència i Unió hablará con el resto de grupos que apoyaron en el Parlament la ley para decidir cómo cumplir con la Comisión sin afectar los ejes de la norma. Tanto el Partit dels Socialistes como Esquerra e Iniciativa reclamaron al Ejecutivo firmeza para mantener el espíritu de protección del catalán que emana de la ley. Solo la Plataforma per a Llengua, organización en defensa del catalán, sugirió que las películas españolas deben someterse a la misma imposición. El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña exhortó al Gobierno a aparcar la ley para redefinirla con todo el sector.