Euskadi traslada al resto de España su experiencia con la nueva oficina judicial

Euskadi trasladó ayer al resto de España su experiencia en la implantación de la nueva oficina judicial, que funciona ya en diez de los 14 partidos judiciales. La viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, explicó que la reforma ha permitido incrementar en un 11% la emisión de documentos, gracias a los servicios comunes, así como reducir en un 8% el tiempo de espera para la ejecución de sentencias en la jurisdicción Penal. Datos que tildó de “imprescindibles para impedir que las resoluciones queden en papel mojado” debido a su tardanza.

Cinto ejerció de anfitriona, en Bilbao, de una jornada de trabajo sobre la nueva oficina judicial en la que tomaron parte el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las 12 comunidades autónomas con la competencia transferida. Frente a ellas, la viceconsejera presumió del liderazgo vasco en la materia y anunció que la reforma se extenderá este mismo año a los juzgados de Vitoria. Para la próxima legislatura quedará su implantación en San Sebastián, Barakaldo y Bilbao.

“Lejos de acarrear un retroceso”, Cinto explicó que la nueva oficina supone un aprovechamiento de los servicios comunes, frente a la atomización de los juzgados que existía antes, y recalcó que, aunque la inversión de dinero ha sido “importante” para su implantación, confió en que la reforma suponga un ahorro considerable “a medio y largo plazo”. No obstante, remarcó que la moderna estructura judicial no se completará hasta la aprobación de los tribunales de instancia, que permitirán una resolución colegiada.

Antes de comenzar la jornada, la viceconsejera atendió a los medios de comunicación y, a preguntas de los periodistas, abordó también la polémica suscitada en torno al nuevo decreto de justicia gratuita que el Gobierno vasco pretende aprobar en los próximos días. El presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario de Oleaga, ya recriminó la pasada semana que las modificaciones previstas por el Ejecutivo conllevarán “un desbarajuste” que perjudicará “gravemente” a las personas sin recursos, como beneficiarias últimas del servicio.

Cinto defendió ayer, sin embargo, que el nuevo decreto no supondrá un cambio en la organización del turno de oficio, sino en la asistencia en los juzgados de guardia. Destacó, en este sentido, que en realidad aumentará el número de abogados disponibles, lo que “mejorará” el servicio de atención al ciudadano. “Desde mi experiencia como juez, supondrá una mejora espectacular”, consideró.