Tres empresas públicas en el limbo

“Estamos muy nerviosos, cómo vamos a estar”, dice una trabajadora del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), un ente público dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Los rumores de ERE planean sobre la plantilla, de algo más de cien personas desde hace algunas semanas, pero la estocada definitiva a sus esperanzas de salir indemnes del ajuste de 1.045 millones de euros que Esperanza Aguirre anunció el 7 de junio se desvanecieron al leer el artículo 17 del proyecto de ley que modifica el presupuesto regional. Habla de “la racionalización de entes públicos y otros órganos”.

Y allí dentro aparecen el IRIS y otros dos organismos públicos adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA), que “con la finalidad de reducir el gasto público, adoptarán las medidas necesarias durante el segundo semestre de 2012, para racionalizar su gasto de personal y reestructurar su plantilla presupuestaria”. En época de eufemismos, la intranquilidad de los trabajadores es más que comprensible.

Así se lo hicieron saber a Aguirre en el comité de empresa del IRIS: “Entienda la importancia de la noticia que se nos ha trasladado y la intranquilidad que ha supuesto para los empleados y empleadas públicos del IRIS, plantilla que tiene en casi su totalidad contratos de carácter fijo, con antigüedades de 26 años”, le decían en una carta. Según relatan fuentes de los trabajadores, el director gerente, Javier Ramírez Caro, llegó a comunicar a la plantilla que había que reducir la masa salarial y que eso significaría un expediente de regulación de empleo. “A la fecha de hoy, no sabemos ni su alcance ni quien ha tomado dicha decisión”, se quejaba el comité a la presidenta de la región.

El Instituto de Realojamiento recibirá la mitad del dinero previsto

La ambigüedad de la redacción del artículo, que no aclara si detrás de los eufemismos está efectivamente el despido de parte de los trabajadores de los tres organismos, no contó con el respaldo de los servicios jurídicos de la propia Comunidad de Madrid. De hecho, el informe es bastante negativo: “Resulta destacable la generalidad e inconcreción con que se halla revestido el mandato (…) dirigido al IMIDRA, IRIS y FIDA. Elementales razones vinculadas al principio de seguridad jurídica hacen aconsejable una mayor explicitud de las medidas que han de ser adoptadas en orden a la racionalización de los gastos de personal de tales órganos y a la reestructuración de su plantilla presupuestaria”. Una explicitud que, añade el informe jurídico, “encontraría acomodo en la globalidad del contenido del anteproyecto, caracterizado precisamente por el detalle de las medidas económicas que alberga”.

La Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad recomienda en su informe de 35 páginas sobre una primera versión —en la que era el artículo 20— del proyecto de ley que se explicite el contenido de las medidas y recuerda tres sentencias del Tribunal Constitucional sobre el principio de seguridad jurídica, las expectativas del ciudadano sobre la actuación del poder y la claridad que se espera del legislador. La Consejería de Economía y Hacienda no hizo especial caso de los consejos del informe jurídico, puesto que el redactado final, registrado en el Parlamento regional, sigue sin concretar nada. Requeridos al respecto, en la Consejería de Medio Ambiente tampoco aclaran gran cosa sobre el futuro de los tres organismos bajo su responsabilidad. “No manejamos esos datos”, es su respuesta.

Desde 2008 se han eliminado o enajenado 109 entes públicos

El caso del IRIS, especializada en el realojo e integración de las familias chabolistas, es llamativo. La institución, muy activa en poblados como el del Gallinero, donde malviven medio millar de personas entre basura y ratas, sufre un doble recorte. Por un lado, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que le aplica un tijeretazo de 2,95 millones de euros, que supone un 48% menos de lo que preveían los presupuestos aprobados en diciembre (6 millones). El programa de lucha contra la exclusión social, de la Consejería de Asuntos Sociales, recorta 671.865 euros de la partida original de 1,34 millones (50%).

“Se trata de una partida en la que se ofrecía apoyo a las personas realojadas a través del IRIS desde Asuntos Sociales. Se trata pues de una atención social que ofrecen también el personal del IRIS y que estas personas pueden solicitar a través de los servicios sociales municipales; por lo tanto evitamos la duplicación en realizar el mismo trabajo desde distintos departamentos regionales”, explican desde la Consejería de Salvador Victoria, donde reiteran que la responsable del ente es la Consejería de Medio Ambiente. Curiosamente, mientras el IRIS sufre un tajo considerable, el IMIDRA y el FIDA no aparecen dentro de los nuevos recortes que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende aprobar antes de mediados de julio.

Desde 2008 se han eliminado o enajenado 109 organismos, entes y empresas públicas —como Mintra, Turismo de Madrid, Alcalá Natura 21, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), el Defensor del Paciente o el Consejo de la Mujer, entre otros, cuyas competencias han pasado a las consejerías, como es el caso del último organismo en desaparecer, la oficina del Defensor del Menor—, lo que ha servido, según datos del Gobierno regional, para ahorrar más de 1.650 millones y para reducir el gasto destinado al sector público en 1.150 millones (un 25%).

El IRIS cuenta con algo más de un centenar de trabajadores, según fuentes sindicales, la gran mayoría personal fijo de la Comunidad. Se trata de trabajadores sociales, educadores sociales, profesores, administrativos... El IMIDRA contaba en 2010 con 331 puestos de trabajo, según su página web. Por su parte, la FIDA tiene una plantilla de 17 personas, también según su web. Desde la creación del IRIS, en 1998, hasta 2010 se habían desmantelado 85 núcleos chabolistas y 1.934 familias habían sido realojadas, de acuerdo con los datos de la memoria de ese año.