El Consejo de Garantías catalán ve inconstitucional el recorte en educación

El Gobierno catalán ya tiene sobre la mesa todos los ingredientes para culminar la ofensiva contra la “oleada recentralizadora” del Ejecutivo de Mariano Rajoy que anunció hace un mes, al conocerse los recortes aprobados por Rajoy en educación y sanidad. El Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó ayer que el decreto de educación de Rajoy es inconstitucional y contraviene competencias de la Generalitat. El órgano consultivo catalán emitió un dictamen parecido al de la semana pasada sobre el decreto de sanidad, que motivó la presentación de un recurso de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional (TC). Todo apunta a que en la reunión de hoy el Gobierno de Mas volverá a poner sobre la mesa esa posibilidad.

El Consejo de Garantías considera que el Gobierno de Rajoy vulneró la Constitución al establecer los recortes por decreto, una medida que la Carta Magna solo prevé para casos de urgencia. En concreto, los juristas del consejo consideran que los apartados 3 y 4 del artículo 6 vulneran la Constitución. Prevén la coordinación de centros y establecen el régimen de dedicación del personal docente, investigador y funcionario en las universidades. El dictamen apunta que en ambos casos “no se justifica de manera motivada y expresa la razón de la urgencia”, por lo que estos cambios podrían aplicarse por la vía parlamentaria.

El Gobierno autonómico decide hoy si recurre la norma ante el Tribunal Constitucional

El organismo concluye que el Gobierno vulnera también el artículo 156.1 de la Constitución, sobre la autonomía financiera. Sostiene el dictamen que la regulación de las becas contraviene el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Considera que, según el decreto, “la Generalitat no puede escoger y realizar sus propias políticas en este ámbito, y por tanto, fijar con libertad el destino y orientación de su gasto público”.

El consejo señala cuatro apartados en los que el recorte vulnera el Estatuto y las competencias dc la Generalitat. Tres de ellos se refieren a regulación de personal: el establecimiento de las jornadas del personal de educación (tanto universitario como no universitario) contraviene las competencias de la Generalitat en función pública, y la fijación de un mínimo requerido para la sustitución de profesores (10 días) afecta a la potestad catalana en recursos humanos. Por último, el dictamen sostiene que el decreto reserva al Estado la creación y los requisitos de los centros universitarios, competencia que, asevera el documento, corresponde a la Generalitat.

El dictamen, decidido el viernes pero hecho público ayer, es el tercero en pocas semanas que efectúa el Consejo de Garantías Estatutarias. Es un órgano consultivo, por lo que sus decisiones no son vinculantes. El Gobierno catalán decidió no hacer nada con la reforma laboral porque CiU la apoyó en el Congreso. En cambio, sí decidió enviar al TC el dictamen sobre el recorte en sanidad. El que se conoció ayer sobre educación va encaminado a ese mismo destino, pues la consejera de Educación, Irene Rigau, y el secretario de Universidades, Antoni Castellà, ya lo plantearon cuando el Gobierno anunció los recortes.