Bildu se arroga todas las competencias sobre el plan de basuras de Gipuzkoa

Bildu asegura tener vía libre para cambiar el plan de residuos de Gipuzkoa sin aprobarlo en las Juntas Generales. Los responsables del Consorcio de Residuos (GHK), el organismo que agrupa a la Diputación y los Ayuntamientos y está controlado por la coalición abertzale, se arrogaron ayer todas las competencias para decidir sobre el tratamiento final de las basuras y determinar el tipo de infraestructuras que se van a construir en esta provincia. Bildu pretende sustituir el proyecto de la incineradora, como defienden el PNV, PSE y PP, por un mayor número de plantas de compostaje y tres instalaciones de tratamiento mecánico-biológico.

El conflicto político abierto con las basuras ha llegado a cotas desconocidas en Gipuzkoa. Ayer, en un lapso de dos horas —entras las 10.00 y las 12.00— había convocadas cinco ruedas de prensa a cargo de la UPV, Aralar, el PNV, el PSE y el Consorcio de Residuos. Es un indicativo del grado de confrontación que ha generado la controversia. Y la discusión puede pasar del plano político al jurídico si los partidos de la oposición deciden acudir a los tribunales. Es una opción que no descartan en el caso de que Bildu, a través del Gobierno foral o del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, se lance a aplicar el nuevo plan de residuos sin modificar el que está ahora en vigor desde su aprobación por las Juntas Generales. La vicepresidenta del consorcio, Ainhoa Intxaurrandieta, concejala de Bildu en Lezo, dijo taxativamente que el modelo presentado esta misma semana por la Diputación no exige cambiar la norma foral. Explicó que la nueva planificación es “una actualización” y una “estrategia de desarrollo” del actual. “Para esa actualización, GHK tiene la competencia”.

Los responsables de GHK incidieron en que el consorcio es “el único que tiene la responsabilidad” en esta materia y, en consecuencia, será este organismo el encargado de determinar las infraestructuras que se van a “impulsar y financiar”. Intxaurrandieta insistió en que “las Juntas Generales no tienen ninguna competencia sobre ello”, ni tampoco la Diputación.

Esta interpretación choca frontalmente con la que, ayer mismo, hizo el PNV, que otorga a la Cámara provincial toda la competencia en “la planificación del sistema de gestión de residuos de Gipuzkoa”, según señaló el edil de Zarautz Imanol Lasa en la presentación de la iniciativa Gipuzkoa Garbia, que este partido va a impulsar en todos los municipios para hacer frente al modelo del puerta a puerta defendido por los alcaldes de Bildu.

El PNV activa la campaña ‘Gipuzkoa garbia’ contra el ‘puerta a puerta’

La polémica competencial va a estar en el centro del debate monográfico que se vivirá el próximo miércoles en las Juntas cuando el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, presente formalmente su nuevo plan de residuos.

Entretanto, GHK ha invitado a todos los partidos a una ronda de contactos para zanjar este asunto. Bildu, PNV y Aralar han aceptado acudir a esas citas. Esta última formación dio ayer su apoyo a la propuesta sobre residuos de la Diputación, que según Rebeka Ubera pone fin al “intenso debate” de los últimos años y a “la imposición por parte de algunos de la incineradora”.

Por su parte, el PNV es partidario de mantener el actual modelo de recogida de los residuos mediante contenedores y rechazar la “imposición” del puerta a puerta “sin contar con la opinión de la ciudadanía”. Lasa señaló que su partido rechaza construir “nuevos vertederos”, como a su juicio figura en el plan de Bildu, porque “no respetan el medio ambiente”. Frente a ello, abogó por “la valorización energética mediante la incineración de los residuos que no se pueden reciclar”.

GHK negocia para evitar millonarias indemnizaciones a las empresas

En la comparecencia de los representantes del Consorcio de Residuos, su vicepresidenta también comunicó que están negociando con las empresas adjudicatarias del proyecto de Zubieta que alberga la incineradora y con los bancos que financian esas obras —suponen casi 400 millones de euros— para adecuar el complejo a las nuevas infraestructuras que plantea Bildu. GHK quiere evitar el pago de indemnizaciones multimillonarias, que podrían superar los 100 millones, si finalmente rescinde los contratos que firmó a finales de la anterior legislatura.