La Comunidad renuncia por el momento a privatizar el 49% del Canal

La Comunidad de Madrid lleva desde 2008 dando vueltas a la privatización del 49% del Canal de Isabel II. Cuatro años después el proceso que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, puso sobre la mesa a su manera, sorprendiendo al personal con la guardia baja en pleno debate del estado de la región, continúa sin cerrarse. Y así seguirá sine die. Las pretensiones del Gobierno autónomo de sacar a Bolsa casi la mitad del capital de la compañía “antes del verano”, como barruntaba el pasado febrero el vicepresidente regional Ignacio González —también presidente de la empresa hídrica—, se quedan en una hipótesis más víctima de los mercados. Medio en broma medio en serio, en la Puerta del Sol se ponen de plazo “hasta final de legislatura”. Un colchón de tres años hasta las próximas elecciones autonómicas y municipales para cumplir uno de los objetivos en los que el Ejecutivo lleva tiempo batallando.

“Tal y como está el mercado, no se dan las condiciones para que podamos vender el Canal en los precios que creemos adecuados. Por esa razón hemos decidido retrasar el momento de la venta, que será a través de un sistema público de venta”, reconoció ayer González en un brunch en el ala noble de las oficinas centrales del Canal. “Los mercados están ahora bastante cerrados a las inversiones en el sur de Europa... La realidad es la que es”, aseveró con gesto grave el delfín de Aguirre, rodeado de cuadros al óleo de los directores que han estado al frente de la firma desde que fue fundada en 1851 bajo el mandato de Bravo Murillo y auspiciada por la reina Isabel II.

La decisión de “congelar” la capitalización del Canal tampoco es una sorpresa. Antes del verano de 2010, la propia Aguirre apuntaba que el proyecto quedaba aplazado “por la situación de los mercados”. Después de desempolvar el plan aquella primavera, la lideresa popular lo aparcó de nuevo forzada por los primeros síntomas de una crisis que obligaron al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a presentar un plan de ahorro de 15.000 millones de euros que reducía el sueldo de los funcionarios una media del 5%, eliminaba la retroactividad de la Ley de Dependencia, el cheque-bebé y reducía la inversión pública en 6.000 millones, entre otras medidas. Fue la respuesta a una prima de riesgo disparada a los 164 puntos. Una marejadilla con tendencia a marejada, como se ha demostrado dos años más tarde: ayer se quedó en 508 puntos.

Las inclemencias de los mercados han vuelto a retrasar la entrada de inversores privados en el Canal, uno de los leitmotiv de campaña del Gobierno regional, que justifica la operación para poder recaudar los 4.000 millones que la Unión Europea le exige para mantener la calidad del abastecimiento y de la calidad del agua. La deuda del Canal asciende a los 1.100 millones. Sus beneficios netos en el último ejercicio fueron de 135 millones, 15 más que en 2010. “Desde que se inició el proceso han mostrado interés 17 bancos de inversión, fondos cataríes, chinos, japoneses, surcoreanos, empresas operadoras de agua españolas como Aguas de Barcelona y extranjeras... Pero las condiciones actuales no animaban a la privatización. Así nos lo han aconsejado en el último mes”, apuntó González. “Es una decisión política tomada sobre la base de lo que te están diciendo”, añadió. El Canal aprobó en marzo de 2010 la contratación como asesores de BBVA, Tinsa, Rothschild y Cuatrecasas por 1,1 millones.

Lo que no impedirán los mercados es que el Consejo de Administración del Canal apruebe a principios de junio —en teoría la semana que viene— la creación de la sociedad que prestará los servicios de abastecimiento y saneamiento por los próximos 50 años. La sociedad, que llevará el nombre tan original de Canal de Isabel II Gestión S. A., también se responsabilizará de los servicios y las obras hidráulicas. El 80% de las acciones corresponderán a la Comunidad y el 20% restante al centenar de ayuntamientos —de 179— que han respaldado la iniciativa del Ejecutivo de Aguirre. Los partidarios de la privatización parcial de la compañía representan a más del 80% de la población regional (5,1 millones). “Hasta que decidamos abrirnos al capital privado vamos a funcionar con esta sociedad 100% pública, porque la actual situación económica no ofrece las mejores circunstancias para incorporar inversores. Pero con esta sociedad los municipios percibirán una contraprestación económica que antes no recibían. Con su incorporación a la sociedad cobrarán dividendos de la nueva empresa [si así lo aprueba el Consejo de Administración] y se asegurarán la prestación de los servicios que venía haciendo el Canal”, insistió González. ¿Y qué pasará con los ayuntamientos rebeldes? “Se les suministrará el agua como hasta ahora y se revisará el convenio con ellos cuando concluya”, pregona González. Con la sociedad actual los convenios bilaterales entre el Canal y los consistorios se unifican, defiende el Gobierno.

Trampas en los Ayuntamientos de la región

El frenazo de la privatización abre otro frente: el de los ayuntamientos que ya habían trampeado sus cuentas con lo que esperaban recibir. Y eso que los convenios firmados establecen que los ayuntamientos solo podrán vender una vez lo haga el Canal. Antes, no. Los municipios pro privatización, exceptuando la capital, tenían previsto ingresar entre todos 171 millones. Ya no lo harán. Al menos hasta que se relaje el temporal bursátil.

El de Alcorcón es, junto al de Madrid, uno de los que incluyó en su presupuesto de 2012 los ingresos procedentes de la venta del 70% de su paquete de acciones —el tope previsto— de la nueva empresa. Según los datos hechos públicos por el exconcejal de Hacienda, Óscar Romera, que dimitió para incorporarse a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, el apartado de ingresos incluye 9,7 millones de euros por la venta de ese porcentaje. “De acuerdo con este convenio al Ayuntamiento le corresponden 13.884.400,00 euros, y podrá vender hasta el 70% de las acciones (el 0,35994% del capital), lo que asciende a 9.718.380,00 euros”, detalló el edil. El PSM recurrió los últimos presupuestos locales al entender que no se podían incluir esos 9,7 millones.

“Todo esto invalida la Ley de Acompañamiento y los convenios que han firmado los Ayuntamientos, que ahora son papel mojado. Con esto se demuestra que los Ayuntamientos socialistas han hecho bien no firmando los convenios que le ofrecía la Comunidad”, afirma la diputada regional Amparo Valcárcel. “Detrás de la renuncia de la Comunidad está la decisión de los tribunales de admitir a trámite la denuncia del PSM; y la coyuntura económica no es la mejor para sacar unas acciones al mercado”, continúa. “Siempre hemos estado contra la privatización y el modo en el que querían hacerlo, que no era otra cosa que permitir a los Ayuntamientos que hicieran caja, pero a costa de que lo pagaran los consumidores en sus recibos. Todo ha sido una locura. Como el cuento de la lechera, vender una cosa sin tenerla”, opina Enrique Ortega, de la Plataforma contra la Privatización del Canal.