El fiscal mantiene la petición de 24 años de cárcel para Bravo y exculpa a su socio

El fiscal mantuvo ayer su petición de 24 años y tres meses de prisión para José María Bravo, principal acusado en el caso del fraude en la Hacienda de Irún, al considerar que existen pruebas “plenas y contundentes” contra él para condenarle por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La defensa del procesado, en cambio, solicitó al tribunal la absolución de su cliente porque durante el juicio no se ha podido acreditar ninguno de los hechos que se le imputan. En su alegato final, el abogado de Bravo consideró una “desproporción brutal” que se soliciten penas que superan los 20 años de prisión para alguien que “no ha matado a nadie”.

La petición que formuló la acusación particular, ejercida por la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa, va más allá aún. El abogado Miguel Alonso, que calificó el caso de “extrema gravedad”, reclamó 27 años de reclusión —inicialmente eran 30 años— para Bravo, porque durante la vista se ha demostrado que causó un daño económico a las arcas forales y, sobre todo, perjudicó con sus actuaciones la credibilidad de la Hacienda guipuzcoana.

“Existen pruebas contundentes y plenas” contra Bravo, afirma la fiscalía

En la exposición de las conclusiones definitivas, el fiscal Javier Larraya argumentó que ha quedado sobradamente acreditado, con abundantes testimonios e informes periciales, que Bravo exigió a contribuyentes pagos en metálico que después nunca fueron ingresados en la cuentas forales, sino que se apropió de esas cantidades. El fiscal recordó que el propio acusado reconoció en las dos reuniones que mantuvo en 2006 con el exdiputado de Hacienda Juan José Mujika, antes de formalizarse la denuncia, que el dinero entregado por los deudores no llegó a las arcas forales. Ese día, añadió, llegó a ofrecer 148.000 euros para tapar este asunto, un montante muy superior a lo que sumaban los expedientes irregulares que se le mostraron.

La fiscalía, además de la pena de cárcel, pidió el pago de multas e indemnizaciones a la Diputación que suman 1,9 millones de euros por los importes que Bravo supuestamente se adueñó indebidamente.

La petición contra la esposa del acusado se reduce de 10 a seis años

La defensa del principal acusado insistió en que durante el juicio no se ha probado que su cliente no apoderara de un solo euro de los contribuyentes. Trató de despreciar el valor de los informes y testimonios ofrecidos durante la vista por técnicos y funcionarios de Hacienda. E impugnó la prueba pericial realizada por una técnico de la Agencia Tributaria, quien descartó la posibilidad de que el dinero desaparecido en los expedientes tramitados por Bravo se encuentre ingresado en Hacienda. Para Urraza resultan exageradas las penas que formulan las acusaciones, comparadas con el hecho de que en el último asesinato juzgado en Gipuzkoa se saldara con una condena de 10 años. “Este hombre no ha matado a ninguna persona”, dijo el letrado. También recordó que en el caso Anesvad, el tribunal condenó al principal acusado a seis años de cárcel por apropiarse de 7,5 millones.

Además, el Ministerio Público retiró la acusación de malversación contra Rosa Cobos, la esposa de Bravo, y redujo su petición de condena de 10 años y un mes hasta los seis años y tres meses por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Al comienzo de la sesión, fiscalía y acusación retiraron los cargos contra Pedro Atristain porque durante el juicio no se pudo demostrar que se lucrara en este caso e incluso fue exculpado por el propio Bravo.