La investigación del saqueo de Emarsa señala solo a tres “cadáveres políticos”

La parte más animada del pleno fue el debate de las conclusiones de la comisión del caso Emarsa, en el que todas las portavoces de la oposición cargaron contra lo que consideraron un “paripé” y “un fraude” de los populares, que han cerrado la investigación en menos de tres meses para descartar cualquier responsabilidad política en el saqueo millonario más allá de los gestores de la empresa pública, que por otra parte eran todos del PP.

Marga Sanz, de EU, dijo que “el PP llevaba las conclusiones escritas de antemano” y añadió que su actitud convierte a Alberto Fabra, que impulsó la creación de la comisión, en “un encubridor”. Mònica Oltra, de Compromís, señaló: “Los lodos de Emarsa son suyos”. Y acusó a los populares de “entender la mayoría absoluta como impunidad”. “Tienen un problema con el ejercicio del poder”, añadió.

Igual que Sanz y Oltra, la socialista Carmen Martínez aludió la responsabilidad de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y también a la del presidente de las Cortes, Juan Cotino, ausente de su puesto en ese momento del debate. Martínez acusó al PP de limitar las responsabilidades del saqueo de Emarsa a quienes “hoy son cadáveres políticos”, en referencia a Enrique Crespo, expresidente, Esteban Cuesta, exgerente, y Enrique Arnal, exdirector financiero.

Carmen Martínez: “Exigimos abrir

La parlamentaria se centró en Crespo, que fue alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, para anunciar que su grupo pedirá que se investigue su gestión en la Corporación provincial. “Exigimos abrir una investigación sobre la Epsar”, añadió, en referencia a que en el caso están imputados responsables de la entidad de depuración de la Generalitat como José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

La popular Alicia de Miguel arremetió contra la oposición, afeó a los socialistas el caso de los ERE en Andalucía y a EU la detención de un edil de Izquierda Unida, y declaró: “Corregiremos errores y desviaciones, caiga quien caiga”. De Miguel anunció una serie de medidas para el funcionamiento de los consejos de administración de empresas públicas, como la incorporación de profesionales y expertos, el asesoramiento a los consejeros políticos y la exigencia de reparación de los perjuicios a quienes los ocasionen.

Más delitos

Mientras en las Cortes se daba portazo al caso, en el juzgado que investiga el saqueo de hasta 25 millones de euros en la depuradora de las aguas residuales de Valencia y su área metropolitana, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) solicitó ayer la ampliación de la querella contra tres de los imputados. La Emshi, accionista de la depuradora de Emarsa, considera que Vicente Ros, José Luis Sena y Enrique Sena, representantes legales de Notec incurrieron también en un delito de estafa en grado de tentativa. A todos ya se les atribuyen los delitos de estafa, malversación de fondos públicos, falsedad documental y delito fiscal.

La Emshi considera que la planta

Según el escrito, cuando la Emshi anuló los contratos entre Emarsa y Notec, esta reclamó un perjuicio de 1.1 millones de euros y adujo los gastos invertidos en una planta de secado de lodos en Requena para cumplir esos contratos. La Emshi considera que la planta “no era más que una tapadera”. “Nos encontramos ante una maniobra más por parte de Notec para tratar de enriquecerse a costa de Emarsa”, concluye.

Por otra parte, ayer se tomó declaración a José Alcácer, administrador de la empresa de transporte Hispavas, además de portavoz del PP en Albuixech. La firma de Alcácer y su mujer facturó tres millones de euros en el transporte de lodos de la depuradora. Y duplicó en pocos años su facturación. Así, pasó de cobrar 504.992 euros en 2006 a 850.771 en 2007. En 2009, siempre según los informes de Hacienda, cobró hasta 1.056.722 euros de las firmas Notec, Iris y Adobs. “Todo lo que he transportado lo he facturado y todo lo que he facturado lo he transportado”, aseguró Alcácer.