Pérez Boada admite que el Consell no controló a las cajas
El exdirector del IVF dice que no pudo supervisar por una sentencia del Supremo A pesar del fallo de 2007 la Generalitat no cambió la ley que le daba competencias
Enrique Pérez Boada, que dirigió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta diciembre de 2009, ha comparecido el miércoles en la comisión de investigación de la CAM, en las Cortes, donde ha admitido que el Consell no controló a las cajas valencianas. Pérez Boada ha afirmado que el instituto no podía inspeccionar ni supervisarlas, aunque la ley aprobada en las Cortes con los votos del PP señalaba que el organismo “ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las cajas de ahorros”, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y el Ministerio de Economía.
Pérez Boada ha sostenido que esa redacción ambigua fue aclarada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 relativa al País Vasco en las que atribuyó dichas funciones al Banco de España, dejando a las comunidades autónomas una “supervisión prudencial” de las entidades. Los diputados de la oposición presentes en la comisión le han preguntado por qué no se cambió la ley ni el reglamento y si las normas se mantuvieron por tanto con un fin propagandístico.
Pérez Boada se declara "apenado" por las subidas en las dietas de los consejeros
El que fuera director del IVF durante los años en que se cebó la bomba de créditos al ladrillo que acabó con la CAM, ha reconocido que el instituto sí tenía la competencia sobre las retribuciones y dietas de los miembros del consejo de administración. Pérez Boada ha afirmado que mientras fue responsable no se aprobaron aumentos, pese a las peticiones. “Que luego se utilizaran operaciones puente o participadas para saltarse la normativa lo que hace es apenarme”, ha dicho.
El diputado socialista Ángel Luna ha recordado en ese sentido que a finales de 2009 el consejo de administración de la CAM aprobó la creación de otro consejo de administración en una de esas empresas participadas, Tinser SL, propiedad al 100% de la propia caja, que hasta entonces tenía como apoderado único a un empleado de la entidad. Al frente de ese consejo de administración se puso el mismo presidente de la CAM y hombre de confianza del expresidente Francisco Camps, Modesto Crespo. A continuación se aprobó que los miembros del consejo de Tinser cobrarían 300.000 euros al año en dietas, haciéndolo retroactivo a los dos trimestres anteriores. Todo ello figuraba en las actas del consejo de la CAM, a las que tenía acceso el IVF que contaba, además, con una persona en el consejo de control de la caja. “Ustedes no se leían ni las actas”, ha resumido Luna.
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