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Catalá aplica la subida de ratio de alumnos y horas lectivas de Rajoy

Educación autoriza 30 niños por aula de Primaria, 36 en Secundaria y hasta 42 en Bachillerato

La consejería estima que ahorrará 50 millones de euros al dejar de contratar interinos

La consejera María José Catalá con los delegados de alumnos de universidades.
La consejera María José Catalá con los delegados de alumnos de universidades.

La Generalitat pretende tomar la “iniciativa” y situarse a la cabeza en la aplicación de los recortes en el ámbito educativo aprobados por el Gobierno de Rajoy. La regulación autonómica, elaborada por la Consejería de Educación, asume pues la subida máxima de ratio fijada por el Gobierno para el próximo curso del 20% de alumnos por aula. Esto significa que en Primaria se pasará del máximo de 25 alumnos por aula a grupos de 30 niños. La media actual es de 20,6 alumnos. En Secundaria, el máximo pasa de 30 a 36 y en Bachillerato, a hasta 42 alumnos por aula. Además, se confirma la reducción de grupos de FP y Bachillerato que, a partir de dos grupos de 15 o más alumnos, se unificarán en solo uno de más de 30 alumnos por clase.

La aplicación del Real Decreto del Gobierno de Rajoy supondrá la no contratación de, al menos, 1.200 interinos docentes, según estimaciones de la consejería. Aunque los sindicatos elevan la cifra hasta los 3.000 afectados. El proyecto consuma también las propuestas contenidas en el Real Decreto 14/2012 para que las comunidades autónomas puedan elevar el número lectivo de horas a los funcionarios docentes. En el caso valenciano, la Generalitat también opta por el máximo de elevar el horario lectivo docente de 18 a 20 horas.

Esta será de obligado cumplimiento para el personal docente y los maestros de Pedagogía Terapéutica que trabajan en colegios de Primaria y los especialistas de los Servicios de Orientación de los institutos.

Las “excepciones” al aumento de ratio serán solo en los casos de centros o unidades específicas de educación especial, en los llamados centros de Acción Educativa Singular (CAES) autorizados en zonas muy depauperadas y en los Colegios Rurales Agrupados (CRA).

Esto supone la no contratación, según la consejería, de 1.200 profesores interinos con un ahorro estimado de 50 millones el próximo curso. Además del ahorro aproximado de más de 100 millones de euros procedente del recorte del 50% del precio de los sexenios docentes y de la previsión de ahorro de la paga de agosto de los 7.000 interinos que acabarán el 30 junio el curso escolar y dejarán de cobrar la paga de agosto.

Los sindicatos rechazan estas medidas y multiplican por tres el impacto del decreto de Rajoy y del aplicado ya por el Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra desde el 21 de enero.

“El aumento de ratio del 20%, unido al resto de recortes de líneas, programas y horarios, llevará a más de 3.000 despidos en julio y miles de profesores desplazados, con la consiguiente merma de calidad educativa”, augura Miguel Ángel Vera, secretario general de la federación de enseñanza de CC OO. De hacerse efectiva la aplicación de la “horquilla máxima” de alumnos por aula en todos los niveles y programas educativos, el número de interinos docentes afectados, según el Consejo Económico y Social, “podría llegar a 8.000”.

“El Gobierno valenciano abdica así de sus competencias, asumiendo dócilmente un Real Decreto que ha sido discutido incluso por otras comunidades del PP, reforzando la idea de que esta comunidad está intervenida por el Estado de facto”.

En paralelo, la consejera de Educación, María José Catalá, se reunió el lunes, de forma extraordinaria, con los delegados de alumnos de las universidades públicas para explicar la subida de tasas de matrícula aprobada el viernes por el Consell, que también se acoge a la banda medio-alta dictada por el Gobierno de Rajoy. Es decir, entre el 15% y el 25%, la Comunidad Valenciana aplicará el 20%.

Con este aumento, y el acumulado por el incremento del año pasado, la consejería espera ahorrar en 2013 unos 88 millones de euros.

Además ha puesto sobre la mesa una severa reorganización del mapa de las 170 titulaciones y 274 másteres, para reducirlo, al menos, en un tercio, con la pretensión de ahorrar 62 millones más en titulaciones duplicadas o que tienen menos de 50 alumnos por grupo. Esto supone que se eliminará un título de grado o un máster oficial que se repita en dos universidades de la misma provincia.

Catalá acordó con los delegados de alumnos de las universidades una reunión de trabajo la semana próxima con el director de Universidades. Los alumnos, según explicó Antonio de Hoces, de la Politècnica de Valencia, piden “ajustes” a la subida de tasas en situaciones de excepción. Una de ellas es que se duplica el precio de la cuarta matrícula y hay ingenierías donde el plan de estudios es de cinco años, pero la media es de nueve años debido a que el plan de estudios tiene demasiados créditos. “Esto puede encarecer el precio de una asignatura hasta en 1.000 euros”, calcula de Hoces.

Otra cuestión a negociar es la política de becas “para que llegue al número máximo de alumnos que las necesitan”. Catalá se comprometió con los delegados de alumnos a crear un “observatorio” y valorar la posible reducción de la horquilla máxima de tasas en algunos tramos y títulos experimentales.

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