Docentes, alumnos y familias piden a la Junta que se revuelva contra los recortes

La decisión adoptada por el Gobierno de España de recortar el gasto educativo a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de empleo público, están destruyendo día a día el Estado del Bienestar, patrimonio de la ciudadanía que de forma insuficiente se ha ido construyendo en España y Andalucía en las últimas décadas. El Estado del Bienestar enraíza con la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales, redistributivos, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad. Sin servicios públicos no pueden atenderse las necesidades sociales en el mundo actual.

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una disminución del gasto social y una reducción de la fiscalidad y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos que fomenta una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente, cada vez estamos peor: menos Estado y más Mercado. Y ese no es el camino. El Gobierno del Partido Popular sistemáticamente está adoptando medidas que están suponiendo una fuerte reducción del gasto en políticas compensadora de desigualdades destruyendo con ello el modelo social y democrático de derecho que nos ha costado tantos años construir, devolviéndonos así al pasado.

Es la enseñanza pública la que asegura la escolarización de toda la población allá donde esté. Actualmente la enseñanza pública es la única que llega a todos los rincones de Andalucía, desde las grandes áreas metropolitanas hasta el pueblo más aislado, desde el centro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, a muchos lugares donde nunca será lucrativo para la iniciativa empresarial privada.

La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa. Ha impulsado el avance de Andalucía en esta última etapa histórica y ha sido clave de nuestro contrato social: la mejor garantía del derecho constitucional a la educación. En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.

Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Defendemos la gestión pública directa como mejor fórmula para procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, a la educación y a la atención social.

En Andalucía la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. NO es verdad que, como norma general, en España ni en Andalucía sobren empleados públicos. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas, están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público y con ello del servicio que prestan. En consecuencia, creemos que el gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, además de la sanitaria y del resto de servicios sociales, es la mejor inversión que las administraciones públicas andaluzas pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.

Los recortes en la educación pública andaluza están viniendo y se pueden acrecentar tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado y de los trabajadores de la enseñanza como por los servicios y la atención que realiza este servicio público, medidas incluidas tanto en los presupuestos generales del estado como en el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo: reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, aumento de la ratio, la disminución de grupos escolares, la desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, etc., lo que puede provocar en Andalucía el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino.

Aumentar el número de alumnos por clase y la supresión de los programas citados, perjudica principalmente al nuestro alumnado y fundamentalmente a los más débiles de entre ellos, aquellos que necesitan una atención más individualizada y de refuerzos educativos, sobre todo porque estos recorte inciden en los niveles de calidad y conocimientos. Perjuicios evidentes también para las familias, que se verán obligadas a trabajar una escuela paralela con refuerzos extraescolares, las que se lo puedan permitir, en definitiva es un grave perjuicio a toda la Comunidad Educativa. Todo ello se verá agravado con la posibilidad de la no oferta de dos de los tres bachilleratos actuales por los centros y el daño a la oferta de Formación Profesional.

La reciente decisión del Gobierno del Partido Popular de paralizar las oposiciones docentes en Andalucía mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional es contraria a las necesidades de la educación andaluza y provocará una menor atención educativa cerrando las expectativas laborales a mucho profesorado andaluz. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a las generaciones de los jóvenes andaluces mejor formados en las universidades y centros educativos de toda nuestra Historia. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su población joven.

Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicar a los trabajadores de la educación ni el empeoramiento de las condiciones laborales, que además van a impedir que los nuevos universitarios titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público andaluz.

Todas estas medidas afectarán a Andalucía pues desde el gobierno del Partido Popular se reducirán los recursos que transfiere el Estado a nuestra Comunidad Autónoma. La educación pública es el pilar básico para avanzar en igualdad y equidad en Andalucía. Recortar sus recursos es fomentar una mayor brecha social que no debemos permitir. El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable.

PLATAFORMA ANDALUZA POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

CC OO, CGT, Codapa, UGT, Sindicato de Estudiantes y Ustea