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La subida del 20% de la matrícula universitaria ahorrará 50 millones

Los cinco rectores y la consejera Catalá coinciden en racionalizar titulaciones

Los rectores de las universidades valencianas, ayer, con la consejera de Educación.
Los rectores de las universidades valencianas, ayer, con la consejera de Educación.

La Generalitat tiene “serias dificultades” para seguir afrontando la “compleja situación de crisis financiera” en que se encuentra sumida la Administración autonómica. La subida de la matrícula universitaria en un 20% supondría un ahorro del presupuesto del sistema universitario público de 50 millones de euros. Este es el escenario y son los números que la consejera María José Catalá puso ayer sobre la mesa en la primera reunión de un responsable autonómico con los cinco rectores de las universidades públicas, tras la publicación el sábado 21 de abril en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El decreto del Gobierno de Mariano Rajoy autoriza subidas de matrícula tanto para los títulos de Grado como para los másteres de entre el 15% y el 25% en los costes de primera matrícula; entre 30% y 40% en segunda; entre el 65% y el 75% y del 90% y 100% en cuarta. Según cálculos del propio Ministerio de Educación los incrementos podrían subir la matrícula del próximo curso una media de 540 euros por alumno universitario, dependiendo de la experimentalidad de la titulación.

Casi tres horas duró ayer por la tarde la reunión entre la responsable del sistema universitario valenciano y los rectores Juan Juliá, de la Universidad Politécnica y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); Esteban Morcillo, de la Universitat de València; Ignacio Raneda, de la de Alicante; Vicente Climent, de la Jaume I de Castellón y Jesús Tadeo Pastor, de la Miguel Hernández de Alicante, en un ambiente cordial.

El mayor dique de separación está todavía en la inclinación de la consejera Catalá, que se decanta por la “banda alta” a la hora de aplicar las subidas, ante la delicada situación de tesorería de la Generalitat.

El Consell no puede

aprobar las tasas sin pasar por

el consejo universitario

Los rectores reconocen que los precios de los créditos universitarios en la Comunidad Valenciana están dos puntos por debajo de la media nacional. Pero mostraron su “preocupación” por la subida de precios públicos auspiciada por el Ministerio de Educación, que supone un incremento de hasta el 50% de la matrícula y pidieron que vaya acompañada por un “potente” plan de becas.

Con el alto nivel de desempleo del 25% en la Comunidad Valenciana, que afecta a 650.000 personas; los recortes aplicados a los sueldos de los funcionarios de la Generalitat y el bajo poder adquisitivo, existe el riesgo real de que las familias no puedan soportar el coste.

“Hay que pensar en no perder el talento de los jóvenes que quieren estudiar”, insistieron los rectores, que consideran que “son un activo muy importante para el sistema valenciano y ahora mismo la situación de las familias es muy complicada”.

Los rectores valencianos pidieron que la consejería “afine los números” para tratar de ir hacia la banda baja de precios autorizados en el Real Decreto, tanto en las primeras matrículas, como en los estudiantes que están a mitad de carrera, pero obtienen buenos resultados.

La penalización estaría muy orientada a los malos estudiantes. “Que quienes tienen que hacer más esfuerzo y quienes menos rinden, evidentemente, tienen que tener menos beneficios”, explicó el rector Juliá.

“Este es un principio que los estudiantes entienden”, ha apuntado el portavoz de la CRUE, organismo que lleva tiempo trabajando con la Conferencia de Estudiantes de Universidades españolas.

La Comunidad Valenciana, donde estudian unos 130.00 alumnos en las cinco universidades públicas, tiene hoy por el precio de crédito más barato de España: 12,24 euros, frente a los 15,53 de Navarra.

Una subida del 50% provocaría fuertes “desajustes en las familias” advirtierono los rectores valencianos. “En España las tasas académicas son las más bajas de Europa, también es verdad que la aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de España en becas es la mitad de la media de la OCDE: es del 0,1% del PIB, frente al 0,2% de la OCDE”, insistió Juliá.

Los cinco rectores coinciden, pues, en que la clave de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social reside en “reforzar” la política de becas.

En eso, apunta Raneda, la consejera Catalá se mostró “sensible” y receptiva. Aunque, la realidad es que “tienen que hacer aún muchos cálculos. No hay nada cerrado”.

Al planteamiento de la subida de tasas, Catalá añadió otra prioridad: el diseño de un “nuevo mapa de titulaciones” que “racionalice” la oferta, para evitar “duplicidades”, al menos entre universidades cercanas, y fomente la “cooperación” de campus, sobre todo en la oferta de másteres.

“En lo que sí hay acuerdo pleno entre los rectores y la consejera es en la necesidad de trabajar para conseguir un mapa de titulaciones más racional”, confirma el rector de Alicante.

De momento, la Consejería de Educación no da ninguna pista sobre los plazos que maneja para adoptar una decisión y aprobarla en el Consell. No obstante, existen fuertes especulaciones sobre las medidas que pueda aprobar el Consell entre el próximo viernes y el siguiente en relación a las medidas de ahorro que promueve el Gobierno.

La ley que regula el sistema universitario valenciano obliga a la Generalitat a convocar al Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior no sólo para informar de la subida de tasas. Es “preceptivo” convocar para poner en común las medidas a adoptar.

El plazo de las universidades viene marcado por la actividad intrínseca propia: el plazo para formalizar los abonos de la matrícula por parte de los alumnos es en julio, por lo que sería deseable que la Generalitat hiciera pública la decisión y la pusiera en marcha antes de mediados de julio.

El escenario social al que se enfrenta la Generalitat no es halagüeño. Los tres grandes sindicatos de enseñanza CC OO, STEPV y UGT y todos los sindicatos y asociaciones progresistas de las universidades públicas presentan hoy una Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Su caballo de batalla, intentar minimizar el impacto del Real Decreto de Rajoy.