Un imputado en el fraude de Emarsa se niega a comparecer en las Cortes

Era el único que estaba directamente relacionado con el saqueo de Emarsa de cuantos permitió el PP que comparecieran ante la comisión de investigación creada en las Cortes Valencianas. Pero no acudirá. José Juan Morenilla, que fue gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), el organismo de la Generalitat que supervisa la gestión de las depuradoras, envió el jueves un escrito al presidente de la Cámara, Juan Cotino, en el que comunica que no comparecerá esta tarde en la comisión, como estaba previsto.

Morenilla, que mientras se ponía en marcha la comisión ha sido imputado por el juez junto al hasta ahora director de explotación de EPSAR, Ignacio Bernácer, por haber inflado presuntamente los precios y haberse repartido ilegalmente los sobrecostes por el tratamiento de lodos que la Generalitat subvencionaba a Emarsa, señala que su imputación recomienda que no se someta a las preguntas de los diputados. “Me veo en la obligación de indicarles”, escribe a Cotino en su carta, “que, en tanto en cuanto no se solvente mi relación con dichos hechos, considero lo más oportuno y prudente mantenerme ajeno a cualquier comparecencia de esta índole, todo ello con el máximo respeto a la institución a la que me dirijo”.

Según el exgerente de Epsar, su ausencia de la comisión “no debe ser entendida como un acto de desobediencia”. “Está motivada únicamente por el cambio sufrido en mi estatus personal”, añade Morenilla. “Llegado el caso de verme liberado de las obligaciones antes referidas, no tendré inconveniente alguno en comparecer ante la comisión y cumplir con mis obligaciones como ciudadano, por lo que espero que comprendan y respeten mi decisión”.

Martínez acusa al PP de convertir la comisión en "un mero teatro, en un paripé"

No opinó lo mismo la diputada socialista Carmen Martínez, que calificó de “ilegal” el rechazo de Morenilla a comparecer. “No sólo es ilegal”, dijo, “sino que es una gran estafa a la ciudadanía y vamos a pedir a la Cámara que actúe contra él por un delito de desobediencia”.

Carmen Martínez recordó que, según la ley, quienes se nieguen a obedecer un requerimiento de un Parlamento autonómico, “serán castigados como reos de delito de desobediencia”. La diputada socialista acusó al PP de “haber convertido en un mero teatro y en un paripé” la comisión de investigación. Morenilla era el único de los 31 imputados por el escándalo citado a declarar ante la comisión parlamentaria. Desde el principio, el PP ha intentado evitar que la investigación implicara a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que disponía del 48% del voto en Emarsa a través del Ayuntamiento de Valencia, y a la Generalitat.

La imputación de Morenilla y Bernácer, para quienes la fiscal del caso Emarsa solicita fianzas de 13,7 millones de euros, salpica a quienes fueron consejeros responsables de la Epsar. De ahí que Martínez afirmara: “La ausencia de Morenilla nos carga de razones para reiterar de nuevo nuestra petición de que los dos últimos presidentes del consejo de administración de la Epsar, Juan Cotino y Maritina Hernández, comparezcan y nos dén todas las explicaciones de por qué confiaron en Morenilla y Bernácer para el cargo y avalaron su gestión”.

La administradora  de Agrología Ecológica asegura ante el juez haber sido utilizada

Por otra parte, el jueves prestó declaración ante el juez instructor Vicente Ríos otra de las imputadas en la causa. Se trata de Aurora Cubillos, administradora de Agrología Ecológica. Esta firma está participada en un 30% por quien era jefe de Medio Ambiente de Emarsa, Adolfo Polo. Como otros directivos, Polo trabajaba por la mañana en la empresa pública y por las tardes en otra empresa vinculada a proveedores de Emarsa. La investigación ha revelado una extraña cadena de facturaciones entre las distintas firmas que podría haberse utilizado para difuminar el rastro del dinero. Polo reconoció ante el juez que en una de esas firmas, Iris Tractaments, puso como administradora a su esposa, la también imputada Olga del Pozo, porque haber figurado él mismo habría dado “mala imagen”.

Iris Tractaments hizo negocios con empresas que trataban los lodos de Emarsa, la principal vía del saqueo. A su vez, otras firmas participadas por Polo facturaban a Iris. Una de ellas era Agrología Ecológica, dedicada a sistemas de riego aunque en la práctica con muy baja actividad, que en 2009 cobró 14.039 euros de Iris. Su administradora, Aurora Cubillos, afirmó ante el juez que desconocía esa facturación hasta que su nombre apareció en prensa como imputada, y Polo le reconoció que las facturas las había confeccionado él.

Cubillos, psicóloga de profesión, se desvinculó de la gestión de Agrología, y explicó que se convirtió en administradora a petición de su padre porque se había jubilado. Se trata de Antonio Cubillos, que fue alcalde socialista de Catarroja hasta 1995, que fue presidente de Emarsa y que más tarde abandonó el PSPV-PSOE para crear su propio partido. Según fuentes del caso, Polo y Antonio Cubillos coincidieron en la depuradora. Su hija afirmó ante el juez, en cambio, que la relación entre ambos empezó porque Polo fue alumno de su padre en la Universidad Politécnica de Valencia, y los dos decidieron crear la empresa para explotar una patente de riego subterráneo. Aurora Cubillos declaró que su empresa apenas tuvo actividad y que del día a día se encargaba una gestoría de Catarroja, a la que el juez requerirá toda la documentación.