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La fiscal solicita 13,7 millones de fianza para dos excargos del Consell

Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer supervisaban Emarsa desde la entidad de la Generalitat Una imputada dice que la empresa metropolitana le hizo encubrir el sueldo de una edil del PP

Ignacio Zafra
Juan José Morenilla, exgerente de la EPSAR.
Juan José Morenilla, exgerente de la EPSAR.

La fiscal del caso Emarsa ha solicitado una fianza de 13,7 millones para los dos excargos de la Generalitat imputados en la causa: José Juan Morenilla, que fue hasta el verano pasado gerente de la Entidad de Saneamiento (Epsar), e Ignacio Bernácer, recientemente destituido por el Consell como jefe de explotación de la misma sociedad pública. Epsar tenía entre sus misiones financiar —a través del canon que los vecinos de Valencia y los municipios de su entorno pagan con la factura del agua— y supervisar la gestión de las depuradoras de la comunidad autónoma. Ambos cargos, según sospecha el juez Vicente Ríos y sostienen las acusaciones, se dedicaron, en cambio, a orquestar el principal de los muchos saqueos que sufrió la depuradora de Pinedo que gestionaba Emarsa.

Dos testigos han declarado que Morenilla y Bernácer fijaron desde la entidad de la Generalitat precios desproporcionados por el tratamiento de los lodos de la planta que debía pagar Emarsa. Y que se embolsaron parte de ese sobrecoste, que el empresario huido de la justicia, Jorge Roca, les entregaba a ellos y a otros dos imputados a razón de 180.000 euros al mes.

El ministerio público también ha solicitado al juez que se investigue el patrimonio de los dos excargos, así como el de sus familiares directos: esposa o pareja de hecho, padres y hermanos.

La fianza solicitada por la fiscal pretende cubrir la eventual responsabilidad civil a la que se pueden enfrentar ambos imputados en el caso de ser condenados. El juez ya dictó hace meses una fianza solidaria global para los imputados de 25 millones de euros, la cantidad en la que el magistrado estimó “prudencialmente” la magnitud del dinero público saqueado en Emarsa.

Ante la resistencia de buena parte de los imputados a poner a disposición del juzgado fondos o dinero suficiente como para cubrir sus fianzas, el instructor ha decretado varios embargos. El último se conoció ayer y afecta a José Luis Sena, socio de Notec, otra de las firmas relacionadas con el tratamiento de los lodos de Emarsa. El juez le embargó la mitad indivisa de una casa así como sus participaciones en ocho sociedades. Todo ello será insuficiente, con casi toda seguridad, para alcanzar la fianza de 2,7 millones de euros que le impuso el instructor.

El juez rechazó igualmente el recurso que contra su fianza, de 25 millones de euros, había interpuesto Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP. Sí aceptó, en cambio, como le pedía Crespo, levantar el embargo sobre una de las cuentas bancarias que habían sido intervenidas por el juzgado, para que el exalcalde pueda mantener en ella la domiciliación de los recibos del agua, la luz y las contribuciones.

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El caso Emarsa prosiguió, por otra parte, en el juzgado con la declaración de otra de las imputadas, Eva Marsal. La empresa de Marsal, entonces pareja del exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, facturó 117.926 a la sociedad pública. La imputada afirmó que la sociedad pública utilizó a su firma, Management de Azafatas y Servicios (Grupo Mas), para encubrir la contratación de la portavoz del PP en Benetússer, Marisol Giner.

La exedil popular es una de las cuatro personas que, según declaró ante el juez el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, estuvieron cobrando de la empresa pública a pesar de que solo aparecían por la planta depuradora el día que había que cobrar. Marsal sostuvo que aceptó a costear su contrato porque era la condición que le impuso la sociedad pública para poder encargarse de la presencia de Emarsa en la Expo 2008 de Zaragoza.

Marsal, que solo aceptó responder a preguntas de su letrado, afirmó que su implicación en la causa de corrupción ha llevado a su empresa a la quiebra. Y trató de distanciarse de las irregularidades cometidas en Emarsa. Según afirmó, de todas la cuestiones administrativas, contables y financieras se ocupó Arnal.

La imputada afirmó igualmente que Emarsa también utilizó a su empresa para la adquisición de entradas para el Open 500 de Tenis y el premio de Fórmula 1 de Valencia.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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