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El juez ahonda en los cursos de formación de Emarsa

Arrima cobró 188.000 euros de la empresa públicos por clases bajo sospecha

Una de las muchas formas que los imputados en el caso Emarsa encontraron para exprimir presuntamente a la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia fueron los cursos de formación. La nueva declaración de Antonio José Arnal, administrador, entre otras, de la empresa Arrima, ante el juez instructor Vicente Ríos, no sirvió para despejar las sombras. Arrima cobró 188.000 euros de Emarsa por cursos que el juez y la fiscal sospechan que no se impartieron, o que se facturaron por muchas más horas y muchos más alumnos de los que tuvieron.

Arnal no pudo explicar las contradicciones que existen en la abundante documentación unida a la causa. Por qué un curso titulado Inglés técnico sector químico figura que lo hicieron 17 personas pero solo hay tres cuestionarios de evaluación del mismo. Por qué en ese mismo curso, previsto de 8.00 a 9.30 de la mañana del 17 de octubre de 2005, el docente entró en Emarsa a las 9.05, salió a las 9.25 y lo dio por impartido. Por qué del curso Liderazgo y coaching solo hay un cuestionario de evaluación y está entregado el 24 de noviembre, cuando no terminaba hasta mediados del mes siguiente. Por qué en muchos otros cursos no hay fichas de alumnos y los cuestionarios de los supuestos alumnos carecen de identificación, firma y fecha.

Precios hinchados

A veces el curso duraba, según Emarsa, siete horas y Arrima cobraba 20. O, como en Presentaciones eficaces, su precio máximo en función del contrato firmado con la depuradora debía ascender a 1.938 euros y, sin embargo, cobró 4.472. Arrima fue sustituyendo progresivamente los cursos presenciales por otros “online no tutorizados”, en los que es mucho más difícil saber quién los hizo.

El juez ahondó en el hecho de que Arrima facturó decenas de miles de euros a empresas que también están siendo investigadas vinculadas a su hermano, Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa y exteniente de alcalde de Moncada con Unión Valenciana, imputado en la misma causa. La detección de facturaciones cruzadas es una tónica en el caso, y podría corresponder con el intento de ocultar el rastro del dinero. Antonio José Arnal sostuvo que a todas esas empresas les facturó por darles formación. Incluida a Mirador Aqua que, en sus propias palabras, se dedicaba “a explotar una cafetería y a alquilar inmuebles”.