El Colegio de Farmacéuticos analiza si expedienta a un profesional condenado

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó el pasado 27 de enero a J.L.E.G., titular de una farmacia en el barrio bilbaíno de Indautxu, a dos años de prisión y una multa de unos 2.000 euros por un delito de estafa y otro de falsedad en documento público. El acusado, de 35 años, modificó a mano entre agosto de 2009 y junio pasado un total de 816 recetas, lo que le generó un beneficio neto de 410.504 euros, según el fallo. La sentencia es firme, al haber manifestado las partes que no tenían intención de recurrirla.

J.L.E.G. reconoció su culpabilidad cuando fue descubierto y devolvió todo el dinero robado. Ambas circunstancias fueron tenidas en cuenta como atenuantes. Dado que no tenía antecedentes penales, no ingresó en prisión. El fallo no le inhabilita para el ejercicio de su profesión, por lo que puede mantener abierto su negocio.

“Creo en las segundas oportunidades”, dice la presidenta del Colegio

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia envió el pasado 26 de marzo una circular a sus 1.666 colegiados en la que expresaba su “más profundo malestar y repulsa hacia este tipo de actitudes”. El Colegio “no puede consentir ni permitir que acciones como esta puedan llegar a desprestigiar la labor de la inmensa mayoría de los profesionales farmacéuticos de Bizkaia”, continuaba la nota.

A renglón seguido, informaba de que se habían iniciado los trámites para presentar ante la junta de gobierno del Colegio la apertura al condenado de un expediente disciplinario, “al objeto de depurar las posibles consecuencias y responsabilidades que semejante actuación pudiera conllevar en el ámbito de la responsabilidad deontológica y profesional”. Por último, se congratulaba de que el delito cometido por J.L.E.G. “no haya comprometido” la salud de los ciudadanos.

Será la junta de gobierno del Colegio la que decidirá si se abre o no un expediente disciplinario al boticario y si se le sanciona o no. Cuestionada sobre si J.L.E.G podría ser expulsado de forma temporal o definitiva del Colegio —lo que le impediría seguir regentando su farmacia—, la presidenta del Colegio, Virginia Cortina, se limitó a comentar a EL PAÍS que “todo se lleva con absoluto secreto”.

“No sé ni yo lo que va a pasar. Se van a seguir los pasos que establecen los estatutos”, indicó. Tras insistir en que “se trata de un hecho aislado” que no debe empañar la labor de los farmacéuticos vizcaínos, Cortina dijo sentirse “superada” por una situación “que nunca se había dado” en Bizkaia. “Lo que haya que hacer se hará. No es agradable para nadie. Y no existe un precedente que muestre un camino. Estoy a ciegas y no quiero dar pasos en falso", apostilló.

Cortina, quien no conoce al condenado, resaltó a continuación: “Hasta donde yo sé, esta persona ha devuelto el dinero. Ha reconocido su culpa y eso es más de lo que hemos visto en otras actuaciones”. “No estoy defendiendo a nadie, pero hay que tener ecuanimidad”, continuó. “No nos vamos a cargar a la gente porque haya cometido un error. Creo en las segundas oportunidades. Todos somos buenos jueces cuando les ha tocado a otros”, indicó Cortina antes de calificar la sentencia como “dura”.

J.L.E.G. fue condenado por manipular durante casi dos años 816 recetas de medicamentos con restricción en su dispensación, según concluye la sentencia. En estos casos, antes de canjear la prescripción en la farmacia, el paciente debe acudir al Servicio de Inspección Médica, que ya existe en bastantes ambulatorios, para que le pongan un sello. Se trata de un mecanismo de control sobre ciertos fármacos, algunos bastante caros.

Cuando un paciente acudía a la farmacia del acusado con una de estas recetas J.L.E.G. le facilitaba el medicamento y, a continuación, realizaba la falsificación, que consistía en “incrementar manualmente” el número de envases o unidades que figuraban escritos tanto en el sello de la Inspección como en la casilla rellenada por el médico. La cifra del sello figuraba a bolígrafo, mientras que el número de envases que ha prescrito el facultativo está impreso. Ambos deben coincidir. En caso contrario, el farmacéutico debe ponerse en contacto con Sanidad.

La sentencia no especifica cómo se las apañaba J.L.E.G. para realizar la manipulación. Fuentes próximas al caso no descartan incluso que tuviera en su poder recetas blancas, sin utilizar, y un sello de Inspección. Cortina asegura “desconocer” si puede resultar tan sencillo como parece manipular recetas. Una vez cambiados los números de envases, J.L.E.G. remitía las nuevas recetas a la Dirección de Farmacia de Sanidad y facturaba por ellas mucho más dinero del que se había gastado. Así consiguió los 410.504 euros.