Ni un informe por absentismo laboral entre funcionarios

El Gobierno valenciano no ha abierto en los dos últimos años ningún expediente por absentismo laboral a ninguno de sus 228.000 funcionarios. Así consta en la respuesta que el consejero de Hacienda y Administración pública, José Manuel Vela, ha remitido al diputado socialista Rafael Rubio. “La Consejería de Hacienda no tiene constancia alguna de que en 2010 y 2011 se hayan aperturado expedientes administrativos de ningún tipo, ni disciplinarios, ni sancionadores, por absentismo laboral”, responde el consejero, que advierte que la competencia en esta materia corresponde a cada departamento.

Para el diputado socialista Rafael Rubio, la respuesta evidencia la campaña de desprestigio lanzada por el PP contra los empleados públicos, especialmente contra los docentes, a los que se acusó durante las protestas estudiantiles de tener un porcentaje de bajas superior al 27% el año pasado. Según los datos, luego matizados, que facilitó la Consejería de Educación, casi 3.000 de los 51.000 profesores no universitarios registraron una baja el año pasado, lo que supuso un coste de 63 millones de euros para las arcas públicas. Los sindicatos aseguraron que los datos facilitados por Educación eran falsos y solo tenían como objetivo desprestigiar la imagen de un colectivo beligerante contra los recortes, ya que en ningún caso alcanzan el umbral del 4% a partir del cual se produce una situación excepcional según el criterio de las mutuas.

Los socialistas critican la campaña de desprestigio contra los funcionarios del PP

Para Rubio, la contestación oficial demuestra que hay un intento de empañar la imagen de los docentes, porque el sector educativo no universitario se ha mostrado como uno de los más activos frente a los recortes del Consell. “Si el absentismo fuese tan exagerado como dicen tendría que existir algún expediente, y el consejero no tiene constancia de ninguno”, afirma el portavoz de Función Pública del PSPV en las Cortes Valencianas.

El diputado socialista considera que la campaña para deteriorar la imagen de los empleados públicos se ha intensificado con la decisión del Consell que preside Alberto Fabra de cargar sobre las nóminas de este colectivo buena parte de los recortes aprobados con el decreto ley del pasado 5 de enero.