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La Xunta pacta cobrar 5,5 millones por el vertido tóxico de Caldas

Acuerdo extrajudicial entre el Gobierno gallego y la aseguradora de Brenntag

El accidente que contaminó en 2006 las aguas del río Umia a la altura de Caldas de Reis le costará a la aseguradora de la empresa Brenntag, causante del desastre, 5,5 millones de euros. La Xunta llegó a un acuerdo extrajudicial la semana pasada para cobrar esa cantidad, que rebaja considerablemente sus aspiraciones iniciales, de 9,6 millones, como indemnización por costes de actuación tras el vertido al río. El material contaminante procedente de la industria química Brenntag provocó graves daños en la flora y la fauna del cauce. Ayer, fuentes judiciales consultadas por la agencia Efe indicaron que la Xunta y la aseguradora Chartis, de la citada multinacional alemana, alcanzaron el acuerdo económico en lo que concierne a la indemnización, por lo que en la vista oral que se celebra desde el lunes en un juzgado de Pontevedra solo mantiene su petición de responsabilidades penales en el caso.

La Xunta, que mantuvo hasta el último momento el pacto en el ámbito confidencial para “no interferir en el proceso judicial abierto”, cree que es mejor asegurarse el cobro inmediato de los 5,5 millones antes que esperar el “resultado incierto” del juicio.La Administración autonómica también ha tenido en cuenta la posibilidad de verse abocada a un proceso de recursos que, en todo caso, retrasaría durante años la posibilidad de cobrar, según las fuentes consultadas.

En un principio, la Xunta reclamaba 9,6 millones de euros por costes de actuación para apagar el incendio y contener el vertido tóxico; por daños ecológicos y por las obras de emergencia que acometió para garantizar el abastecimiento de agua a la comarca del Salnés.

Mientras, la segunda jornada del juicio por el incendio y posterior vertido tóxico de la química Brenntag en Caldas al río Umia en 2006 tuvo ayer como principal aliciente la declaración de los peritos, de los que se esperaba que precisasen las causas de la deflagración pero que acabaron añadiendo más misterio al origen del chispazo inicial, que uno de los expertos atribuyó al azar. El vertido sí afectó a la fauna del río, según el testimonio de otros dos técnicos.

“La causa pudo ser fortuita”, señaló el experto en incendios de la Guardia Civil que realizó uno de los informes periciales. La conclusión cogió a contrapié al fiscal, que venía defendiendo como culpable de la chispa original a la electricidad estática que supuestamente se generó al verter en unos contenedores el contenido tóxico de un camión cisterna sin que los operarios acoplasen antes en ambos extremos una toma de tierra. Un descuido criminal según la fiscalía, que acusa a esos dos trabajadores por imprudencia grave y a una consejera de seguridad por no supervisar el proceso, y pide para ellos cuatro meses y 15 días de prisión y 9,6 millones de euros solidariamente con la multinacional, la mayoría de ellos a instancias de la Xunta.

La fiscalía acusa
a dos trabajadores por

delito de imprudencia grave

Tanto era así que durante la jornada del lunes y buena parte de la de ayer la discusión estribó en demostrar si la toma de tierra estaba conectada o no, como señaló al inicio del juicio un conductor que esperaba en la planta para descargar cuando se produjo el incendio. El perito del instituto avaló esta tesis con el argumento de que no se encontraron restos metálicos tras el incendio, “que habrían aparecido por muy alta que fuese la temperatura”. Pero señaló que una “simple fricción del viento” era también una causa plausible.

Otro experto, ingeniero industrial que trabajaba para la Xunta, insistió en que el uso de la toma de tierra era “elemental”, pero no obligatorio según la normativa, un real decreto de 2001, a pesar de que en su informe había hablado de ilegalidad, según le recriminó un acusador. La declaración causó un amago de rifirrafe entre fiscal y abogados de la defensa, que discutieron sobre si un artículo era aplicable o no al caso concreto. El juez pareció dar la razón al acusador público.

Antes de los peritos había declarado como testigo el jefe de planta, superior de los acusados, que con sus respuestas dio a entender que el incendio habría respondido a un suceso natural, más que a una negligencia. El directivo insistió en que se instaló la toma de tierra, pero que hacerlo era una recomendación y no una obligación legal, y que se si el vertido llegó al río fue porque el agua que usaron los bomberos hizo rebosar las cubetas. También sostuvo que el proceso de descarga no necesitaba de supervisión, y que la consejera de seguridad no tenía realmente funciones de seguridad. Un experto en limpieza de vertidos de la química, que destacó su experiencia en el tratamiento de la catástrofe de Aznalcóllar en Doñana en 1998, presumió de la rápida intervención y recordó que recibieron por ello la felicitación del entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

Más favorable a los intereses de la acusación fue la declaración de los peritos que analizaron la calidad de las aguas tras el vertido. Los abogados de la defensa se escudaban en la situación de contaminación endémica del río Umia, y en ese sentido aprovecharon la declaración de dos policías locales, que señalaron que efectivamente la misma mañana del vertido se habían detectado peces muertos en el área. Los dos peritos encargados de este asunto declararon conjuntamente, y ante las preguntas de la defensa sobre la relevancia de los vertidos uno de ellos acabó exclamando: “Afectaron a la biodiversidad, por supuesto que sí”. Antes había explicado que los compuestos, que despedían un olor “nauseabundo”, habían consumido todo el oxígeno y matado a todos los peces en la zona. La contaminación no fue persistente más allá de unos 20 días, admitieron. Un quinto perito aseguró a continuación que un año y medio después del accidente no se había recuperado la población de lamprea en esa zona del río.