Una trama captó ayudas forestales para fincas que no eran suyas
Dueños de tierras denuncian que usurparon sus identidades para cobrar subvenciones
Ya está preparada la denuncia número 15 de vecinos de A Costa da Morte por usurpación de identidad en un supuesto fraude de subvenciones forestales. Sin su conocimiento, alguien los presentó como demandantes y receptores de ayudas de silvicultura de la Consellería de Medio Rural para reforestar parcelas de las que ni siquiera son los dueños. El entramado destapado por casualidad dura desde hace años. Está en manos del juez de Instrucción número uno de Corcubión. Tras escuchar la versión de los sucesivos denunciantes —la primera demanda se presentó un año atrás, la última, hace solo unos días— declaró como imputado el dueño de una empresa de Vimianzo, Manuel Maceiras Hermida. Figura como titular de cuentas bancarias junto a afectados que no sabían nada de ellas y en las que se abonaban las subvenciones, una vez concedidas.
Incluso personas muertas aparecen solicitando y cobrando ayudas forestales para tierras que no les pertenecían. Una vecina de Dumbría, M.S.T., llevaba ya más de tres meses fallecida cuando el 5 de abril de 2010 figura con todos sus datos acompañados por su supuesta firma constituyendo junto a otras nueve personas “una agrupación forestal para tramitar la petición de ayudas en bosques”. El expediente, en manos del juez, incluye una “declaración bajo juramento” de la anciana fallecida que se presentó como dueña de seis parcelas, que suman 0,6 hectáreas, y solicitó una subvención para rozar, podar y eliminar restos. Además de estar muerta, la presunta solicitante nunca fue propietaria de esas fincas.
Es una constante en todos los expedientes denunciados, todos de 2009 y 2010. Por casualidad se enteraron los afectados que, sin su conocimiento y para parcelas que ni son suyas pidieron y obtuvieron en cuentas bancarias que tampoco sabían que tenían abiertas ayudas públicas de forestación en tierra no agrícolas que convoca la Xunta para particulares. El importe supuestamente defraudado puede elevarse a cientos de miles de euros. Cada expediente de esas ayudas forestales, que hay que pedir en grupo para replantar un máximo de 25 hectáreas y se dan para cinco años, suma de 40.000 a 60.000 euros.
El expediente judicial revela que una mujer muerta pidió ayudas a la Xunta
Valga de ejemplo el extracto bancario de movimientos en la sucursal del Banco Pastor de Vimianzo que figura en una de las denuncias. Se trata de una cuenta con Maceiras como primer titular junto a otras 23 personas, la mayor parte ajenas a estos tejemanejes que sin embargo figuraban como integrantes de una agrupación forestal solicitante de ayudas forestales. La Consellería de Medio Rural, el 5 de diciembre de 2009, ingresó como pago de subvenciones, en 72 apuntes —la parte proporcional para cada solicitante—, un total de 293.598 euros. El dinero es retirado en efectivo —no consta por quién— casi de inmediato: 93.500 euros el día 9; 95.000 el día 10; otros tantos al día siguiente y finalmente 10.000 euros el 11 de ese mismo mes.
Maceiras es un conocido empresario de Vimianzo. Con su esposa, María Jesús Esmorís Ameijeiras, son socios desde 1997 de una empresa de servicios forestales que lleva los apellidos de ambos y desde 2002 de otra de hormigones y forjados. Maceiras también se dedica desde 2008 al negocio de venta de material de construcción y promotora de suelo que opera en continente africano: es secretario y consejero de Galimaroc Desarrollos, constituida y presidida por Ramón Antelo Veiga, concejal del PP en Carballo. Del supuesto fraude de ayudas de silvicultura, no quiere hablar, ni entrar en una guerra de declaraciones con los denunciantes. “Estamos a lo que diga el juez”, afirmó a este diario su mujer.
El caso es que Maceiras aparece en todos esos expedientes denunciados como falsos. Es siempre la empresa que presenta la oferta más barata para realizar los trabajos de reforestación subvencionados. Y cobra también mediante facturas y transferencias bancarias denunciadas como falsas por replantaciones o desbroces que a veces nunca se realizaron. O sí se hicieron, pero sin saberlo los auténticos dueños de las tierras.
Cada grupo de solicitantes da como dirección a la Administración, para la correspondencia sobre sus solicitudes de subvenciones, apartados de correos vinculados al domicilio personal en Vimianzo de Maceiras y Esmorís. Es también la única dirección que aparecen en las cuentas bancarias en la que Maceiras figura como cotitular con supuestos demandantes de subvenciones. Es un misterio aún por resolver cómo las sucursales de tres entidades de Vimianzo (Banco Pastor, La Caixa y Banesto) formalizan la apertura de cuentas a nombre de personas que denuncian que nunca pisaron esas oficinas, ni reconocen sus firmas en los contratos, ni sabían tener allí asunto o dinero alguno.
La Xunta espera el informe judicial
Además de acudir al juzgado, afectados por este supuesto fraude denunciaron en noviembre de 2011 el caso ante la Consellería de Medio Rural, que dirigía el ahora delegado del Gobierno, Samuel Juárez. Pero no movió ficha. El departamento con Rosa Quintana al frente también alega estar a la espera de la investigación judicial. Algunos denunciantes no aciertan a saber cómo puede aparecer “un garabato” supuestamente suyo en informes de inspección de campo. Realizado in situ por agentes forestales, que deben comprobar qué y cómo se realizaron los trabajos que pretenden beneficiarse de una subvención, es requisito indispensable para obtenerla.
El juez ya encargó pruebas caligráficas para determinar la veracidad de las firmas. Y si son falsos esos informes de inspección. Unos resultan dudosos, rellenados sin ningún tipo de detalle, frente a otros muchos más rigurosos. Algunos denunciantes aseguran que nunca se realizaron los trabajos que facturó Maceiras y luego fueron objeto de una ayuda pública. Un agente forestal figura, no se sabe si con o sin conocimiento, como cotitular, también junto a Maceiras, de una cuenta bancaria denunciada.
Expectante, Medio Rural asegura que de momento el juez sólo le pidió tres expedientes de subvenciones forestales. Uno no llegó a aprobarse, afirma la consellería. Otro fue abortado al ser denunciado como falso ante el juez. Y el tercero “sí se comprobó y está todo en orden”, aseguró un portavoz del departamento.
En Hacienda, tampoco de momento aparece rastro de esas ayudas públicas. Los afectados que se atrevieron a presentar denuncia —otros ni saben que lo son— temen que para la declaración del IRPF, se le reclame que tributen por una ayuda pública que ni siquiera sabían que habían pedido y cobrado. Las consecuencias fiscales pueden ser importantes. Medio Rural no comunica al Ministerio de Hacienda la relación de beneficiarios, sólo a la Xunta “a efectos contables”. En todo caso, el dinero público ingresado también se evaporó de las cuentas bancarias ahora bajo sospecha.
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