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El PP frena la comisión de Emarsa para proteger a Barberá y Cotino

La oposición acusa al presidente de la Generalitat de mentir al prometer transparencia

La fiscal cree que Crespo oculta dinero y teme que se fugue

Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, a la derecha, tras salir del juzgado.
Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, a la derecha, tras salir del juzgado.

Las comisiones de investigación las carga el diablo. Por eso el PP ha pisado el freno en la investigación parlamentaria del saqueo millonario de la depuradora de Pinedo. Este miércoles rechazó las solicitudes de comparecencia propuestas en bloque por la oposición y aprobó una lista de comparecientes ante la comisión del caso Emarsa en las Cortes Valencianas en la que no figura ninguno de los gestores de la empresa pública ni ninguno de los cargos que, desde el Ayuntamiento de Valencia o desde la Generalitat, tuvieron responsabilidad política sobre la sociedad.

El PP votó en contra de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente de las Cortes y exconsejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, el expresidente de Emarsa Enrique Crespo y su exgerente Esteban Cuesta entre otros, comparezcan en la comisión parlamentaria de investigación. La diputada popular Alicia de Miguel argumentó su rechazo en que la lista conjunta de comparecencias presentada por los tres grupos de la oposición, PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, solo pretendía desgastar al PP y a la Generalitat en un asunto protagonizado por “una banda de facinerosos y bandoleros” que ya es investigada por la Justicia.

Mientras, la fiscal del caso solicitó este miércoles la imposición de medidas cautelares contra Crespo ante las “sospechas fundadas” de que mantiene dinero oculto con el que podría fugarse.  El expresidente de la sociedad pública, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP compareció ante el juez en una vista que tenía por objeto decidir si se le aplican las medidas cautelares solicitadas inicialmente por la acusación popular que representa el PSPV-PSOE, retirada de pasaporte y presentación semanal en el juzgado o ante la policía, debido al “riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia”. A la petición se unieron la fiscalía, el abogado del Estado y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía Emarsa y que Crespo presidió.

La fiscal destacó que, tras haber dimitido de sus cargos, el exalcalde carece de arraigo laboral y se enfrenta a duras penas de cárcel por el supuesto delito de malversación de caudales “continuado y agravado por la cuantía”, falsedad documental y cuatro delitos contra la Hacienda pública.

El ministerio público recuerda que un imputado ya ha se ha fugado

La representante del ministerio público subrayó que los indicios apuntan a que Crespo podría tener dinero oculto procedente del segundo premio de la Lotería de Navidad, ya que el exvicepresidente de la Diputación dio versiones distintas al juez y a los medios de comunicación sobre cuántos décimos premiados tenía. La fiscal recordó que un juzgado de Andorra le investiga por un posible delito de blanqueo de capitales, habiendo señalado que cuenta con varias cuentas bancarias en aquel país y relaciones con empresas en el exterior. “Pudiendo tener intereses económicos en el extranjero, el riesgo de fuga se ve incrementado”, agregó la fiscal.

En las Cortes, la oposición puso el grito en el cielo ante la actitud del PP y acusó al Grupo Parlamentario Popular de ceder a los intereses de Rita Barberá y desautorizar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que anunció transparencia y se comprometió a investigar lo ocurrido. La propuesta popular de comparecencias aprobada no se ciñe, según la oposición, a los verdaderos responsables del “saqueo” de al menos 25 millones de euros de la empresa pública.

La diputada De Miguel, que acusó al “tripartito que se han montado” los grupos de la oposición de querer organizar un circo para desgastar al PP, tuvo cuidado de dejar abierta una puerta a lo que pueda ocurrir con un caso que no deja de deparar sorpresas y de aportar, en su investigación judicial, elementos escandalosos. Por eso dijo que el PP no tendrá inconveniente en ampliar las comparecencias si así se deriva de lo aportado por las siete personas llamadas por los populares.

De Miguel acusa a la oposición de querer montar un circo para desgastar al PP

Entre los citados figuran el exvicepresidente de Emarsa a propuesta del PSPV-PSOE Ramón Marí, que fue quien empezó a pedir explicaciones en 2009 de lo que ocurría y acabó denunciándolo ante el Tribunal de Cuentas (pese a que Mònica Oltra lo minusvaloró al asegurar que “no se había enterado”; el exconsejero por el PP en esa empresa pública Manuel Corredera y Joan Antoni Pérez (de la coalición que entonces tenían Esquerra Unida y Compromís, como puntualizó Marga Sanz a Mònica Oltra), y el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla.

La socialista Carmen Martínez calificó de “insulto a la inteligencia” la actitud del PP de llamar a declarar a representantes de la oposición por lo ocurrido en Emarsa y no a sus gestores directos o a los responsables políticos de una sociedad en la que el PP tenía las dos terceras partes de los votos y el Ayuntamiento de Valencia, que preside Barberá, casi la mitad. “No reclaman a nadie de la dirección de la depuradora”, resaltó Martínez, que exhibió fotos de Barberá y de Cotino como responsables políticos de un escándalo que ya afecta de lleno a la Generalitat a través de la Epsar. Martínez afirmó que el circo no lo ha montado la oposición sino el escándalo de “regalos, viajes, prostitución, billetes en cajas de cartón y operaciones de estética”.

Oltra, de Compromís, acusó al PP de dejar su credibilidad “a la altura de los lodos de Emarsa”. La diputada anunció que propondrá a su grupo dejar de acudir a la comisión, por la “burla” que supone, aunque después matizó que Compromís dejará la comisión si el PP no rectifica, devolviendo la pelota al tejado de los populares. La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, pronosticó que la comisión se cerrará “en falso” y calificó de “vergonzosa” la lista de comparecencias aprobada. La socialista Carmen Martínez exhibió durante la comisión fotos de Barberá y Crespo.

 

 

Crespo: “No podría vivir fuera de Valencia”

I. ZAFRA

A la misma hora en que el PP le evitaba comparecer en la comisión sobre Emarsa en las Cortes, el principal imputado en la causa, Enrique Crespo, salía de la vista donde el juez escuchó los argumentos a favor y en contra de que se le impongan medidas cautelares para prevenir su huida. Frente a la tesis de las acusaciones, Crespo negó que exista riesgo de fuga. “Mi familia está arraigada en la Comunidad Valenciana”; “no podría vivir fuera de aquí”, declaró. El político afirmó sentirse “perseguido” por la acusación popular de los socialistas, a quienes no ha bastado, afirmó, que dimitiera de sus cargos.

Las acusaciones habían subrayado que, tras dejar la alcaldía de Manises y la Diputación, Crespo carece de arraigo laboral. Su abogado anunció, sin embargo, que a pesar de la alta tasa de paro y de los delitos que se le imputan —malversación de caudales públicos continuada, falsedad documental y cuatro delitos fiscales— Crespo está a punto de ser contratado por una empresa gracias, dijo, a su “formación académica”. El letrado negó que Crespo tenga cuentas en Andorra y destacó que tiene tres hijos menores de edad, una circunstancia que fue señalada por el propio juez instructor, Vicente Ríos, a las partes.

La fiscal advirtió de que nada de eso garantiza por sí mismo que no tratará de huir. Y recordó que uno de los 29 imputados ya se fugó cuando empezó a investigarse el caso. El prófugo es Jorge Ignacio Roca, el empresario de lodos que, según dos imputados, entregaba cada mes al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, 180.000 euros en cajas de cartón o en tarjetas de crédito para que se los repartiera con Crespo y los directivos de la empresa de la Generalitat Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

El juez solicitó a Hacienda que averigüe los bienes que pueden tener tanto Crespo como Cuesta, ya que los que ambos han comunicado al juzgado son insuficientes para cubrir la fianza solidaria de 25 millones de euros que les impuso. Crespo ha comunicado al juzgado que posee una vivienda en Manises y otra en Valencia, dos vehículos y bonos de la Generalitat por valor de 48.000 euros.