El fiscal pide retirar el pasaporte al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta

El juzgado que investiga supuestos delitos de estafa continuada y malversación de caudales públicos cometidos en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia ha citado al exgerente Esteban Cuesta y tres imputados más para notificarles la retirada de sus pasaportes, entre otras medidas cautelares.

Según una providencia dictada hoy por el titular del Juzgado de Instrución número 15 de Valencia, y hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la citación a los cuatro imputados es para el mediodía de este miércoles.

Los imputados a los que se refiere la providencia son Esteban Cuesta, gerente de Emarsa entre 2004 y 2010; Enrique Arnal, director financiero de la sociedad entre 1996 y 2010; Sebastián García, administrador de Microprocesadores Valencia SL y Sofitec -ambas empresas habrían facturado más de 4,5 millones de euros cuando en Emarsa tan sólo había 30 equipos informáticos-, y José Luis Sena, cuya empresa también facturó a Emarsa.

El juez señala en este auto que ha tomado esta decisión de citarles tras el escrito del Ministerio Fiscal, e informa de que el miércoles se instará la adopción de la medida cautelar de libertad provisional con obligación de comparecer una vez a la semana, así como la retirada de sus pasaportes. La no comparecencia de alguno de ellos podrá conllevar la orden de detención.

El pasado 26 de octubre, este Juzgado acordó la imputación en la causa del alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (PP), como expresidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), a la que pertenecía Emarsa.

El magistrado Vicente Ríos, dedicado en exclusiva a esta instrucción, dispuso también que se procediera a "cuantas consultas sean precisas" para averiguar el patrimonio de Crespo y, una vez se conozcan las cuenta de las que es titular, se recabara extracto integral de las mismas de enero de 2004 hasta la actualidad.

La resolución, que no es firme, se produjo después de que el pasado 7 de octubre Cuesta iniciara las comparecencias de los hasta entonces nueve imputados en la causa, tres dirigentes y seis empresarios.

Según el PSPV, que se presenta como acusación popular, esta empresa pública contrató de 2004 a 2010 "suministros no prestados y servicios inexistentes" con diferentes sociedades, que facturaban "millones de euros no justificados en contratos irregulares", unas operaciones que podrían "superar los 40 millones de euros".

Según el magistrado, de la instrucción se desprende la existencia de "numerosísimos indicios" de que un "número ciertamente considerable" de personas, integrantes de Emarsa y ajenas a ella, se "concertaron para obtener un beneficio ilícito a costa de los fondos de la sociedad".