Las dos varas de medir en Bizkaia

En Bizkaia, encontrar dinero de manera, aparentemente irregular, bien en el fondo de un armario bien en forma de ayudas de tus amigos, puede tener un tratamiento oficial y tributario radicalmente diferente, al margen de si existe o no irregularidad punible o delito. Los casos Ibarra y Gil son los referentes.

En territorio vizcaíno se han sucedido dos procesos consecutivos a la hora de justificar la procedencia de unas cantidades de dinero difíciles de explicar ante la Hacienda y la Justicia, respectivamente, y, sin embargo, las vías de resolución aplicadas desde el ámbito de la Diputación de Bizkaia han sido diametralmente diferentes en función de cada uno de los encausados.

El que fuera director de Inspección Hacienda de la Diputación de Bizkaia de febrero de 1989 a 2004, Juan Ramón Ibarra, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusó de trato de favor a varios contribuyentes, y de atesorar unas cantidades económicas irregulares, contó de salida con el apoyo del PNV y de todo el equipo directivo de la institución durante todo el proceso judicial que se siguió contra él.

A Melchor Gil, vicepresidente del PSE de Bizkaia que atesoraba cantidades similares, aparentemente también, de forma irregular, la Diputación de Bizkaia le ha mandado por dos veces a la fiscalía y tras el rechazo inicial de esa instancia a investigarlo —al no considerar que había delito fiscal— el dossier con toda la información de sus movimientos y patrimonio, además de la investigación foral interna, ha sido distribuido a la mayoría de los medios de comunicación para obtener así la notoriedad que no acaba de conseguir ante la falta de imputación.

Ibarra argumentó durante el juicio que los cerca de 337.000 euros de su cartilla para los que no había justificación, procedían de una herencia que recibió de su padre y que este, probablemente, tenía en un armario, porque no había registros contables de esos fondos antes de aparecer en manos del inspector de tributos. Todo el dinero apareció en billetes de 500 euros. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, se creyó la versión pese a que Anticorrupción le pedía ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación. Hacienda se situó deliberadamente del lado de Ibarra ocho años antes de la sentencia, que le absolvió, aunque el fallo dejó constancia de las irregularidades cometidas.

Gil, cuñado del lehendakari López, de momento ya ha regularizado su situación ante Hacienda con el argumento de que los 419.074 euros logrados en cinco años correspondían a préstamos de sus amigos. En junio de 2011, el contribuyente socialista firmó un acta por la cual se avino a pagar 103.551 euros en concepto de deuda tributaria y 28.182 en concepto de multa.

Pese a todo, ni Bilbao, ni su diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga se han creído la versión del dirigente socialista. Y eso que, al contrario que con Ibarra, la fiscalía decidió no investigarlo inicialmente. Solo tras la segunda petición de la Diputación de una investigación judicial, la fiscalía le ha tomado declaración, aunque todavía no hay resolución. En ambos casos la justicia tenía que dilucidar si una cantidad de dinero había sido obtenida de manera irregular o delictiva.

Sin embargo, en base a las primeras actuaciones conocidas por las filtraciones procedentes de Hacienda, los dos contribuyentes han recibido un trato diferente. Dos miembros de dos partidos políticos contrincantes, que han recibido desde Hacienda y Diputación una dispensa fiscal y de defensa de su honorabilidad radicalmente distintas.

En principio, la notoriedad fue más relevante en el proceso seguido contra Ibarra ya que hubo un proceso judicial después de ocho años de investigación que acabó con su absolución y el consiguiente recurso de la fiscal. En el de Gil, de momento, hasta la resolución de la Fiscalía el interés, más allá del debate político, se centrará en la procedencia de los documentos filtrados a algunos medios informativos. Cabe recordar que la clave de la causa contra Ibarra era que durante los años en los que era jefe de la Inspección puso en marcha un listado protegido de contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, a los que supuestamente otorgó un trato de favor para impedir o dificultar que se les hiciesen inspecciones tributarias.

Finalmente, Ibarra, a quien defendió Javier Beramendi, y otros tres funcionarios del mismo departamento fueron completamente absueltos de los cargos que se les imputaban y por los que se pedían penas de cárcel de ocho y cinco años, respectivamente. La sentencia deja constancia de que Ibarra, en el ejercicio de sus funciones, hacía cosas extrañas, “irregulares”, al introducir “datos falsos” en el ordenador de Hacienda. Sin embargo, la resolución reprocha de forma contundente a la Fiscalía que no haya sido posible demostrar que semejantes actuaciones conducían a la comisión de un delito.