La sombra de la corrupción amenaza a Convergència

Las sombras de corrupción vuelven a afectar a Convergència (CDC) apenas un año después de volver al Gobierno. Esta vez el problema ha estallado donde menos se lo esperaban los nacionalistas. Geográficamente, en su histórico feudo de Osona, donde han gobernado sin interrupción desde 1979. Y políticamente en la Asociación Catalana de Municipios (ACM), una entidad que presta servicios a los Ayuntamientos y que, pese a estar financiada con dinero público, nunca ha tenido controles externos. Los protagonistas de los presuntos casos de corrupción son dos históricos dirigentes del partido en Osona que han saltado a la política catalana: uno es el ya destituido coordinador de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas; el otro, el secretario general del Departamento de Cultura, Xavier Solà.

Matas acumuló casi un millón de euros procedentes de la entidad a través de una empresa de su propiedad. Solà, junto a su mujer, facturó a la ACM más de 232.000 en tan solo dos meses. El silencio que los nacionalistas mantienen sobre el caso cuestiona el compromiso que el pasado diciembre adquirió Artur Mas en favor de la transparencia en las instituciones con la firma de un compromiso expreso de lucha contra la corrupción en la Oficina Antifraude.

La historia comienza en 2004. CiU ha sido desalojada de la Generalitat y progresivamente pierde casi todo su poder local hasta quedar cerca de la indigencia política. Los nacionalistas deciden promocionar lo que era una suerte de club de Ayuntamientos convergentes: la Asociación Catalana de Municipios, fundada precisamente en Vic en 1981. Aunque la entidad apenas cuenta con dos millones de pesetas de presupuesto anual y tiene poca visibilidad entre la población, supone una magnífica plataforma política para sus responsables. Germà Gordó, por ejemplo, fiel colaborador de Artur Mas, fue secretario general de la entidad.

Tranquilos, me voy a callar”, dijo Matas, tras ser destituido, en una cena de homenaje

La ACM es una entidad privada, pero todo el dinero que gasta proviene de las aportaciones de los Ayuntamientos que la integran y de las subvenciones de la Generalitat. Matas controlaba todo en la ACM, desde los pagos hasta el cobro de subvenciones. Y tres años después de llegar a la ACM creó desde la sombra la sociedad Parés i Solé, de la que dos años después se convertiría en su único propietario. Con la complicidad de familiares y personas de CDC, Matas empezó a facturar a la ACM por conceptos inexistentes y por servicios que en realidad realizaban los proveedores de la entidad y que Parés i Solé presentaba como propios tras abultar supuestamente el importe final. Fue así como entre 2003 y 2011 —año que dejó su cargo en la ACM para convertirse en coordinador general de la Diputación de Barcelona— Parés i Solé acumuló un activo de 921.000 euros.

Solà, abogado de profesión, también ha facturado a la ACM. Lo hizo durante siete años como jefe de sus servicios jurídicos, pero las irregularidades de las que ha informado EL PAÍS no empezaron hasta convertirse en teniente de alcalde de Vic, donde se encargaba de Urbanismo y Cultura. Creó la empresa Procomu Habitatges SL junto a Matas y al abogado Salvador Cuadreny. La empresa firmó un contrato con la Fundación Privada de Vivienda Pública de la ACM —que Solà dirigía a cambio de 12.000 euros al año— para gestionar sus promociones inmobiliarias y, concretamente, unas obras de vivienda protegida en Vic. Así, Solà participaba —y cobraba— de las tres partes implicadas en el asunto, pues mientras él y Matas fueron accionistas de la empresa esta cobró 55.000 euros de la citada fundación. Solà también facturó a través de una empresa suya 193.000 euros mediante 65 facturas por un catálogo de masías que él mismo había impulsado desde la ACM en 2005.

Hace unos días, a raíz de las informaciones publicadas por este diario, Matas fue destituido de su cargo en la Diputación, la fiscalía ha empezado a investigar la relación de Parés i Solé con la ACM y Solà ha desaparecido de la escena pública. La tensión en el partido es alta. Mas ha eludido valorar el caso, mientras que Francesc Homs sigue defendiendo a Solà. Pero hay temor por la investigación que ha abierto la fiscalía. “Si el caso acaba en el juzgado puede haber consecuencias penales”, admiten fuentes de CiU. Matas ha sido apartado de la escena, pero el partido hasta le organizó un pequeño acto de desagravio con la presencia del secretario general adjunto del partido, Oriol Pujol. En esta cena, celebrada en el Club Tennis Vic, Matas tomó la palabra para lanzar dos mensajes: el primero, recordar a los asistentes —alcaldes y cargos locales del partido— lo mucho que les había ayudado desde su puesto en la ACM. Pero fuentes de los asistentes le atribuyen un segundo mensaje: “Tranquilos, me voy a callar”.