El juez apunta a una tercera constructora de Emarsa

La investigación judicial del fraude en Emarsa ha revelado que entre 2004 y 2010 la sociedad pública de depuración del agua de Valencia contrató simultáneamente a tres constructoras. No hay duda de que una parte de los trabajos que facturaron no se hicieron —por tratarse de obras o reparaciones en maquinaria y edificios que o bien no existían o no admitían los trabajos que se dijo que se efectuaron en ellos—. Y los datos recabados por el juez Vicente Ríos apuntan a que la falsedad fue más bien la tónica general.

Dos de las empresas están localizadas. Una de ellas (más bien un entramado empresarial) pertenecía a Sebastián García Martínez, que la semana pasada admitió ante el juez que facturaba lo que le decía el gerente, Esteban Cuesta, sin relación directa con trabajos realizados. La segunda, Llar Calzada, es propiedad del también imputado Daniel Calzada. El juez ha solicitado ahora a Hacienda que rastree a los beneficiarios de una transferencia y un pagaré, por importe total de 162.000 euros, que se emitieron a nombre de Construval, una entidad de la que en Emarsa no constaba ni el CIF.