De Andrés censura a Lamarca por su informe sobre víctimas de Franco

Al diputado general de Álava, Javier de Andrés, no le ha gustado uno de los últimos informes del Ararteko, el titulado Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: significado y políticas públicas en la CAV. Al menos, en parte. Entre sus recomendaciones, el informe recoge la petición de que las instituciones se abstengan de aplicar la ley de Amnistía de 1977 y les insta a realizar detenciones y extradiciones, así como a iniciar procesos judiciales contra los autores de los crímenes del franquismo.

El pleno de control de las Juntas Generales alavesas sirvió ayer a De Andrés para mostrar su desacuerdo con esta recomendación del Ararteko, que a su juicio es el resultado de una “lectura sesgada y parcial” de dicha ley. A preguntas del peneuvista Pedro Elosegui, el diputado general aseguró que el Ararteko se está “extralimitando” al vertir este tipo de recomendaciones a las instituciones vascas.

El diputado general reprocha al Defensor su lectura “sesgada” de la ley de 1977

De esta ley, insistió, "han sido directamente beneficiarios muchos presos, no de la propia dictadura franquista, sino también de quienes actuaron en contra de esta dictadura". Al margen de estas cuestiones, el informe recoge conclusiones con las que el diputado general sí está de acuerdo, como las referidas al reconocimiento de las víctimas.

De Andrés mostró más cautela cuando se le preguntó por las iniciativas que impulsará su equipo a consecuencia del informe. "El informe acaba de llegar, no hemos tenido tiempo de avanzar en el análisis”, se limitó a decir.

Estas declaraciones cierran un círculo de desencuentros que parten de tiempo atrás, de la fase de elaboración del texto. Mientras que el Defensor vasco afeó la escasa respuesta del ente foral para elaborar este informe, De Andrés respondía ayer que “el Ararteko no se remitió a Álava para hacer este informe”, ni por escrito ni en las conversaciones entre ambas instituciones.

En otro punto del orden del día, la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz Cerrillo, se limitó a señalar que su departamento está “valorando la posibilidad” de notificar procedimientos administrativos relacionados con la recalificación de terrenos a las Juntas Generales en un “simple oficio de información” y apuntó que la institución foral publicará en su web las operaciones urbanísticas.

Son las únicas palabras que consiguió la portavoz socialista, Cristina González, de la diputada cuando esta fue preguntada sobre qué medidas ha tomado para fomentar la transparencia en estos trámites, tal y como recomendaban las conclusiones de la comisión que investigó las irregularidades urbanísticas del caso Zambrana. Ruiz Cerrillo se centró en subrayar las medidas que implantó el año pasado para “controlar doblemente” esas tramitaciones y garantizar que “las decisiones no se toman sin soporte técnico”.