Facturas ‘hermanas’ en la Asociación Catalana de Municipios

Los conceptos que Solà utilizó para cobrar por el 'Catálogo de Masías' en 2009 son muy parecidos a los empleados un año antes por un primo de Matas

Las 65 facturas que Xavier Solà (arriba) emitió el 29 de diciembre del 2009 a la ACM son muy parecidas, tanto en conceptos como en importe, con las que Lluís Tresserres (abajo) giró un año y medio antes a la entidad municipalista en la que su primo se encargaba de los pagos.
Las 65 facturas que Xavier Solà (arriba) emitió el 29 de diciembre del 2009 a la ACM son muy parecidas, tanto en conceptos como en importe, con las que Lluís Tresserres (abajo) giró un año y medio antes a la entidad municipalista en la que su primo se encargaba de los pagos.

Las 65 facturas que Xavier Solà, secretario general de Cultura, facturó en 2009 a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por el Catálogo de Masías, —y que ascendían a 193.853 euros— son muy parecidas a las que un año antes facturó el diseñador Lluís Tresserres, primo de Josep Maria Matas, exsecretario general de la entidad municipalista.

Las facturas de Solà contienen coincidencias en la redacción, precio y conceptos con las que Tresserres —propietario del estudio de diseño Tresserres Imatges Corporatives— emitió en mayo de 2008 para la ACM.

El importe de las facturas es el mismo (2.982,36 euros las de Solà, por 2.982,94 las de Tresserres). En ambos casos aparecen conceptos etéreos con leves diferencias. Así, mientras que en las facturas del número dos de Cultura se especifican los “trabajos de redacción normativa, revisión general del catálogo y revisión estilística y de contenido” del programa, fichas y catálogos, las de Treserres se refieren a la “redacción estilística” y a la “revisión de la normativa”. Así, donde en una factura habla de redacción en la otra lo hace de revisión. Y viceversa.

En las facturas de Tresserres también se añaden los trabajos de diseño, maquetación y preparación de los originales de las fichas, el programario informático de entrada de las fichas y la impresión de los catálogos. Sin embargo, los responsables de las universidades de Lleida y Vic y de la Fundación Mas i Terra, que coordinaron los trabajos de los catálogos, han admitido a EL PAÍS que no trabajaban con ninguna empresa externa y que eran ellos los que los imprimían. Además, en la fecha de emisión de las facturas de Tresserres algunos catálogos no podían estar impresos al no estar terminados. Otra incongruencia es que Tresserres incluye la revisión de la normativa, trabajo que debería ser realizado por un abogado.

Tanto la empresa de Solà como la de Tresserres son de Vic (Osona) y no disponen de más trabajador que ellos mismos. La de Solà fue adquirida 15 días antes de emitir las 65 facturas y desde entonces no ha declarado más ingresos. En cambio, la sociedad de Treserres —a quien este diario no consiguió localizar en reiteradas ocasiones a lo largo del día de ayer— fue proveedora habitual de la ACM durante los años en que su primo estuvo al frente de la entidad municipalista. Este diseñador había sido socio de Obon&Treserres, empresa que, como la actual, facturaba a la ACM y a Parés i Solé, propiedad de Josep Maria Matas y que entre 2003 y 2011 acumuló casi un millón de euros por trabajos cobrados prácticamente en exclusiva a la entidad municipalista. Debido a estas irregularidades, Matas dimitió el pasado 24 de febrero como coordinador general de la Diputación de Barcelona.

Solà asegura  que no existe ilegalidad alguna y que “no hay facturas falsas de trabajos inexistentes”
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Ante la información que EL PAÍS publicó ayer sobre las facturas emitidas por Solà, la ACM ha optado por no pronunciarse. Solà, por su parte, aseguró en declaraciones a Efe que no existe ilegalidad alguna y que “no hay facturas falsas de trabajos inexistentes”. También recordó que su cargo siempre ha estado a disposición del consejero Ferran Mascarell. En declaraciones a este diario, Solà aseguró desconocer la existencia de las facturas de Tresserres.

El Ayuntamiento de Vic, por su parte, celebró ayer un pleno en el que se trataron las presuntas irregularidades sobre la promoción de viviendas de protección oficial en Vic de las que informó EL PAÍS. El alcalde Josep Maria Vila d’Abadal ha solicitado un informe al secretario del Consistorio sobre la compatibilidad de Solà como concejal de urbanismo de Vic, director de la fundación que promovía las obras y socio de la empresa gestora, que cobró 55.000 euros mientras él era accionista. Todos los grupos solicitaron una junta extraordinaria de la empresa municipal Impulsvic y que se haga público el convenio entre esta sociedad y la ACM para clarificar si se incurrió en algún delito y que, en tal caso, se traslade a la fiscalía. La actuación de Solà ha sido tachada por concejales de la oposición de mala praxis y éticamente incorrecta, informa Eva Clota.

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