El ajuste pendiente de la Generalitat supera los 3.100 millones

El Gobierno de Artur Mas espera como agua de mayo que Bruselas acceda finalmente a relajar los plazos para que España reduzca su déficit público, puesto que por ahora la rebaja del déficit catalán al 1,3% del producto interior bruto (PIB) se antoja una tarea titánica, casi imposible. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que sitúan el déficit de la Generalitat en el 3,72% del PIB, anticipan un recorte pendiente drástico, de al menos 3.000 millones de euros.

Con las últimas estimaciones disponibles del PIB, la Generalitat debería pasar de un déficit real en 2011 de 7.561 millones al objetivo fijado de 2.642 millones de euros, equivalente al 1,3% del PIB. Eso supone drenar 4.919 millones de euros. Los presupuestos de momento prevén medidas de ahorro por 1.779 millones de euros, por lo que el ajuste pendiente de la Generalitat asciende a 3.139,7 millones de euros.

Parte de ese ajuste pendiente podría proceder de unos ingresos por privatizaciones superiores a lo esperado, de 888,2 millones. De momento, las operaciones que hay sobre la mesa servirían para cumplir con esa cantidad. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, prepara la concesión de Aigües Ter-Llobregat, por la que obtendría 500 millones; la venta de 19 edificios por 360 millones, y la enajenación del antiguo ICF-Equipaments. Mas-Colell también espera obtener ahorros con medidas que puso en marcha en 2011 y elevó el fondo de contingencia hasta 250 millones. Aun así, la Generalitat sigue lejos del objetivo del 1,3%.

El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, no quiso hablar ayer, tras la reunión semanal del Ejecutivo, de nuevos recortes. Homs esquivó la cuestión fiando toda la desviación del déficit calculado por el Gobierno central a los 759 millones de euros correspondientes a la disposición adicional tercera. E incluso fue más allá: el portavoz aseguró que, de producirse este pago y el de los 1.450 millones pertenecientes al Fondo de Competitividad, la Generalitat hubiera clavado su objetivo de déficit: el 2,6%. Eludió Homs que la Generalitat rechazó incluir la cantidad en los presupuestos de 2011 y lo reservó para 2013.

Haremos todo lo posible para cumplir el objetivo de déficit que nos hemos marcado", señala Homs

También Homs omitió que los 759 millones de euros pendientes del Estatuto han encontrado destinatario: los Ayuntamientos. La Generalitat debe a las entidades municipales 753 millones y en una comparecencia parlamentaria la vicepresidenta, Joana Ortega, se comprometió a pagarlos con la cantidad que espera la Generalitat del Estado.

Se dedique a lo que se dedique esta cifra, el Gobierno catalán espera obtener buenas noticias el 30 de marzo, día en que se presentan los presupuestos de 2012. Aunque el portavoz del Ejecutivo catalán no pudo disimular que, para cumplir el objetivo de déficit, habrá que recortar. “Obviamente, si a mediados de año se reducen las previsiones de ingresos, nos veremos obligados a aceptarlo de la manera que sea”. Por encima de todo, está el mantra que se ha impuesto CiU desde que llegó al Gobierno catalán: lo importante es “hacer los deberes”, cueste lo que cueste. “Los objetivos de déficit que tenemos marcados son los que nos hemos comprometido a cumplir, y haremos todo lo posible para cumplirlos”, atajó.

Por ello el Gobierno catalán no acepta la desviación de déficit calculada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Homs defendió que el Ejecutivo de Artur Mas ha hecho lo que tocaba. Montoro justificó el incremento del déficit del Estado por los incumplimientos de las comunidades, pero Homs giró el argumento y cargó contra el Estado por los impagos. “Esto es como cuando en el colegio te tocaba hacer un trabajo de grupo y un compañero no cumplía y lo hacía mal. La nota final era un suspenso", ejemplificó. Por ello, como solución a los problemas del déficit, insistió por enésima vez en lograr el pacto fiscal. “Si tuviéramos la llave de la caja, esto no pasaría”, resumió.

Pese a que la Generalitat presume de cuánto se le debe, pocas veces alude a los pagos que la Administración catalana tiene pendientes. A los 753 millones que esperan los municipios se suman 708 millones que le reclaman las entidades sociales. Son impagos que corresponden a subvenciones, contratos y convenios firmados, algunos con fecha de vencimiento de hace un mes, pero otras facturas se arrastran desde hace dos años. La Generalitat no es la única Administración que debe dinero a estas entidades. La deuda de los Ayuntamientos con ellas es de 157 millones, lo que eleva la factura a 899 millones.

Para poder atender deudas con sus proveedores, la Generalitat pidió ayer un préstamo de 903 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los cuales 303 irán a nuevas operaciones de endeudamiento y 600 a los proveedores.