Ibermática se siente víctima de “una campaña insidiosa”

Las supuestas irregularidades descubiertas en una quincena de contratos para la informatización judicial firmados entre 2000 y 2009, destapadas el pasado día 7 por el Departamento de Justicia, encontraron ayer la primera réplica contundente por parte de la principal empresa implicada en el caso. El presidente de Ibermática, José Luis Larrea, recalcó que la firma “jamás” ha incurrido en ningún tipo de fraude. Al contrario, denunció que “en las últimas semanas” está siendo víctima de una “campaña de ataques insidiosos”. “Nunca había pensado, ni en el plano personal ni en el profesional, que como compañía íbamos a tener que responder a ataques de esta naturaleza por parte de algunos representantes de nuestro propio Gobierno”, lamentó.

Tras su participación en una jornada sobre dirección de empresas, celebrada en Bilbao, Larrea aprovechó para realizar el primer pronunciamiento público por parte de la empresa, que hasta la fecha solo había emitido un escueto comunicado en el que negaba los hechos denunciados. Ibermática aparece en todos los expedientes en los que el actual Ejecutivo ha detectado las irregularidades, que están cifradas en 23 millones de euros y obran ya en poder del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien investigará si hay motivos suficientes para derivar el caso a un juzgado.

“Nunca pensé que iba a recibir ataques así del Gobierno”, enfatiza Larrea

La comparecencia de Larrea llegó dos días después de que la propia consejera de Justicia, Idoia Mendia, diera cuenta en el Parlamento de las irregularidades detectadas. El presidente de Ibermática reveló que ha tenido conocimiento, aunque “de forma parcial”, de uno de los informes que obran en poder del fiscal y que, a juicio del empresario, está “lleno de vaguedades, imprecisiones y manifestaciones absolutamente sesgadas”. En este sentido, recalcó su convencimiento de que “se va a demostrar” la inocencia de su compañía. “Tenemos el tema en manos de la Justicia, en la que confío plenamente, y estoy deseoso de que se aclare todo de una vez”, incidió.

Larrea, no obstante, se limitó a su propia declaración y rehusó responder a las preguntas de los periodistas. Según argumentó, es momento de mantener la “prudencia y serenidad para no enredar aún más las cosas”. “Bastantes problemas hay en todos los sentidos para sacar los proyectos empresariales adelante, como para que encima nos creemos alguno más”, remarcó, visiblemente contrariado. El presidente de Ibermática lamentó el “daño” que acusaciones como la sufrida en su caso provocan sobre la reputación corporativa de las compañías, en especial ante un escenario de crisis que, en su opinión, debería animar a “remar todos juntos en la misma dirección, ver lo positivo de las cosas” y no fomentar sospechas que “realmente son bastante deplorables”.

El presidente de la firma ve “vagas e imprecisas” las acusaciones

Aunque su intervención fue breve, Larrea no quiso dejar lugar a la sospecha al afirmar que “todo se verá cuando se tenga que ver” y tendrá su explicación “perfectamente alineada”. “Lo único que hemos hecho ha sido trabajar para sacar adelante los proyectos de los clientes, ya fueran el Gobierno u otros; trabajar, crear riqueza y empleo para este país”, manifestó, antes de confirmar que así “se va a demostrar”. Como petición, remarcó la de que todo se resuelva de la forma más rápida posible para esclarecer cuanto antes lo ocurrido y determinar a sus responsables.

Ibermática, con más de 3.300 trabajadores, cerró el pasado año con una facturación cercana a los 250 millones de euros y una previsión de beneficios, antes de impuestos, de 7,5 millones, ligeramente superior a la de 2010, según concretó Larrea.

Fue la propia Mendia quien destapó un fraude en la Administración de Justicia, durante los Gobiernos de Ibarretxe, cuyo importe situó por encima de un tercio de todo lo invertido en la informatización judicial. Según se concretó a posteriori, la modernización de varios juzgados se pagó en dos ocasiones y la de palacios como Getxo y Gernika, incluso hasta en tres. El Gobierno remitió los expedientes en los que localizó las supuestas irregularidades a Calparsoro, quien pretendió delegar el caso en el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, por ser Vitoria la sede del Ejecutivo autónomo.

El máximo responsable territorial del Ministerio Público, sin embargo, solicitó apartarse del caso, tras las sospechas sobre su posible falta de imparcialidad planteadas por el exconsejero de Justicia Joseba Azkarraga. Calparsoro, que desde un primer momento abogó por investigar lo ocurrido tras analizar los informes en su poder, aceptó la petición y asumió de nuevo la responsabilidad. El pasado miércoles anunció que abrirá una investigación para determinar la calificación jurídica de lo ocurrido. La duración de las diligencias no podrá exceder de seis meses.