López forzará a través del PSE el debate de sus iniciativas fiscales en las Juntas

El lehendakari, Patxi López, dio ayer muestras claras de no cejar en la batalla que, poco a poco, ha conseguido imponer en la agenda y convertir en un eje y distintivo de su discurso político: la necesidad de que el Gobierno tenga poder para decidir sobre el modo de aumentar los ingresos, toda vez que es el que asume el 70% del gasto público del país y el que sufre en ese mismo porcentaje la caída de la recaudación por las tres Diputaciones.

Ayer hizo dos anuncios en la sesión de control durante sendos debates con los parlamentarios de Aralar, Mikel Basabe, y Ezker Anitza, Mikel Arana, en quienes, por otra parte, encontró puntos claros de apoyo y coincidencia. El contraste es la alianza que mantienen en el terreno fiscal y la defensa del poder foral que comparten “los grupos conservadores”, dijo, en alusión a PNV y PP. Su manifestación más inmediata fue tumbar el jueves, por segunda vez en cuatro meses, una iniciativa para un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal de las tres haciendas forales. El PP defendió que son más eficaces por separado.

Sería un cambio “de tal calado” que debería pasar por las urnas, advirtió

López dijo que llevará a las Juntas Generales, obviamente a través de cada grupo del PSE-EE, el debate de su propuesta, basada en tres pilares: plan conjunto de lucha contra el fraude, armonización de la política impositiva, ahora diferente en los tres territorios, y reforma fiscal que fije el modo de obtener los ingresos precisos para sostener las políticas públicas y de bienestar.

El lehendakari asumió que no tiene mayoría en el Parlamento, por la coincidencia de su socio con el PNV, pero negó haber ninguneado a la Cámara con la enumeración de las veces que ha llevado a ella el debate. “Ahora toca el tiempo de las Juntas Generales, para ver si somos capaces de avanzar”. Es una incógnita total si tras esa decisión late algún cambio de actitud en el PNV que se esté produciendo entre bambalinas, más allá de las ofertas públicas de su presidente, Iñigo Urkullu.

López dio muestras de no tener intención de aplicar el céntimo sanitario —lo ha utilizado como mero un ejercicio de pedagogía ciudadana, dedujo Arana— al señalar que ha sido “una fórmula simbólica de visualizar que el coste de un servicio está unido a la financiación y que solo hay dos vías en situación de penuria: “Reducir el servicio o ampliar la recaudación”.

Y, desde luego, descartó la receta sugerida por Urkullu: que el Gobierno utilice su capacidad para subir matrículas universitarias, tasas académicas, billetes de metro, tren o tranvía o precios de venta y alquiler de vivienda social. “Pues mire, no. Mientras los socialistas estemos en el Gobierno no aplicaremos esa política” que tachó de “modelo conservador”.

El otro anuncio que hizo el lehendakari fue, según interpretaron después fuentes próximas a él, una especie de última advertencia a las Diputaciones: si la colaboración no funciona, el PSE-EE irá a las siguientes elecciones con una propuesta de cambio en el reparto de competencias fiscales. No se trataría de arrebatárselas en su integridad, pero sí de que la capacidad normativa radicara en el Gobierno y el Parlamento. El cambio, no imposible en una alineación izquierda-derecha más propicia a alejarse de provincialismos, sería de tal calado que exigiría la reforma del Estatuto y también de la Ley del Concierto Económico. Por eso justificó López la necesidad de que pase “por las urnas”, al tiempo que recordó que ni él mismo llevó esa propuesta en su programa de 2009.