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Embargados en plena clase

El centro tiene una deuda con la Seguridad Social de más de 900.000 euros

Vacían el colegio con los alumnos dentro por orden judicial

Retirada de muebles esta mañana en el colegio Santa Illa.

El centro, con 160 estudiantes de tres a 17 años, recibió una notificación del embargo el miércoles por la tarde. Arrastra una deuda con la Seguridad Social de 992.263 euros, según el auto del Juzgado Contencioso Administrativo que aprobó el embargo el pasado 31 de diciembre. Lo que ni los profesores ni los alumnos esperaban es que se produjera un día de clase, en horario lectivo, con los chicos en las aulas, en el patio y por los pasillos. Durante todo el día, salieron operarios por la pequeña puerta de acceso metálica rodeada de yedra con estanterías de libros vacías, pupitres, sillas, pizarras, el potro, los marcos con dibujos... También torres de ordenador “con datos de los menores”, dice la dirección del centro. Y la centralita de teléfonos, que obligó a profesores y personal de dirección a avisar a los padres por móvil para una reunión de urgencia que se celebró por la tarde y en la que concluyeron que hoy, viernes, no irán a clase porque el embargo prosigue, pero que el lunes volverán “aunque sea con muebles alquilados”. Un portavoz de la consejería de Educación aseguró que podrán quedarse en el local hasta junio.

La consejera de Eduación, Lucía Figar, ha hablado con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bánez y esta última le ha garantizado que se permitirá a los niños completar el curso en el centro.

“Se han llevado hasta las tizas”, decía, indignado, por teléfono Juan Manuel Muñoz, uno de los padres del centro. “Esto es una animalada”, bramaba a las puertas del centro ya anocheciendo Lola Izquierdo, madre de una alumna de ocho años. A los más pequeños les dijeron que los Reyes Magos traerían muebles nuevos. Izquierdo grita que todo el mundo tiene deudas, que no se trata de la situación de una empresa, sino de “niños indefensos a los que les han interrumpido todas las clases”. Su marido, Miguel Castillo, prosigue de forma gráfica: “No me importa nada la deuda del centro ni sus problemas con la Seguridad Social, es como si un barco tiene deudas y tiran a los pasajeros por la borda”.

El director, Iñaki Santa, admite que arrastra impagos con la Seguridad Social desde principios de los años noventa. Asegura que cerró “un acuerdo verbal” de aplazamiento “para ir pagando durante estos años”. Pero en 2009, prosigue, le pidieron que pagar “15.000 euros mensuales de deuda” y que adelantara el “20% del total” que, según sus cálculos, ascendía entonces a unos 160.000 euros. “Con la crisis encima es imposible pagar así y con este embargo no van a cobrar nunca”, señala Santa.

El portavoz ministerial añade que, en el caso del colegio, “se ha actuado igual que cualquier otra empresa privada, en virtud del Decreto de Régimen General de la Recaudación de la Seguridad Social”.

La ley da amplios poderes a la Seguridad Social para embargar a quienes no le pagan y sitúa sus deudas por delante de casi todas las deudas de una empresa en problemas económicos a la hora de cobrar. Así se explica que su tasa de morosidad apenas llegue al 3% en plena crisis económica. Pero esa es precisamente la queja, que no se trata de una empresa cualquiera, y que de por medio está el derecho a la educación de los menores. “Hay muchas horas en el día y muchos días a la semana como para tener que hacerlo así”, dice por teléfono Javier Hernández, director general de ACADE, la patronal a la que pertenece el colegio. Hernández dice que no tenía datos sobre la situación de este centro, pero asegura que no recuerda ninguna actuación parecida. El centro, laico y bilingüe, es una empresa familiar que funciona desde 1959. Los padres pagan unos 400 euros al mes, según el director, más el precio del comedor, que sube la tarifa hasta 600.

Yolanda, que tiene un hijo en 2º de bachillerato y prefiere no dar su apellido, se enteró porque el chico le mandó un mensaje de WhatsApp contándole que estaban vaciando su clase. “Han entrado, les han levantado de la silla y les han echado”. Ella está preocupada también con los plazos. Su hijo se enfrenta a un examen de Cambridge en 15 días y en cuatro meses tiene la Selectividad. “Sabíamos que el centro tenía dificultades, pero esto es atentar contra los niños”.

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