El Gobierno mantiene en el aire las oposiciones para profesores

Las decenas de miles de aspirantes que se están preparando las oposiciones para profesores en Andalucía seguirán comiéndose las uñas. El futuro de la convocatoria de este año —la más incierta que se recuerda— tampoco se ha despejado este lunes.

Representantes del Gobierno central y de la Junta se han reunido en Madrid para abordar la convocatoria de las 2.389 plazas de profesores que pretende ofertar en junio el Ejecutivo autónomo. Pero de esta cita, que ha durado solo 20 minutos, no ha salido conclusión alguna. “Se va a seguir negociando”, indicó un portavoz del Ministerio de Hacienda. “Se mantiene la incertidumbre”, apuntó el consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien mostró su “decepción” por que el Ejecutivo no despejara ayer sus intenciones tras haber transcurrido más de 40 días desde la publicación de su oferta de empleo público docente. Las dos Administraciones no han fijado fecha para un próximo encuentro.

La amenaza de un recurso que paralizaría las pruebas sobrevuela las oposiciones, como ya ocurrió el curso pasado. La duda es si Andalucía ha sobrepasado las limitaciones impuestas por el Gobierno central a través del decreto de “medidas urgentes” de 30 de diciembre al calcular las plazas que ofertará.

Al margen de las interpretaciones legales, en esta convocatoria se han cruzado también los cálculos políticos. El PP andaluz pasa de puntillas por este asunto. En plena precampaña electoral, uno de los teóricamente perjudicados por ese posible recurso del ministerio sería el partido de Javier Arenas, que acaricia con los dedos la Presidencia de la Junta y que ha repetido varias veces que “para mejorar la educación andaluza hacen falta más profesores”.

Pero, en el otro lado, estarían las comunidades del PP y el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La mayoría de autonomías gobernadas por los populares han decidido no convocar oposiciones y han argumentado que las restricciones presupuestarias las harían inviables debido a las pocas plazas que pueden ofertar. El ministro Wert se ha alineado con esta tesis. Pero Andalucía, con su interpretación del decreto de recortes de 30 de diciembre —que pasa por presentar una parte importante de las plazas como consolidación de empleo interino—, deja en mal lugar ese discurso al convocar un número considerable de puestos.

El departamento de Cristóbal Montoro será el que resuelva el conflicto. La breve reunión de este lunes ha servido para que Andalucía explicase sus cálculos. La única discrepancia, según la Junta, ha surgido por la fecha de publicación de la convocatoria andaluza. 1.752 plazas se convocan como consolidación de empleo. Las 637 restantes corresponden a la aplicación de una tasa de reposición cercana al 30%, que era la que estaba vigente cuando la Junta aprobó el 27 de diciembre su oferta. El problema es que, tres días después, el Gobierno rebajó esa tasa al 10% a través del decreto de 30 de diciembre. Pero el acuerdo de la Junta de 27 de diciembre no se publicó en el boletín de la comunidad hasta el 9 de enero. La duda es si la oferta andaluza tendría que adaptarse al 10% de reposición por haberse publicado después del decreto gubernamental.