El Gobierno ve “escoramiento del PP a la derecha” en la reforma educativa

La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, aprecia “improvisación” y “escoramiento hacia los sectores más ideologizados de la derecha española” en la reforma educativa anunciada ayer en el Congreso por el ministro del ramo, José Ignacio Wert (ver Sociedad). Celaá, mediante un comunicado, sostiene que las propuestas del ministro respecto a la educación secundaria y a la Formación Profesional abren “en canal” toda la arquitectura del sistema educativo “haciéndonos retroceder en tiempo y en eficiencia”. Ante la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, implantada por el Gobierno Zapatero, Celaá la ha considerado una “cesión” ante “los grupos más ideologizados de la derecha española”.

A su vez, con la eliminación del cuarto curso de la ESO, al consejera entiende que “se pierde el tronco común cuya virtualidad consiste en aportar enseñanzas más prácticas a quienes van a cursar el bachillerato y contenido teóricos básicos a quienes se encaminan a los ciclos formativos de grado medio (FP)”, según Efe. En su opinión, los nuevos títulos de la Ley de Educación para los ciclos de Formación Profesional habrán de ser rediseñados casi en su totalidad.

Esta contundente reacción se produjo horas después de que el Gobierno reconociera que no tiene claro aún qué y cómo lo hará, pero no ha descartado convocar nuevas ofertas públicas de empleo, pese al frenazo dictado por el Ejecutivo central. La portavoz, Idoia Mendía, no aclaró ayer del todo la cuestión, y se limitó a apuntar que el Ejecutivo aspira a intentar negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy la posibilidad de hacerlo.

El Ejecutivo no descarta nuevas OPE pese a los límites de Rajoy

En todo caso, aseguró, mantendrá las OPE que ya están comprometidas, aunque aún no se haya formalizado su convocatoria, y, desde luego, las que sí se publicaran el año pasado, con la realización pendiente para este. Su acción no supondrá un aumento de la masa salarial de la administración general, precisó Mendía.

El Ejecutivo se escuda en el alto nivel de interinidad (32%) que encontró a su llegada en 2009, acumulada por los Gobiernos nacionalistas anteriores. Mendía argumentó que lo que se persigue no guarda relación con la tasa de reposición, reducida a cero por el Gobierno central, sino es convertir en plazas fijas las que ahora están ocupadas por personal interino. El interés del Gobierno vasco es “negociar” la cuestión con el de Rajoy, ya que considera que hay “mucho por discutir” sobre el particular.

El Gobierno aprobó ayer también el proyecto de ley que adaptará la agencia de evaluación de la calidad y acreditación del sistema universitario vasco, Unibasq, a los criterios de Bolonia, que impone su independencia respecto del Ejecutivo, y dota de 4,5 milones al Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.