Cataluña retrasa el pago de las cotizaciones sociales al Estado por la crisis de tesorería

El Gobierno catalán está haciendo acopio de todos los recursos a su alcance para pasar como pueda los últimos días de diciembre y denunciar, al mismo tiempo, los impagos del Gobierno central. Además de aplazar los pagos a proveedores y la retribución navideña de los empleados públicos, la Generalitat ha retrasado la liquidación de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y las cotizaciones de la Seguridad Social al Estado. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, lo definió como un "cierre de cajas transitorio", en referencia a las demandas de insumisión fiscal ante el Gobierno central que le exigen los grupos parlamentarios de ERC e ICV-EUiA hasta que reciba los 759 millones de euros correspondientes a la liquidación de la disposición adicional tercera de 2008 que la exvicepresidenta Elena Salgado les negó.

"Estamos retrasando el pago de impuestos todo lo que podemos", anunció el consejero en su réplica en el Parlament a una interpelación del diputado ecosocialista Joan Boada por las medidas salariales aplicadas a los funcionarios. Una portavoz del departamento que dirige Mas-Colell explicó que los aplazamientos de las retenciones del IRPF están acordados con el Ministerio de Hacienda, que ha aceptado que la Generalitat abone las cantidades correspondientes a noviembre el 20 de enero, en lugar de este mes.

Un "error" bajo sospecha

El Ejecutivo de Artur Mas tratará de hacer lo mismo con las cotizaciones sociales de sus empleados. Antes del 31 de diciembre debe transferir las cuotas de octubre, pero está negociando con Hacienda trasladar esos pagos a enero, según la Generalitat. A pesar de que el departamento de Mas-Colell considera viable alcanzar un acuerdo en breve, asegura que, en caso de no conseguirlo, decidirá no abonarlas y asumirá el riesgo de enfrentarse a la sanción y el pago de los intereses correspondientes. El Gobierno central tiene la última palabra de todos modos, puesto que puede retener esa deuda a través de los anticipos que le transfiere mensualmente.

Artur Mas, en un signo de una comunicación errática, se disculpó por otra medida impopular: la retención del IRPF de la paga extra que los funcionarios todavía no han cobrado. "Estas cosas no deberían pasar", dijo, sin comprometerse a dar marcha atrás. Mas habló de "error", aunque el consejero de Economía aseguró el día antes que la medida se tomó para "evitar complicaciones" a los funcionarios ahorrándoles una declaración complementaria en 2013 por las cantidades atrasadas que percibirán el año que viene.Una tercera versión, la que había dado inicialmente el Departamento de Gobernación, apuntaba a errores informáticos. El presidente Artur Mas no quiso decir ayer quién tenía razón. Solo dejó claro que no fue un "problema de comunicación", sino un error que tiene que solucionarse. Eso sí, la única garantía que dio es que los funcionarios acabarán cobrando lo que se les adeuda. El presidente dio por hecho que este tipo de situaciones minan la credibilidad de los Gobiernos. "La línea de la credibilidad se podría romper", dijo.

Todos los grupos excepto CiU y el PP acordaron ayer llevar el caso de la doble retención del IRPF en la paga ordinaria de esta semana al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por el cumplimiento del Estatuto catalán. Iniciativa per Catalunya entiende que el decreto por el que se retiene el IRPF a los funcionarios antes de pagarles la extra de Navidad "establece una especie de estado de excepción de los derechos laborales", porque suspende parcialmente los acuerdos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario. El portavoz socialista, Jaume Collboni, aseguró que la medida de la Generalitat equivale a "incautarse" de parte de la nómina de los trabajadores públicos.

Denuncias sindicales

Cientos de funcionarios, maestros y mossos presentaron ayer recursos ante la Administración catalana por el recorte de su nómina del mes de diciembre, según informó el sindicato CC OO, que animó a los empleados públicos a seguir este camino. "No pueden deducir de lo que no se ha cobrado", argumentó ayer el sindicato para rechazar la doble retención en la nómina del día 21. CC OO recordó que el decreto que regula el IRPF señala que, "con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes".

UGT también ha preparado propuestas de alegaciones para que los funcionarios presenten ante la Administración recursos tanto contra el impago del 20% de la paga extra de diciembre como contra el recargo del IRPF realizado en la nómina de diciembre. De hecho, los servicios jurídicos de los sindicatos presentes en la mesa de la función pública (CC OO, UGT y AIC) siguen estudiando la manera de recurrir el decreto de la Generalitat que recoge la demora en el pago del 20% de extra.