‘Justicia, verdad y convivencia’: Los límites de la ley ante los atentados de ETA

Casi doce años después del final del terrorismo, permanecen 166 presos etarras en la cárcel y siguen pendientes de resolver 379 casos sobre un total de 853 víctimas de ETA. Son las herencias vivas de la etapa terrorista, de 1968 a 2011, cuyo tratamiento afecta a la convivencia en Euskadi. El libro Justicia, verdad y convivencia. Víctimas y presos en el escenario posterrorista del País Vasco, coordinado por Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, y Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa, afronta estas herencias vivas: la contradictoria demanda de presos y víctimas, los límites de la justicia y su alternativa, el derecho a la verdad y la memoria.

La inmensa mayoría de los 379 asesinatos sin resolver ocurrieron antes de la disolución de ETA-pm, en 1982, o de la amnistía de 1977. Solo 21 se produjeron con el Código Penal vigente y son susceptibles de investigarse

El libro, con especialistas de primer nivel, destila una labor pedagógica: desmontar tópicos que cuestionan la eficacia de la justicia respecto a los presos etarras y a los derechos de las víctimas. El magistrado Ricardo de Prada ofrece una clave: la inmensa mayoría de los 379 asesinatos sin resolver ocurrieron antes de la disolución de ETA-pm, en 1982. Incluye los 12 etarras beneficiados por dicha disolución y los 66 por la amnistía de 1977. Solo 21 se produjeron con el Código Penal vigente, susceptibles de investigarse.

Prada abunda que en esa etapa, ETA asesinaba predominantemente policías. Además de mermarse su operatividad, su formación y dotación de medios eran deficientes. Consecuentemente, la investigación judicial, con escasa colaboración ciudadana e internacional, fue insuficiente. No obstante, Florencio Domínguez, del Memorial de Víctimas, recuerda cómo el informe de 2021 de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre casos sin resolver concluía que “España es el Estado que ha resuelto mayor número de atentados terroristas”.

Algunas asociaciones de víctimas pretenden que la justicia aborde estas causas pendientes sorteando su prescripción en el tiempo. Hay que subrayar el valor y rigor de Prada, Domínguez y la catedrática y exmagistrada Adela Asua, al rebajar las expectativas creadas por asociaciones, especialmente Dignidad y Justicia, sobre la incorporación de los atentados etarras cometidos entre 1990 y 2010 a la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y de Guerra de 1974, sobre la revisión de la Ley de Amnistía de 1977 por beneficiar a presos etarras y la posibilidad de encausamiento de líderes de ETA en diferentes atentados. Maite Pagazaurtundua pretende un “Nuremberg vasco” con ellos.

Domínguez describe, apoyándose en resoluciones del Tribunal Supremo, cómo el delito de lesa humanidad no puede aplicarse en España antes de la ley de 2004, lo que excluye casi todos los de ETA. También señala cómo la justicia francesa ha rechazado en 2020 la imputación de dicho delito contra dirigentes etarras detenidos en Francia. Tampoco puede revocarse la Ley de Amnistía. Ni es posible la querella por genocidio contra dirigentes etarras, planteada en 2015 por acusaciones privadas. La Audiencia Nacional señaló que “no es posible identificar el grupo formado por las víctimas como grupo nacional, pues sus integrantes comparten la nacionalidad con los autores lo que impide que se tome como elemento identificativo y distintivo”. Ve más viables las denuncias contra dirigentes etarras basadas en el concepto de autoría mediata o por dominio de la organización terrorista. Señala dos sentencias contra Javier García Gaztelu Txapote, pero precisa que fueron posibles, excepcionalmente, porque la investigación acreditó su intervención directa en la emisión de órdenes atentatorias.

Los autores citados, tras criticar las falsas expectativas en la acción de la justicia y su instrumentación política, apuestan alternativamente por el derecho de las víctimas a la verdad, que es reparador e imprescriptible, aunque apuntan la actitud reacia de los exetarras, incluso arrepentidos, a narrar su pasado terrorista. Joseba Ezeolaza defiende el testimonio de las víctimas como valor supletorio de la justicia por su papel reparador en los casos sin esclarecer, mientras Asua subraya la capacidad de la memoria y el esfuerzo institucional junto con el reconocimiento social para sacar a las víctimas del olvido. María del Carmen Alba, exresponsable de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, describe el esfuerzo institucional por rescatar la memoria de viejos archivos.

Shlomo Ben Ami subraya la singularidad del final del terrorismo vasco por la decisión unilateral de ETA, lo que le diferencia del caso irlandés o colombiano

Shlomo Ben Ami, desde una visión exterior, subraya la singularidad del final del terrorismo vasco por la decisión unilateral de ETA, lo que le diferencia del caso irlandés o colombiano que el político israelí conoce. La ausencia de un final dialogado ha acarreado que ETA tenga hoy 166 presos.

En marzo de 2023 finalizó el acercamiento de los etarras a cárceles vascas, facilitado por la disolución de ETA y la relación parlamentaria entre el Gobierno y EH-Bildu. El proceso ha contado con la oposición de la derecha y ha dividido a las asociaciones de víctimas. El texto de Quico Tomás y Valiente, vicepresidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, expone sus reservas a los acuerdos gubernamentales con EH-Bildu.

Las asociaciones de apoyo a los presos pretenden ahora el acortamiento de condenas, revisando la legislación especial, o su alivio con terceros grados. Tras el traspaso de las prisiones a Euskadi, las juntas de tratamiento penitenciario, avaladas por el Gobierno vasco, proponen el pase de presos a tercer grado con el contrapeso de la aceptación o rechazo por la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Al menos una docena de presos etarras ha regresado a prisión por la controversia entre ambas instituciones sobre el arrepentimiento y la petición de perdón. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y Jaime Tapia, viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco abordan esta controvertida y candente cuestión.

Justicia, verdad y convivencia

Editado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo
Catarata, 2023
192 páginas. 16,50 euros

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