El Parlamento Europeo recomienda calificar los asesinatos de ETA como crímenes contra la humanidad

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe no vinculante sobre 379 asesinatos atribuidos a ETA que todavía siguen sin resolverse y para los que se reclama una investigación permanente hasta que se pueda ofrecer a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos. El texto, aprobado por 27 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, aboga por “sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad”. Esa calificación excluiría a tales crímenes del período de prescripción (20 años) o de posibles amnistías a sus autores.

La presidenta de la comisión, la eurodiputada popular Dolors Montserrat, ha celebrado como “hecho histórico” el apoyo del Parlamento Europeo a las víctimas “de manera tan firme y contundente”, así como la “dureza contra los verdugos”. El informe ha contado con los votos a favor de los grupos popular, socialista, liberal, ultraconservador y euroescépticos; con la abstención de los verdes; y con el voto en contra de Izquierda. La eurodiputada liberal, Maite Pagazaurtundúa, ha señalado: “Este informe supone ya, una reparación simbólica, pero hace falta ir más allá”.

Los eurodiputados socialistas intentaron el eliminar del informe la propuesta de calificar como crímenes contra la humanidad los delitos cometidos antes de 2004, por entender que no se puede aplicar con retroactividad una figura que fue incorporada al Código Penal español en 2003. “Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad”, ha señalado la eurodiputada socialista Cristina Maestre, en declaraciones recogidas por EFE. La Audiencia Nacional en España también ha descartado aplicar retroactivamente el delito de lesa humanidad.

El documento, de 41 páginas, es fruto de una petición planteada en 2016 por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, que denunció ante la comisión parlamentaria el presunto incumplimiento por parte de España de su obligación de realizar una investigación eficaz en el caso de 379 crímenes de ETA, por lo que, según el peticionario, ni se ha procesado a sus autores ni se ha indemnizado a las familias de las víctimas.

En octubre de 2021, la Mesa del Parlamento Europeo autorizó a la comisión de peticiones una visita a España (que se produjo del 3 al 5 de noviembre de ese mismo año) para recabar información de primera mano de las autoridades españolas, de los peticionarios y de las víctimas del terrorismo. La delegación, presidida por la eurodiputada popular Agnès Evren visitó el centro memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria y mantuvo reuniones en Madrid, entre otras, con representantes de las fuerzas de seguridad, del Defensor del Pueblo, de asociaciones de víctimas y de expertos en terrorismo.

Los europarlamentarios fueron informados de que en los cinco años transcurridos desde la presentación de la petición solo se había resuelto uno de los 379 casos pendientes de esclarecer. “El peticionario considera que la impunidad sigue vigente y que no se ha investigado lo suficiente”. Un representante de la Guardia Civil recordó que la mayoría de los atentados por esclarecer se cometieron entre 1978 y 1987, un “período de alta actividad de ETA, con asesinatos y atentados diarios”. La misma fuente señaló que en esa etapa “los procedimientos de investigación no eran tan avanzados y modernos como en la actualidad”.

El informe final de la Comisión de Peticiones señala que “España es el Estado que ha resuelto el mayor número de atentados terroristas”, pero constata que, aun así, aproximadamente el 44% de los asesinatos de ETA siguen sin sentencia judicial. El informe parlamentario recomienda “crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto”. Y sugiere que se modifique la legislación española para supeditar los beneficios penitenciarios a la colaboración de los terroristas condenados en la investigación de atentados de los que puedan tener información.

La comisión parlamentaria también pide que “se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo”.