La juez que centraliza las denuncias de la dana pregunta a la Generalitat quién mandó enviar el mensaje de alerta

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), una de las poblaciones más afectadas por la dana, ha comunicado verbalmente a una delegación de fiscales de la provincia su disposición a asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias y/o querellas relativas a la gestión de las inundaciones y ha adoptado -lo hizo en diciembre- la práctica de algunas diligencias de investigación.

Entre ellas, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) información sobre presas y el estado de los cauces y a la Consejería de Emergencias e Interior de la Generalitat que comunique quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta que llegó a los móviles de la población sobre las 20.11 el 29 de octubre, día de la dana que dejó 224 muertos y tres desaparecidos y daños de miles de millones en la provincia de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Y también quiere conocer la información de la que se disponía “y desde qué momento”.

La magistrada se reunió este jueves con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia a los que comunicó “verbalmente” su disposición “de asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias y/o querellas relativas a la gestión de la dana que le puedan llegar desde diferentes juzgados de la provincia para acumularlas a sus diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades de su partido judicial”.

Fuentes del Alto Tribunal valenciano han precisado que el juzgado acordó la práctica de diligencias de investigación sobre la dana a principios del pasado mes de diciembre, tras la solicitud planteada por la representación legal de la familia de uno de los fallecidos.

Es por tanto con la investigación ya iniciada cuando se producen las consultas de ayer por parte de responsables de la Fiscalía a la magistrada sobre la posible acumulación a ese procedimiento ya en curso de las denuncias y querellas interpuestas ante otros juzgados de la provincia por los mismos hechos. A fecha de hoy, apuntan estas fuentes, el juzgado no ha recibido inhibición todavía de previas por parte de otros juzgados.

Además, dentro de las diligencias seguidas por el juzgado de Catarroja también se ha efectuado en las últimas semanas el ofrecimiento de acciones a distintos perjudicados.

El TSJ detalla que, en el marco del procedimiento, la magistrada ha acordado la práctica de algunas diligencias de investigación como remitir oficio al Miteco a fin de que aporte documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces. También ha reclamado información al Ministerio el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros extremos.

Por otra parte, ha oficiado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para que le informe de todas la actuaciones llevadas a cabo por ese órgano entre los días 29 y 30 de octubre y a la Conselleria de Interior y Emergencias, que dirigía Salamón Pradas, cesada posteriormente, para que comunique quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población la tarde del 29 de octubre, “la información de que se disponía y desde qué momento”, si esta procedía de otros órganos o administraciones y si se adoptaron otras medidas preventivas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, se incorporó sobre las 19.30.

Este juzgado de Catarroja trabajará en coordinación con el Ministerio Público. La Fiscalía Provincial ha constituido para indagar las denuncias de la catástrofe un equipo de cinco fiscales, que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, según ha informado el Ministerio público.

La Asociación de Damnificados Horta Sud (340 miembros) presentó esta semana una querella contra cinco altos cargos de la Generalitat de Carlos Mazón y uno del Gobierno por los delitos de homicidio imprudente (penado con un máximo de cuatro años de cárcel), lesiones (hasta tres años de prisión), daños y omisión de socorro. Las víctimas han pedido en su querella la citación en calidad de testigo de Mazón y no descartan que sea imputado en la causa.

Junto a esta denuncia, SOS Desaparecidos ultima otra querella que aglutinará a más de un centenar de víctimas, especialmente familiares de fallecidos, según explicó a este diario el presidente de esta última entidad, Joaquín Arnils.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ya acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por dos denuncias interpuestas por el pseudo sindicato Manos Limpias contra responsables de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias por su gestión frente a la dana.