Tomas de la Quadra-Salcedo

Lo inquietante en el proyecto de nuevo sistema es sustituir los tributos de los ciudadanos al Estado por la “aportación” de la Generalitat y la denominada, confusamente, bilateralidad

Es necesario corregir el sistema de reparto de fondos para las comunidades autónomas, pero que España pueda llegar a no tener impuestos en una parte de su territorio es algo que no pasa en ningún estado federal del mundo

Cuando la ley deja lagunas o espacios sin cubrir, los jueces tienen que esforzarse en contrastar sus convicciones personales intuitivas o emocionales para verificar que encajan con una interpretación integral del ordenamiento y del pluralismo de valores presentes

La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados por malversación en el ‘procés’ contradice de forma artificiosa la propia letra de la norma

El problema del Estado de derecho no es que algunos jueces se aparten deliberadamente de su mandato, sino que pueden hacerlo sin mala conciencia

Nuestros tribunales penales suelen incumplir el mandato legal de abstenerse de dictar sentencia cuando hay cuestiones civiles o administrativas determinantes de la culpabilidad o la inocencia

El Tribunal Supremo cambió abruptamente su doctrina tradicional sobre la malversación al permitir la condena de los políticos andaluces

No hay ninguna razón para que la Constitución hiciera al poder judicial inmune al control ante violaciones de derechos fundamentales

La elección directa del CGPJ por los jueces compromete la afirmación constitucional de la justicia como emanación del pueblo

Los principios de cada juez no pueden ser el único criterio de sus resoluciones ni sustituir la búsqueda objetiva de la dimensión ética más plausible que subyace en la Constitución y las leyes

Se le está dando a Junts el estatuto de único representante de una Cataluña eterna e intemporal, en asuntos que son de todos los catalanes de hoy

No es asumible que Puigdemont (quien no ha pasado ni un día en prisión) resulte, sin más, amnistiado, lo que lo redimiría ante los suyos y revestiría de proeza su conducta

El indulto no tiene sentido en el caso de Puigdemont, fugado y cabeza de un Consell que aún propugna la violación unilateral de la Constitución. Por eso pretende una amnistía políticamente imposible en su situación

Urkullu hace algunas propuestas nuevas que, más allá de su discutible oportunidad, podrían caber en un modelo descentralizado no confederal. Otras, en cambio, no caben en nuestro modelo constitucional

Si la Constitución exige consultas es porque se quiere que el Rey tenga todos los elementos para saber quién tiene más probabilidades ciertas de ser elegido presidente: podrá ser quien tiene más escaños o, por contra, el siguiente u otro

En la actualidad, en la gran mayoría de los países avanzados se ha transformado la pulsión retributiva de las leyes penitenciarias al subrayar la orientación de reinserción social y reeducadora de la pena

La resolución del Tribunal Constitucional es muy grave y puede poner en cuestión la credibilidad e independencia del mismo

El principal partido de la oposición secuestra las instituciones desde hace cuatro años

Lo que necesita nuestro país es reforzar la protección del orden constitucional frente a nuevas formas de romperlo que consisten en utilizar las instituciones y las leyes como ariete contra la Ley Fundamental y la democracia

La alteración por el PP del normal funcionamiento de uno de los poderes estatales a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional

La ley de 1977 no fue amnesia, desmemoria o preferencia por dejar impunes determinados delitos, sino que se hizo con plena conciencia de lo ocurrido, dando una oportunidad de empezar un tiempo nuevo

Hay que cumplir las leyes que uno mismo hizo. Una democracia peligra cuando partidos relevantes, al despreciar deliberadamente la Ley, se sitúan fuera de ella, como está sucediendo en torno al CGPJ

No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace

En su resolución sobre la aplicación del estado de alarma durante la pandemia el Tribunal Constitucional recupera la letra y el espíritu del modelo de estado de excepción de la Ley de Orden Público de 1959

Si se concede el indulto, urge recuperar en el Código Penal la figura del delito contra la forma de gobierno que sancione la conducta de autoridades que actúen ilegalmente contra el sistema constitucional

El objetivo compartido debe ser vencer definitivamente la pandemia cuanto antes para afrontar sus consecuencias posteriores y hacerlo con la mayor seguridad jurídica

Lo que eran exabruptos en el bar, sin apenas trascendencia social, ahora son excesos delictivos amplificados en el ciberespacio. Una democracia necesita debate, pero ¿aporta algo banalizar la violencia y la humillación?

La petición de 10 vocales del CGPJ caducado de que un pleno extraordinario del Congreso debata aspectos de la ley que afecta a los Consejos en su situación no es procedente y está en línea con una estrategia política

Las derivas que pueden debilitar la democracia empiezan mucho antes de sucesos como el vivido el 6 de enero en Washington. Hay que detectarlas para detenerlas a tiempo, también en Europa y en España

La demonización que han hecho algunos partidos de oposición de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio está en el origen del desconcierto en el que ahora nos encontramos

No se respetaría la Constitución si las restricciones de derechos que se pueden hacer con el estado de alarma se impusieran al amparo de cualquier ley infraconstitucional y al margen del control del Congreso

Puede haber monarquías republicanas y repúblicas absolutistas o dictatoriales. El radicalismo divisivo puede derivar hacia cambios constitucionales drásticos, innecesarios o perturbadores, sobre la forma de gobierno

Aplicar el estado de excepción a situaciones motivadas exclusivamente por acontecimientos naturales o tecnológicos supondría una modalidad de violación constitucional, es decir, un fraude de ley

Las medidas adoptadas en el estado de alarma delimitan o restringen nuestra libertad, pero no violan ningún derecho porque anteponen la ineludible obligación de no poner en riesgo la vida de los demás

En contra de lo que se ha sugerido sin razón, el real decreto del sábado nada tiene que ver con la aplicación del artículo 155. No suspende el régimen normal de competencias, aunque las asume de forma temporal

Resulta procedente recuperar ahora el delito de rebelión de la fórmula de consenso de 1981 y 1985 o, mejor aún, la fórmula de Jiménez de Asúa del Código de la República del delito contra la forma de Gobierno

El presidente-diputado solo cesa cuando la condena es firme, lo que no ocurre en el caso del ‘president’ de la Generalitat. Sería lamentable que una sentencia ejemplar resulte embarrada por una ejecución desacertada

Las dificultades derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras implican una cuadratura del círculo. Cumplirla con exactitud supone incumplir nuestra Constitución

El tribunal ha postergado la persecución de los fraudes concretos y se pronuncia sobre el sistema de concesión de ayudas como causa de los delitos; pero así se dificulta el avance en las piezas separadas