Un Acta de Mayo que se firma en julio

El 1 de marzo, Javier Milei invitó a la política argentina a sumarse a su proyecto ultra con la firma de un contrato social basado en sus principios libertarios: propiedad privada inviolable, equilibrio fiscal, libre comercio y desregulación económica. La firma inicial del Pacto de Mayo, prevista para el día 25 de ese mes, se retrasó un mes y medio por la demora del Congreso en aprobar la Ley Bases a la que el presidente argentino había atado el pacto. El decálogo original del Gobierno se mantiene sin cambio a excepción del punto de la reforma política, que ha sido reemplazado por una defensa de la educación “útil y moderna”.

¿Quiénes participan?

Milei presidirá un acto en la ciudad norteña de Tucumán en el que estará acompañado de su Gabinete, recién ampliado con la incorporación del economista Federico Sturzenneger como nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, de 18 gobernadores provinciales y de dos expresidentes: Mauricio Macri (2015-2019) y Adolfo Rodríguez Saá (2001). Este último gobernó tan sólo una semana, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001, en mitad del estallido social de la crisis económica del corralito. También estarán presentes legisladores del partido oficialista La Libertad Avanza, parte del Pro fundado por Macri y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Rodrigo de Loredo.

Una larga lista de ausencias

Los expresidentes peronistas Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández declinaron la invitación. A través de una carta pública, Fernández justificó su ausencia para evitar que, de lo contrario, se interpretase como un aval a “propuestas peligrosamente imprecisas que pueden concretar objetivos no deseados por la mayoría de nuestra ciudadania” Tampoco asistirán legisladores kirchneristas ni de varios partidos opositores ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni los dirigentes de la CGT, la mayor central obrera del país.

¿Por qué se firma a medianoche?

Las anteriores cadenas nacionales de Milei se han realizado alrededor de las nueve de la noche, en horario de máxima audiencia, pero esta vez esa franja está ocupada por el fútbol: Argentina se enfrenta a Canadá en las semifinales de la Copa América. El Acta de Mayo se firmará entonces a la medianoche del 8 de julio y después el presidente regresará a Buenos Aires, donde por la mañana asistirá al desfile militar.

¿Qué validez legal tiene el Acta de Mayo?

El Acta de Mayo no se trata de una ley de cumplimiento obligatorio, a diferencia de la legislación aprobada por el Congreso o de los decretos firmados por el presidente. Los firmantes del Acta se limitan a mostrar su respaldo a las políticas de Estado que Milei considera necesarias para “dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad”.

El decálogo que firmarán los gobernadores, punto por punto

1. La inviolabilidad de la propiedad privada. El punto uno está contemplado en la Constitución argentina, pero supone toda una declaración de intenciones que el Gobierno lo eleve por encima de los demás derechos e incluso que algunos de ellos, como el derecho a la salud, hayan quedado fuera del Acta.

2. Equilibrio fiscal innegociable. Milei ya dejó claro desde la campaña electoral que considera el déficit fiscal el origen de todos los males de Argentina y sólo asumir impuso un ajuste draconiano para cuadrar las cuentas públicas. El presidente quiere enviar un proyecto que tipifique como delito de lesa humanidad la financiación del déficit con emisión monetaria, una idea rechazada por los demás grupos políticos, y ha advertido que vetará cualquier propuesta que ponga el riesgo el equilibrio fiscal, como el aumento a las jubilaciones aprobado por la Cámara de Diputados y que depende ahora del Senado.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PIB. Supone un recorte de unos 18 puntos del PIB respecto al que heredó y afecta a toda la estructura estatal. Milei quiere privatizar las empresas estatales y aunque los legisladores sólo autorizaron la venta total o parcial de ocho, el Gobierno ya ha anticipado que volverá a la carga a finales de 2025 si salen fortalecidos en las elecciones legislativas de medio término. Cree también que los organismos públicos deben cerrar, que las obras de infraestructura deben correr por cuenta de privados en un sistema parecido al chileno y que sobran empleados públicos: cerca de 30.000 han perdido sus puestos de trabajo y se prevé que la cifra final de despidos llegue hasta los 70.000.

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Aunque Milei insiste mucho en la importancia de la educación, la había dejado fuera del decálogo inicial. La incluyó a pedido de la UCR y de organizaciones civiles, pero estampó su sello al destacar la necesidad de que sea “útil” y omitir que sea de gratuita y de calidad, factores clave para entender la formación de la sociedad argentina y su movilidad social. El punto excluye además la enseñanza universitaria, a la que no ha dejado de recortar fondos desde que asumió.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Milei demoniza los impuestos, pero los subió nada más llegar a la Presidencia de Argentina y logró que el Congreso aumente el gravamen a los sueldos más altos contemplado en la Ley Bases. La reforma tributaria que planea no tiene como objetivo redistribuir mejor la riqueza sino bajar impuestos, en especial a los empresarios —a los que Milei llama “héroes”— y a los más ricos, como muestra la reducción del impuesto de bienes personales aprobado en el paquete fiscal. Aún antes de llevar adelante esa reforma, las medidas del Gobierno ya han aumentado la desigualdad en Argentina hasta su valor más alto desde 2016.

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Este es uno de los puntos que cuentan con mayor consenso entre los gobernadores provinciales, aunque nadie sabe cómo lo aplicará. Todos los gobiernos centrales han usado los fondos públicos que tienen que transferir a las provincias como una herramienta de castigos y premios para obtener el respaldo que buscaban para sus políticas públicas.

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Este punto supone una nueva invitación para sumarse al Régimen de Incentivos para las Grandes Empresas (RIGI) que ofrece beneficios fiscales y aduaneros por 30 años a las compañías que hagan inversiones mayores a los 200 millones de dólares. El Gobierno confía en multiplicar las exportaciones mineras y energéticas en los últimos años, pasando por encima de la resistencia existente en algunas provincias a la minería a cielo abierto o a la explotación de hidrocarburos en aguas abiertas.

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El Gobierno ha logrado aprobar algunos cambios de la legislación laboral a través de la Ley Bases, como la extensión de los períodos de prueba, la posibilidad de contratar a cinco empleados como autónomos y nuevos límites a los juicios por despidos. Aspira a una flexibilización del mercado laboral argentino mucho mayor, que tendrá en contra a los combativos sindicatos argentinos, pero posiblemente contará con el beneplácito de los trabajadores más precarizados, que ven a los asalariados con contrato como unos privilegiados.

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La legislación argentina actual permite que las personas mayores de 65 años que no aportaron 30 años al sistema de la seguridad social puedan acceder a una jubilación mínima equivalente a poco más de 200 dólares, por debajo de la línea de la pobreza. Milei quiere eliminar esa posibilidad, de la que se benefician en gran parte mujeres que fueron amas de casa o tuvieron empleos sin contrato. En el primer borrador del Pacto de Mayo abría la puerta a la privatización de las jubilaciones, pero en la versión final lo borró, a la espera de un momento más propicio para volver a insistir.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. A excepción de la década neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), la mayoría de gobiernos peronistas han optado por políticas proteccionistas para cuidar a una industria nacional incapaz de competir en muchos sectores con la de otros países con menores costos laborales, sistemas de transporte más baratos, menos impuestos y legislación más flexible. Milei quiere volver a abrir la puerta a las importaciones, pero a la vez estimular las exportaciones en cuatro áreas clave: agroindustria, energía, minería y tecnología.

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