EL CGPJ consuma 30 nombramientos, pero mantiene bloqueadas las dos salas clave del Supremo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde a 30 nombramientos de los pactados este martes entre progresistas y conservadores. Aunque el orden del día incluía un total de 37 propuestas de nombramiento, finalmente se han caído algunos de la jurisdicción militar y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, además de las dos salas clave del Supremo, la Sala Segunda y la Tercera, cuyas presidencias ya habían dejado los vocales fuera del pacto cerrado horas antes del pleno por falta de acuerdo.

Los consejeros sí han elegido por unanimidad al nuevo presidente de la Sala Primera, Ignacio Sánchez Gargallo, considerado de perfil conservador, y a la progresista Concepción Ureste para ponerse al frente de la Sala Cuarta. También ha sido elegido por unanimidad para la presidencia de la Audiencia Nacional a Juan Manuel Fernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y vocal a propuesta del PP del anterior CGPJ. De los 30 altos cargos nombrados, 14 son mujeres, una cifra que incrementa la presencia femenina en la cúpula judicial.

El pleno ha elegido también a los presidentes de las cuatro salas de la Audiencia Nacional: Manuela Francisca Fernández Prado (Apelación); Alfonso Guevara (Penal); Ramón Gallo (Social) y Fernando Luis Ruiz Piñeiro (Contencioso-Administrativo). Los vocales han nombrado asimismo a los presidentes de cuatro Tribunales Superiores de Justicia: Cataluña (Mercedes Caso), Comunidad Valenciana (Manuel José Baeza), Castilla y León (Ana del Ser) y Castilla-La Mancha (Pilar Astray). En la actualidad solo una presidencia de TSJ, la de Extremadura, estaba ocupada por una mujer. Además, se ha elegido a los titulares de seis presidencias de Salas de TSJ y de seis Audiencias Provinciales.

El CGPJ también ha realizado siete nombramientos en la jurisdicción militar, entre ellos el de la general auditor María Begoña Aramendía Rodríguez de Austria como presidenta del Tribunal Militar Central, que será la primera mujer al frente de este órgano con jurisdicción en toda España.

Con la designación de estas plazas ya son 67 los nombramientos que ha realizado el nuevo CGPJ en la cúpula judicial, donde una reforma legal aprobada en 2021 para impedir la asignación de estos puestos hasta que el órgano de gobierno de los jueces no se renovara había generado más de un centenar de vacantes. Los vocales pretenden cubrir todas en las próximas semanas, pero ambos grupos admiten que no se vislumbra un acuerdo para la presidencia de las dos salas clave del Supremo: la Sala Penal —presidida hasta noviembre por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en última instancia los grandes casos de corrupción— y la Tercera —competente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno—.

La presidenta del órgano, Isabel Perelló, las había incluido en el orden del día del pleno de este miércoles, pero esos puntos han terminado retirándose. Los conservadores admiten que no tienen prisa por abordarlas porque ambas salas están presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Andrés Martínez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. Las candidatas progresistas son Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo), a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas rechazan que ambas presidencias queden aparcadas indefinidamente y pretenden forzar una negociación.

Sin acta sobre el cambio de sistema de elección de los vocales

Por otra parte, fuentes del órgano cuentan que los vocales se han enzarzado en una bronca durante el pleno a cuenta del documento que aprobaron el pasado 5 de enero para tratar de cumplir con el mandato de enviar al Congreso una propuesta sobre el sistema de elección del Consejo, como les encomendó la ley pactada entre el PSOE y el PP el verano pasado tras pactar la renovación del CGPJ. Los dos grupos no se pusieron de acuerdo sobre esa propuesta y, en su lugar, acordaron mandar un documento que recogiera los modelos opuestos que defiende cada bloque: el de los progresistas basado en la elección por parte del Parlamento, aunque con un proceso electoral previo entre jueces; y el de los conservadores, con elección directa por parte de la carrera judicial, sin intervención del Congreso y el Senado.

Fuentes del órgano señalan que ese documento no se ha enviado todavía al Gobierno ni a las Cortes porque los vocales conservadores se niegan a aceptar la versión definitiva de la propuesta de los progresistas. Estas fuentes señalan que este grupo entregó in extremis un texto la noche previa al pleno, en el que se explicitaba que no era una versión definitiva y se harían algunos cambios. Los progresistas entregaron unos días después la nueva versión en la que, según fuentes del órgano, se corrigieron erratas y se introdujo una referencia a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la vocal conservadora Isabel Revuelta, una de las integrantes del grupo de trabajo que estudió durante meses cómo dar respuesta al mandato que le habían hecho el PSOE y el PP, se niega a aceptar ese docuento.

El asunto ya fue objeto de debate en el pleno anterior y ha vuelto a serlo en el de este miércoles, según las fuentes consultadas, que señalan que revuelta se ha negado a que se apruebe el acta de la sesión del 5 de febrero en la que se aprobó el documento con las dos propuestas. Finalmente, se ha acordado transcribir íntegramente ese pleno y los conservadores han anunciado que también harán cambios en su propuesta para garantizar, han afirmado, “la igualdad de armas”.